Emilio Fernández (Unión Progresista de Fiscales): "Lo mejor que podría hacer Catalá por la Justicia es dimitir"

Hace 33 años, Emilio Fernández se pasaba encerrado entre diez y doce horas estudiando. Su objetivo: las oposiciones para ser fiscal. En su familia no había tradición por esa profesión. Había estudiado Derecho en la Universidad Complutense, pero no le atraía dedicarse a la abogacía. El hijo de una compañera de su madre estudiaba oposiciones y le abrió los ojos.

Hoy es el nuevo presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), cargo al que accedió el pasado mes de junio. Este fiscal, con plaza en Albacete, lleva en su mochila centenares de casos. Los que más le han afectado son los relacionados con la violencia de género y la pornografía infantil.

Su gran pasión es la lucha contra el cibercrimen. La vida da muchas vueltas. Hace unos años viajó a Rumanía y Portugal para estudiar la delincuencia con tarjetas de crédito con José Manuel Maza, quien hoy ostenta la Fiscalía General. Tuvieron una convivencia casi familiar aquellos días. Ahora pide su dimisión del puesto porque no está defendiendo a los fiscales, es un conformista, a su juicio, con las directrices del Gobierno.

Apunta más alto: también debe dimitir Rafael Catalá como ministro de Justicia. En cambio, ve con buenos ojos al nuevo fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que sustituyó al polémica Manuel Moix. Y nos deja la afirmación de que a día de hoy todavía no es igual para todos.

¿Está la Fiscalía General del Estado al servicio del Gobierno?

Realmente, más que al servicio del Gobierno, la Fiscalía General carece del suficiente peso institucional que le permita tomar una postura autónoma respecto del Ejecutivo y, en particular, del Ministerio de Justicia.

¿Debe dimitir el fiscal general del Estado, José Manuel Maza?

Entendemos que sí, y fue una de las conclusiones de nuestro congreso. No le negamos su carácter de eminente jurista, pero creemos no está haciendo bien su labor y no está defendiendo la postura de la Fiscalía ni de los fiscales. Mantiene una posición cómoda para él, por lo que entendemos que debe dimitir.

Han denunciado que se vive una situación de parálisis en la Fiscalía que no se recuerda desde hace años.

La posición institucional de la Fiscalía ha ido disminuyendo desde que la dejó Cándido Conde-Pumpido. Los tres últimos fiscales (Eduardo Torres Dulce, Consuelo Madrigal y Maza) se han caracterizado por una línea de conformismo, de no resistir suficientemente las indicaciones del Ministerio de Justicia.

En tres años hemos tenidos tres fiscales generales, ¿cómo interpretamos esto?

No es normal. Las causas y razones de la dimisión de Torres Dulce y la no renovación de Madrigal han sido anómalas. Aunque dimitió por razones personales Torres Dulce, había detrás una serie de decisiones del Ministerio de Justicia que no correspondían con sus peticiones. Madrigal hizo lo que pudo y fue engañada claramente. Se le dijo que iba a continuar en la nueva legislatura, pero al negarse al parecer a tomar las decisiones que le pedía el Gobierno sobre nombramientos, nos encontramos que no era renovada de la noche a la mañana y aparecía por ahí Maza. Algo tiene que cambiar en la designación del fiscal general, no puede salir de una chistera.

¿Está el Gobierno muy preocupado en meter mano, por lo que dice, en los nombramientos de jueces y fiscales?

Más en fiscales que en jueces, porque los nombramientos de los jueces los hace el Consejo General del Poder Judicial. La política de nombramientos de la Fiscalía General mantiene una sintonía clara con los deseos del Gobierno. Entendemos que debe primar la competencia, el mérito y la capacidad. Indudablemente, los nombramientos discrecionales requieren cierta confianza, pero hay puestos en los que la cualificación y la autonomía debe prevalecer, como en el caso de Anticorrupción.

El caso más polémico que ha vivido la Fiscalía ha sido el caso de Moix en Anticorrupción precisamente.

Nuestra asociación ya advirtió a Maza de que Moix podía no ser el candidato adecuado, entendíamos que había otros mejores. Además, aparecía en las escuchas y podía ser una situación incómoda. La persona que desempeña ese puesto debe ser intachable y exquisitamente elegida. Maza prefirió, quizá por indicaciones del Gobierno, a Moix. La Fiscalía Anticorrupción perdió gran parte del crédito logrado durante años, pasó a abrir los informativos. Y con la cuestión de la sociedad en Panamá, acabó en que la propia Asociación de Fiscales, que había sostenido a Moix, pidiera su dimisión.

Pero el señor Maza en la comparecencia sobre la dimisión de Moix no veía casi motivos para esto...

Es lo que él dice, de alguna manera tenía que justificar esa cuestión. Indudablemente, en un primer momento Moix fue defendido, pero luego le dejaron caer. Toma la decisión de marcharse porque nadie le sostiene.

¿Y cómo ve al nuevo fiscal en Anticorrupción, Alejandro Luzón?

Bien. Nuestro candidato era Pedro Crespo, pero éramos conscientes de que era imposible que fuera designado por el fiscal general a pesar de su mérito y capacidad. Pensamos que Luzón es un gran fiscal y, sin duda, tiene la formación, el carácter y un proyecto de actuación lo suficientemente bueno para poder desempeñar con toda solvencia esa plaza.

En todos estos movimientos, tenemos una pieza clave: el ministro de Justicia, Rafael Catalá. ¿Debe dimitir?

A parte de ser el primer ministro reprobado por el Pleno del Congreso, sus decisiones al frente de Justicia, no solo las erráticas en lo relativo al Ministerio Fiscal, le han hecho acreedor de que la UPF haya pedido su dimisión. Entendemos que no está siendo un buen ministro. Se ve en muchas cuestiones. Lo mejor que podría hacer Catalá para la Justicia es dejar el puesto.

¿El PP está intentando meter mato en la Justicia para controlar los innumerables casos de corrupción en los que está envuelto?

Creo que no. El intento de controlar así la Justicia no llevaría a ningún resultado. Los fiscales son personas absolutamente profesionales independientemente de las ideas que tengan. El resultado del procedimiento en líneas generales no depende del fiscal que lo lleva o del juez que lo juzga. Pero, indudablemente, hay personas que pueden ser más cómodas que otras. Esa es la razón por la que los gobiernos, en general, se resisten a que el Ministerio Fiscal sea autónomo.

El desafío independentistas copa toda la actualidad ahora en España. ¿Qué le parece que la vía que está tomando el Gobierno sea judicializar esta cuestión y que se dirima en los tribunales?

Nuestra opinión es clara, pensamos que tenemos un ordenamiento jurídico en ese punto completo y que todas las soluciones deben pasar por las vías legales. Cuando un problema se pretende hacer por las bravas o fuera del ordenamiento, todos debemos defender la ley.

¿Pero cree que el Gobierno está traspasando la presión a jueces y fiscales de un problema que se podría resolver políticamente?

Realmente no. Discrepo de que la solución sea política, tenemos un marco legal que es muy claro. Hay que respetar ese marco legal y si acaso no se está de acuerdo con él, hay que reformarlo primero. El Gobierno no puede saltarse tampoco las leyes. Defendemos la ley y apoyamos a nuestros compañeros en Cataluña respecto a las presiones que eventualmente puedan sufrir de cualquier tipo, que rechazamos.

¿Le ha comentado sus compañeros si han sufrido presiones, tanto por parte del Gobierno como de los independentistas?

En este punto concreto no. Pero, indudablemente, tanto un fiscal hoy como un maestro o un policía local puede tener una cierta inquietud respecto al proceso del referéndum. Entendemos que esas personas deben tener garantizada que su postura defendiendo la ley no les planteará ningún problema.

La semana que viene veremos una imagen impactante: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Audiencia Nacional declarando como testigo por un caso de corrupción.

Hay que situarlo dentro de la normalidad. El mensaje que tienen que tener los ciudadanos en este aspecto es que cuando nuestra norma constitucional dice que todos tenemos el deber de colaborar con la Justicia es todos. Hemos visto a una persona relevante de la familia real acusada, ahora vemos al presidente declarando. Debe darse la situación de normalidad. Ocurre también en los países de nuestro entorno. Lo que no habría sido normal es la situación contraria, que no se permitiera que fuera o que hubiera sido por videoconferencia.

Hablando de fiscales, uno de los más famosos durante estos últimos años ha sido Pedro Horrach, encargado del caso Nóos. Su actuación final respecto a la infanta Cristina fue criticada incluso por el juez José Castro. ¿Qué le pareció su papel y su actitud en el caso?

El fondo del asunto no lo conozco, tengo la perspectiva del ciudadano. La actuación de Horrach fue técnica y profesional. Poco se puede decir. No es cómodo tampoco que el juez de instrucción critique las actuaciones de una de las partes. Su función es instruir y llevar a cabo su actuación de una forma callada, técnica, y no debe bajar al terreno de la crítica.

¿Y qué le parece que Horrach haya dejado su puesto para pasar a la actividad privada de abogacía?

Es una opción, no es el único que lo haya hecho, por ejemplo Torres Dulce o ahora Daniel Campos.

¿Pero no puede dañar la imagen de los fiscales el hecho de que el fiscal que ha llevado el caso más mediático y especial al afectar a la casa real pase después al ámbito privado?

Indudablemente es una decisión personal, pero luego uno puede tener su opinión. Digamos que puede ser un poco chocante el momento elegido. Pero la ley lo permite y él sabrá los motivos que ha tenido.

En la calle se repite constantemente la expresión de que hay una justicia para ricos y otra para pobres. ¿Es verdad?

En términos generales, desde luego, sí. No es lo mismo, en abstracto, la postura del ciudadano sin recursos, que tiene que recurrir a la Justicia gratuita, sin perjuicio de que el abogado haga correctamente su función, pero los poderosos siempre han tenido y en todos los lugares posibilidades de salir mejor parados ante un procedimiento judicial. ¿Por qué? No todos los abogados son iguales... y están los núcleos de intereses y relaciones de poder. Esto hay que corregirlo, dando más medios a la Justicia. Hoy en día no se puede decir que la Justicia es igual para todos.

¿Pueden confiar los españoles, a julio de 2017, en su Justicia?

En líneas generales, sí. El hecho de que existan problemas no debe llevarnos a desconfiar de las personas que trabajan en la Administración de Justicia. La imagen que hay que dar al ciudadano es que la Justicia tiene problemas pero que está en los responsables políticos resolverlos.