Torra admite que no cumplió la orden de la Junta Electoral: "Sí, la desobedecí"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido este lunes que no cumplió la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral porque era “ilegal” y de “imposible” cumplimiento”: “Sí, la desobedecí”.

Así lo ha admitido Torra en su interrogatorio en el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que afronta una petición de inhabilitación de hasta dos años por desobediencia por desoír el mandato de la JEC de retirar de edificios públicos lazos amarillos y pancartas de apoyo a los políticos independentistas presos, durante la campaña de las generales del pasado 28-A. La Fiscalía ha mantenido su petición tras escuchar al presidente de la Generalitat. En su turno posterior, el fiscal superior de Cataluña ha acusado al presidente de haberse “venido arriba” y de usar un elemento, el lazo “que no es compartido por todos y no es neutral”.

A la pregunta de su abogado, Gonzalo Boye, sobre si cumplió “si o no” la orden de la JEC, Torra ha sido taxativo: “No, no la cumplí. Digámoslo de otra forma: Sí, la desobedecí. Pero era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, era una orden ilegal dictada por un órgano que no tenía la competencia”.

Torra ha defendido también que los lazos amarillos y la expresión “presos políticos” no es patrimonio de ningún partido, sino fruto del “consenso” de la sociedad catalana, “por mucho que incomode o alguien se levante de la sala” cuando la escucha.

En su turno final con el que se ha dado por finalizada la vista, el líder catalan ha atacado a los responsables del proceso judicial: “Este juicio solamente quiere alterar el panorama político catalán” y ha dejado un alegato final: “Me podéis condenar pero no cambiaréis en absoluto mi compromiso por Catalunya ni cambiaréis su voluntad”.

Motivos por los que colgó la pancarta

Tras negarse a responder a la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox, Torra ha dado esas explicaciones cuando Boye le ha preguntado por los motivos por los que decidió colgar una pancarta de apoyo a los políticos presos con un lazo amarillo del edificio del Palau de la Generalitat.

En opinión de Torra, el lema de la pancarta es legítimo “por más que incomode a alguien, por mucho que alguien se levante de la sala cuando hablamos de presos políticos”, teniendo en cuenta que los líderes del “procés” han sido encarcelados por llevar a término el encargo de los electores en los comicios de 2015.

De esa forma, el presidente catalán ha lanzado un dardo al presidente del TSJC y de la sala que lo juzga, Jesús María Barrientos, y al fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, que lo acusa en el juicio, quienes en febrero de 2018 abandonaron un acto en el Colegio de la Abogacía de Barcelona molestos por que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aludiera a la existencia de “presos políticos”.

Torra ha insistido en que los lazos y el clamor “contra la injusticia de tener políticos presos o exiliados” goza de un “gran consenso” en la sociedad catalana, no solo entre los partidos independentistas sino también, ha dicho, entre votantes de Cs o PSC, además del apoyo de fuerzas políticas de todo el mundo y organizaciones internacionales, y “no es patrimonio de nadie, sino de todo el mundo que quiere la libertad”.

A su entender, la expresión “presos políticos” obedece a que Cataluña está “viviendo un conflicto político”, puesto que han sido condenados unos líderes que se limitaron a cumplir con el mandato popular de 2015 que, a su parecer, “era clarísimo”.

Más claro, a su juicio, que lo que finalmente se hizo, ha puntualizado Torra, porque en su opinión lo que reclamaban los ciudadanos era avanzar hacia una declaración de independencia en Cataluña, pese a que mediada la legislatura pasada se optó por convocar un referéndum.

Rechazo de dos propuestas

El presidente catalán ha recordado que el Parlament había rechazado dos propuestas de resolución para instar al Govern a retirar los lazos y pancartas de los espacios públicos e institucionales, por lo que si lo hubiera hecho a instancias de la Junta Electoral “sería estar de alguna forma de acuerdo con los partidos que no quieren que se pongan”.

“La pregunta no es qué hacía la pancarta, sino por qué no estaba en otros edificios públicos”, como la Delegación del Gobierno, ha añadido Quim Torra, que ha puntualizado que para él era “importante” que se colgara un cartel de apoyo a los políticos presos que expresara el sentir “mayoritario” de la sociedad catalana en el Palau, como sede histórica de los gobiernos catalanes.

Torra, que se ha explayado en explicaciones sobre el origen de los símbolos amarillos en la Guerra de Sucesión, ha proclamado que los lazos “deberían ser patrimonio común. No son partidistas ni es propaganda”, ha protestado.

También ha defendido el president la exhibición de “esteladas” en edificios de la Genearlitat, como símbolo que, a su juicio, representa un “anhelo de libertad” del pueblo catalán, de acuerdo con lo que aprobó en Parlament en una resolución de febrero de 2014 que sigue siendo “plenamente legal y vigente”.

En su declaración, el presidente de la Generalitat ha invocado las “reacciones internacionales” contra la condena a los líderes del “procés”, entre ellas la del grupo de trabajo de Naciones Unidas que criticó la prisión preventiva acordada por el Supremo o el “contundente” informe de Amnistía Internacional contra las condenas.

El fiscal acusa a Torra de “venirse arriba”

En su intervención, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha recordado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que el símbolo de los lazos amarillos “no es compartido por la totalidad de los catalanes”, por lo que “no es neutral” y debe ser suprimido en período electoral. En sus informes finales, el fiscal ha apuntado además el “desprecio” del presidente catalán hacia la JEC, que fue “intensificando” con el paso de los días, con una falta de “respeto institucional” que, “coloquialmente”, hizo que se “viniera arriba”.

Bañeres ha constatado el “comportamiento” del presidente catalán con su “nula disposición a acatar” la orden de la JEC, expresando de esta manera su “falta de consideración” hacia este órgano. El fiscal ha recordado que el 21 de marzo Torra sustituyó la pancarta con el lazo amarillo por otra con uno de color blanco, en una “ostentación de su intención de desobedecer” a la JEC.

En este sentido, ha subrayado que el presidente catalán, para incumplir la orden de la JEC, hizo de “paladín” de la libertad de expresión con “gesticulaciones” y “aspavientos” en sus declaraciones públicas o en las notas de prensa de la Generalitat, con un “comportamiento renuente” en el que se presentaba como ”único defensor” de este derecho.

Ha argumentado que, como “autoridad superior”, las decisiones de la JEC son “perentorias” y de obligado cumplimiento, no solo para Torra, también para el presidente del Gobierno y para todos los poderes públicos en general.

Además, ha recordado que en Cataluña la JEC es el único órgano “competente”, puesto que es la única comunidad que no tiene una ley electoral propia, de manera que las elecciones en esta comunidad tienen como base la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Vox, acusación popular: “Torra mantuvo su habitual pulso al Estado de derecho”

Desde la acusación popular, ejercida por VOX, el abogado Juan Cremades ha advertido de que incumplir resoluciones judiciales o administrativas no queda “amparado” en el derecho a la libertad de expresión, y ha concluido que Torra no solo incumplió la resolución de la JEC, sino que se “regodeó” ante la opinión pública de su incumplimiento. Cremades ha denunciado que, para intentar dilatar el cumplimiento de los acuerdos de la JEC, Torra pidió unos informes al Síndic de Greuges -a quien en una ocasión se ha referido como “Síndico de Agravios”-, que se mostró partidario de que se retiraran los símbolos.

Según VOX, Torra actuó con conocimiento del deber de acatamiento al dictamen de la JEC, siendo consciente de las consecuencias penales y administrativas que podían comportarle sus actos y vulnerando de forma “manifiesta y a conciencia” la obligación de los poderes públicos de mantener la “neutralidad política” durante los periodos electorales, ya que optó por mantener “su habitual pulso al Estado de derecho. Que un gobernante incumpla la ley le quita toda la autoridad de su cargo. No solo gobierna para una parte de los catalanes, sino para toda la ciudadanía”, ha remarcado.

Petición de nulidad

Por su parte, la defensa de Torra ha pedido la nulidad de la causa por desobediencia, al cuestionar la imparcialidad de la instrucción y del tribunal, y que en caso de que el juicio siga adelante, se suspenda para que testifiquen miembros de la JEC.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, consellers del Govern, el presidente del Parlament, Roger Torrent, líderes de entidades soberanistas y varios alcaldes ha acompañado a Torra hasta las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El grupo de dirigentes y representantes políticos ha realizado un breve recorrido desde el Arco del Triunfo de Barcelona hasta las puertas del tribunal, donde Torra ha saludado a varios cientos de manifestantes antes de entrar en el TSJC.

Por parte de JxCat, han asistido también los consellers de la formación, el presidente de su grupo parlamentario, Albert Batet, y la líder de la formación en el Congreso, Laura Borràs, y también ha acompañado a Torra el expresidente de la Generalitat Artur Mas.

El diputado de la CUP Carles Riera también se ha sumado a la concentración junto a los exdiputados de su formación Eulàlia Reguant y Joan Garriga.

Por parte de las entidades soberanistas, han acudido a apoyar a Torra el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y el vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Pep Cruanyes.

Se trata de una recepción muy similar a la que recibió Torra cuando acudió a declarar durante la fase de instrucción de su caso por desobediencia.

Los congregados han coreado gritos como “presidente, presidente”, “Quim Torra, nuestro presidente”, “libertad” y han cantado Els Segadors.

Torra, el tercer presidente catalán consecutivo perseguido por la justicia por su papel en el proceso independentista, se juega en el juicio su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público, una pena que podría apartarle de la Generalitat una vez que la sentencia sea firme.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condene al presidente catalán por desobediencia Torra no sería apartado del Govern hasta que el Tribunal Supremo no la ratificara.

El promedio del alto tribunal para resolver recursos no suele ser inferior a los nueves meses, lo que dilataría hasta al menos el año próximo una eventual inhabilitación del presidente catalán. En caso de que se hubieran convocado elecciones antes de que la condena fuera firme, nada le impediría presentarse como candidato.

Con ocasión de su declaración como investigado, el pasado mes de mayo, Torra admitió ante el juez Carlos Ramos que desobedeció la orden de retirar los lazos, al considerarla “ilegal”, porque se debía a un “mandato superior” de la ciudadanía.

“Vergonzoso”

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha mostrado este lunes su apoyo a Torra, y que califica de “vergonzoso”.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Puigdemont escribe: “Hoy, con el juicio al president Quim Torra i Pla el Estado español continúa llenando de capítulos vergonzosos su relación con Cataluña”.

″¡Todo el apoyo, president!, concluye el mensaje de Puigemont, que incluye una foto de Torra con un mensaje de la formación Junts per Catalunya que reza “Estamos contigo, president” y en el que se invita a acudir a una concentración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a partir de las 8.15 horas.