El Tribunal de Cuentas cita a Artur Mas y otros altos cargos para reclamarles una fianza por los gastos del 9-N

El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre a una decena de ex altos cargos del Govern, entre ellos el expresidente Artur Mas, para que abonen una fianza de en torno a 5 millones por los gastos realizados durante la consulta del 9N.

Según fuentes de los implicados en la investigación del 9N, entre los citados están también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs.

En el caso de que no abonen las cantidades que el tribunal les reclame, podrá procederse al embargo de los bienes y cuentas de los investigados en esta causa.

Esta investigación, que el tribunal decidió activar el pasado 19 de julio, tiene su origen en una denuncia fue presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por considerar que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

El procedimiento, en el que está personada la Abogacía del Estado, tiene como objetivo contrastar la denuncia de los colectivos catalanes para determinar las responsabilidades contables de Artur Mas y sus consejeros y, en su caso, reclamar su reintegro al Tesoro.

En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

Las asociaciones acusaron a Mas y a sus exconsejeros de facilitar la logística y todos los medios los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, "por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas".

También señalaron en su denuncia como objeto de responsabilidad contable el hecho de que los dirigentes denunciados ordenaran a subordinados y entes públicos dependientes, cada uno dentro del ámbito de su ámbito de responsabilidad institucional, "la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional".

Tras conocerse la noticia, el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha acusado al Gobierno de dar un "salto cualitativo en su estrategia desesperada" por fomentar el "miedo" para intentar evitar el referéndum del 1-O, tras "saltarse el Estado de derecho" con la última decisión del Tribunal de Cuentas.

En una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, Puigdemont ha ligado este "incremento de las amenazas y agresiones" del Estado al hecho de que esta semana esté previsto que se apruebe la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O.

"No se van a salir con la suya", ha añadido Puigdemont, porque para "aquellas personas que tengan dudas sobre la independencia al final es una cuestión de democracia sí o democracia no".

Antes de la comparecencia Puigdemont y Junqueras han participado en una reunión en la que también estaban el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, así como diversos miembros del Govern.