El todo al 'no' del PP contra el Gobierno

Ahora que vuelve a estar de actualidad el ‘tamayazo’, la estrategia del PP contra el Gobierno se podría definir con aquella frase que usó Teresa Sáez, la tránsfuga que protagonizó aquel escándalo junto a Eduardo Tamayo, durante la comisión de investigación: “Que no a todo”.

Aunque alguno de sus parlamentarios a veces vote sí, el PP se ha abonado a la negación permanente de la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez.

La inercia del no por el no del PP ha llegado hasta tal punto que este pasado sábado, desde Segovia, el propio Pablo Casado pasó en segundos de ironizar sobre una propuesta del PSOE para descentralizar la administración pública llevando organismos a Castilla y León, a admitir que no sabía si hacía falta e incluso contemplar la posibilidad de apoyarlo:

Porque esa parece ser la senda que ha tomado el PP en los últimos meses, pese a que su oposición pueda suponer un perjuicio para el país.

Lo ha hecho con los fondos europeos, proyectando una imagen muy negativa de España en Europa, llegando a acusar al Ejecutivo de Sánchez de mercadear con los fondos y beneficiar únicamente a las autonomías y municipios gobernados por el PSOE.

“Se están haciendo a dedo”, afirmó sin titubear Casado el pasado 23 de enero, en otro acto en Castilla y León, esta vez rodeado de alfalfa.

“Los fondos serán digitales porque los da a dedo y verdes porque se los da a Bildu, a sus socios”, agregó. “Los fondos es solidaridad de nuestros socios europeos para todos los españoles, no para el Gobierno de Sánchez, no para los alcaldes socialistas, no es para las regiones socialistas, no es para las políticas socialistas”, prosiguió.

El líder del PP llegó a decir que “nuestros socios europeos merecen que su solidaridad no acabe en proyectos clientelares y posibles corruptelas”.

Ese mismo día, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, acusaba a Sánchez de “entregar dinero discrecionalmente a los ayuntamientos del PSOE” y, más concretamente, de hacerlo “sólo a aquellos que dentro del PSOE considera de su cuerda”.

“No puede ser que el bienestar de los españoles esté supeditado al carné de afiliación del presidente de turno o del alcalde de turno. Basta ya de atropellar a los españoles que votan con libertad”, agregó el número dos de Casado.

De este modo, ambos seguían la línea que comenzó a marcar Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que recurrió el reparto de los fondos europeos ante la justicia. Concretamente por un decreto que repartía nueve millones entre cuatro comunidades, de las que tres estaban gobernadas por el PSOE.

Hace pocos días, la propia Ayuso seguía quejándose en Twitter de los pocos fondos que ha recibido su autonomía, afirmando que Madrid es la que menos ha percibido en relación a su población.

El mismo día que Ayuso publicaba este mensaje en Twitter, se conocía la carta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que felicitaba al Gobierno español por su gestión de los fondos.

Una misiva en la que subrayaba “la calidad del plan español como la excelente cooperación entre las autoridades españolas y los servicios de la Comisión” y añadía lo siguiente:

Fue la propia Von der Leyen quien a principios de diciembre anunció que España sería el primer país de toda la Unión Europea en recibir la primera partida de 10.000 millones en ayudas.

Un dinero que se suma a los 11.246 millones ya recibidos correspondiente al ejercicio presupuestario de 2021 y que ya se repartió entre las comunidades, siendo cuatro de las seis que más reciben presididas por el PP: Andalucía, Madrid, Castilla y León y Galicia.

Andalucía es la que más ha recibido, con 1.916 millones, seguida de Cataluña (1.579 millones), Madrid (1.213 millones), Comunidad Valenciana (1.055), Castilla y León (742 millones) y Galicia (681 millones).

Pero el PP no se baja de este barco y su vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, viajará a Bruselas con varios alcaldes del partido para denunciar lo que consideran un reparto “arbitrario” de los fondos.

Entre esos alcaldes estará José Luis Martínez-Almeida, también portavoz nacional del PP, que se sumará a esta propuesta para denunciar que, según él, el Gobierno “hace un uso partidista” del reparto de ayudas europeas. Lo hace, añade, “sin querer desacreditar al Gobierno de España”.

La reforma laboral, otro NO del PP

En su carta, Von der Leyen también se alegraba porque España “siga avanzando con otras reformas, incluida la reforma del mercado laboral”.

Una medida que fue clave para que España recibiera los fondos europeos y de cuya aprobación en el Consejo de Ministros y posteriormente en el Congreso también pueden depender las futuras ayudas de Bruselas.

Concretamente, 12.000 millones en el primer semestre de 2022. Fondos que el PP reclama y que a su vez hace peligrar oponiéndose a la reforma laboral como lo ha hecho.

En este caso, el argumento es que la reforma que pide Europa no es necesaria porque lo que había ya funcionaba. “Cuando Sánchez presume de creación de empleo será gracias a la reforma laboral del PP, que creó 3 millones de empleos. Entonces, ¿por qué hay que modificarlo?”.

El PP se opone a muchas de las medidas de la reforma laboral, como las que afectan a la temporalidad o las que acaban con la prevalencia de los convenios empresariales sobre los sectoriales.

Casado se queja de que Sánchez no le ha llamado y no le ha hecho caso a su “alternativa”, la conocida como ‘mochila austriaca’, algo que según el líder del PP “pide el Banco de España y que pide Europa”.

Da igual que esta reforma laboral cuente con el apoyo de la CEOE, donde trabaja la exministra de Trabajo del Gobierno de Mariano Rajoy, Fátima Báñez.

Da igual que hasta FAES, la Fundación del expresidente José María Aznar, en la que trabajó Casado, haya respaldado el apoyo de la CEOE afirmando que “el resultado avala la negociación llevada a cabo” por la patronal y que acabar con la ultraactividad y la prevalencia salarial del convenio sectorial sobre el de empresa eran “costes asumibles” para los empresarios “dadas las circunstancias”.

No importa. El PP aplaudió a rabiar cuando creyó que la reforma laboral estaba derogada por la jugada de los dos diputados de UPN, que prometieron su sí y acabaron votando no. Y está dispuesto a llegar al Constitucional para tirar una reforma que es fundamental para esos fondos europeos por los que el partido de Casado también va a los tribunales.

“El PP de Casado y Egea es capaz de cualquier cosa”, resumía este viernes Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, quien ha llegado a acusar a los populares de “comprar voluntades” para atacar al Ejecutivo.