El Supremo de EEUU insinúa que impondrá nuevos límites al aborto en el país
El caso lo resolverá en 2022 y no ha aclarado si llegará al punto de derogar el precedente que legalizó esa práctica en 1973.
La mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha demostrado este miércoles que se inclina a favor de imponer nuevos límites al derecho al aborto en el país, pero no aclaró si llegará al punto de derogar el precedente que legalizó esa práctica en 1973.
El Supremo ha escuchado argumentos en un caso que no decidirá hasta 2022, como muy tarde a principios de julio, y que gira en torno a una ley de Misisipi que prohibiría el aborto a partir de las 15 semanas en ese estado, donde solo queda una clínica que ofrece ese servicio.
La bancada conservadora de la corte, formada por seis de los nueve jueces del Supremo, dio señales de que planea respaldar la legislación de Misisipi, lo que implicaría modificar los parámetros en los que es legal acceder al aborto en Estados Unidos.
El juez que preside la corte, John Roberts, ha opinado que reducir el límite en el que el aborto es legal en Estados Unidos a las 15 semanas de gestación que propone Misisipi “no es una diferencia muy drástica” respecto a la situación actual.
Desde que el Supremo legalizó el aborto en 1973 con su decisión “Roe versus Wade”, esa práctica se ha permitido en Estados Unidos hasta el momento de “viabilidad” del feto fuera del vientre materno, un límite que ahora está en torno a las 23 o 24 semanas de embarazo.
El debate en la audiencia ha girado en torno a dos posibilidades: la de eliminar ese estándar de “viabilidad” y establecer otro límite para el derecho a abortar, y la de derogar directamente la decisión de 1973, lo que permitiría que cada estado prohíba o permita a su antojo la interrupción voluntaria del embarazo.
El estado de Misisipi pidió abiertamente durante la audiencia que los magistrados opten por esa segunda opción, y les suplicó que también anulen otra decisión de 1992, conocida como “Planned Parenthood versus Casey” y que reforzó el precedente de 1973.
”(Esas decisiones) no tienen cabida en nuestra historia o nuestras tradiciones. Han dañado el proceso democrático. Envenenan la ley”, ha opinado el procurador general de Misisipi, Scott Stewart.
