El Supremo acuerda condenar a líderes del 'procés' por sedición y malversación
Las penas irán escalonadas, pero todo apunta a que Oriol Junqueras recibirá la más dura.
El tribunal que ha juzgado la causa del “procés” ha acordado por unanimidad condenar a sus principales responsables por delitos de sedición y de malversación y descartar la acusación de rebelión que formuló la Fiscalía.
Fuentes jurídicas han confirmado a EFE esta decisión de los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo que componen el tribunal, que inicialmente tenía previsto comunicar el fallo el próximo lunes 14, aunque no se descarta que ahora la sentencia pueda retrasarse.
A falta de que se concreten las penas individualizadas –que irán escalonadas en función de la participación de cada uno de los acusados en el “procés”-, los magistrados han decidido que no se han cumplido los requisitos para condenar por rebelión.
Su conclusión se acerca a las tesis de la Abogacía del Estado, que en sus escritos de acusación sostuvo que los hechos ocurridos en Cataluña en otoño de 2017 no acarrearon la violencia suficiente para encajar en el tipo de rebelión.
Esa es la diferencia clave entre el delito de rebelión –por el que apostó la Fiscalía- y el de sedición, que castiga con penas de hasta 15 años de prisión a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.
Para la Fiscalía, el “procés” fue un “golpe de Estado” que buscó liquidar la Constitución con “violencia suficiente”, pero la Abogacía cree que ésta no fue “elemento estructural” del plan.
La Sala también ha decidido condenar al exvicepresident Oriol Junqueras y a los exconsellers presos (Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva) por malversación de caudales públicos. Según la Cadena SER, Junqueras recibirá la pena más dura.
No así a los otros tres acusados, los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, que previsiblemente serán condenados solo por desobediencia, un delito que no acarrea pena de cárcel.
Meses de tensión política y jurídica
Este juicio ha tratado de dilucidar lo que pasó en las semanas clave de septiembre y octubre de 2017 en el llamado procés: el asalto a la Consellería de Economía, el desacato del fallo del Constitucional sobre la ilegalidad del referéndum, la organización de esta consulta y la declaración unilateral de independencia del Parlament el 27 de octubre.
Junqueras ha sido principalmente el protagonista de este juicio -al estar Puigdemont huido y no hacerse efectiva al euroorden para detenerle y devolverlo-.
Unos meses de máxima tensión política y jurídica en los que también se vio sentados en el Supremo como testigos al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y su ‘mano derecha’, Soraya Sáenz de Santamaría.
También pasó el exministro de lnterior Juan Ignacio Zoido y la cúpula de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y lo que chocó durante estas sesiones especialmente es que ningún dirigente se responsabilizó del dispositivo policial y de aquellas cargas durante el 1-O que dieron la vuelta al mundo.
Durante el juicio también se ha tratado el papel de los Mossos durante estos días, aunque la causa contra el antiguo jefe de la Policía autonómica Josep Lluís Trapero, y otros altos mandos se celebra de manera paralela en la Audiencia Nacional.
El protagonista inesperado de este juicio ha sido el presidente del tribunal. Marchena ha sabido llevar este difícil proceso judicial y han quedado frases también en el imaginario colectivo: “Vamos a ver... no empezamos bien”, “la fiebre no tiene trascendencia jurídica”, “las preguntas hay que traerlas pensadas de casa”, “no existe la figura del testigo opinante”, “eran guardaespaldas o eran personas”.
Y un juicio en el que intentó un protagonismo fallido Vox, sentado como acusación particular con el ‘número dos’ del partido de la ultraderecha y abogado, Javier Ortega Smith, Ninguno de los acusados respondió a este letrado. Los testigos contestaron pero muchos dijeron que “por imperativo legal” y dos no lo hicieron (Eulalia Reguant y Antonio Baños), por lo que fueron multados con 2.500 euros.
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