El Senado aprueba definitivamente la Ley de Memoria Democrática que declara ilegal la dictadura franquista
Los cuatro vetos de la derecha han sido rechazados durante el pleno y la norma será publicada en el Boletín Oficial del Estado al no contar con ninguna modificación.
El pleno del Senado ha aprobado de forma definitiva el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que refuerza el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.
La ley impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha sido aprobada este miércoles en el pleno del Senado con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, tras un debate de cinco horas con reproches cruzados entre la izquierda y la derecha.
Los más críticos han sido el PP, Vox, Ciudadanos y UPN, que han presentado por separado cuatro vetos (enmiendas a la totalidad) a la ley que han sido rechazados en el pleno.
La aprobación de la Ley de Memoria Democrática este miércoles en el Senado es definitiva, ya que el texto no ha incorporado ninguna modificación respecto al aprobado el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso de los Diputados, por lo que no tendrá que volver a la Cámara Baja.
Desde Moncloa, el Gobierno ha aplaudido el paso dado desde las cámaras parlamentarias. Pedro Sánchez ha publicado en Twitter que se ha dado “un paso más por la justicia, la reparación y la dignidad para todas las víctimas”.
En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha comentado a El HuffPost que también es un homenaje para millones de víctimas. “Hoy nuestra democracia es mejor porque reconoce lo mejor de nuestra historia (la Transición, la ley de amnistía y nuestra Constitución) y homenajea a las millones de víctimas que soñaron una España democrática y europea”, ha expresado.
El ministro también ha destacado que “España tiene, por fin, una ley que pone en el centro a las víctimas y nos equipará a los países europeos de nuestro entorno”.
Por su parte, el líder del Partido Popular ha confirmado que “se compromete a derogar la ley” y alega que la norma aprobada atenta contra el espíritu de la Transición. “Bildu no puede ser el notario que reescriba la Historia de España”, ha publicado en Twitter.
Ilegalidad de los tribunales franquistas
En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. El proyecto de ley ya recogía la nulidad de sus resoluciones y la ilegitimidad de estos tribunales que finalmente se reconocerán como ilegales.
Con Más País, y el PDeCAT, el PSOE y Unidas Podemos cerraron otro acuerdo que declara “ilegal” el régimen franquista y reconoce expresamente que “las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos” alumbraron la democracia.
Con el PDeCAT se acordó articular mecanismos y recursos para evaluar la “represión y persecución” cultural y lingüística del franquismo, declarando “víctimas las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega”.
Y con el PNV se selló otro pacto para fijar en un año el plazo para la restitución de documentos u efectos a personas naturales o jurídicas de carácter privado que estén en el Archivo General de la Guerra Civil. Podrán beneficiarse también partidos, sindicatos o unidades militares que reclamen enseñas, emblemas o banderas que estén en poder de entidades públicas.
Y se amplían las víctimas hasta 1983
El grueso de los acuerdos se alcanzó con Bildu, empezando por ampliar hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la posible reparación económica que ello conllevase.
En concreto, la ley mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983”. Ese estudio deberá recoger “posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo”.
Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale en el seno del Consejo de la Memoria Democrática una comisión estatal independiente de carácter académico para “contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura”. Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma “objetiva e imparcial”.
Desde la Ley de Amnistía de 1978, España ha destinado más de 21.000 millones de euros para reparaciones económicas a unas 608.000 víctimas de la Guerra y del franquismo, y se considera que lo que está pendiente son incautaciones de bienes de entidades como ateneos culturales y el expolio de papel moneda.
