El segundo estado de alarma: a examen y con previsión de ser declarado inconstitucional
El pleno del martes será el último para algunos miembros, con la renovación pactada.
El Tribunal Constitucional (TC) ya ha fijado los asuntos que abordará en su próximo pleno, programado para el 26 de octubre. Y si bien coincide con el acuerdo al que han llegado PSOE y PP para su renovación, fuentes del órgano, consultadas por Europa Press, aseveran que el pleno se celebrará.
Si todo sigue su curso, el Pleno tiene sobre la mesa una gran cantidad de asuntos sobre los que debe votar, y el más urgente de todos, aunque sólo sea porque ha ido en repetidas ocasiones al plenario y no ha dado nunca tiempo a tratarlo, es la sentencia relativa al recurso que impulsó Vox sobre la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma que decretó el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Previsiblemente el pleno del TC, que puede ser el último para su presidente Juan José González Rivas y para la vicepresidenta Encarnación Roca, lo declarará inconstitucional, según avanzaba ABC, ya que el magistrado ponente Antonio Narváez acogerá en su sentencia dos de los tres principales argumentos del partido de Santiago Abascal contra ese segundo periodo de estado de alarma que arrancó el 25 de octubre de 2020 y que se extendió por seis meses.
De salir adelante, este sería un nuevo revés para el Ejecutivo que ya en julio vio como el tribunal de garantías declaraba la inconstitucionalidad de algunos aspectos del primer estado de alarma.
En este recurso de inconstitucionalidad, Vox sostenía que el segundo de alarma vulneró los artículos 17, 19, 21 y 25 de la Constitución, relativos a los derechos a la libertad y a la seguridad; a la libre circulación; a la reunión y la manifestación pacíficas; y contra las sanciones administrativas que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad.
Vox denunció como inconstitucional además la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comparecer sólo cada dos meses ante el Pleno de la Cámara para dar cuenta de su evolución. Ese sería uno de los aspectos que acogería el ponente en su resolución dado que se habría dado una falta de control parlamentario al Ejecutivo.
