El rey Juan Carlos tendría que pagar más de la mitad de su patrimonio para ponerse al día con Hacienda
Si el emérito regularizase su situación, evitaría que la Justicia continúe con la investigación sobre su patrimonio.
Ahora, Hacienda somos todos. No nos engañemos. Ese fue el eslogan de una famosa campaña publicitaria del Ministerio de Hacienda en 1978, con Francisco Fernández Ordóñez al frente, para concienciar a los ciudadanos de que presentaran la declaración de la Renta. En aquel momento, el rey Juan Carlos solo llevaba tres años en el trono. Nadie se podía imaginar entonces lo que iba a pasar.
Más de 40 años después, aquel lema vuelve a estar de actualidad. El ahora rey emérito ha tomado la decisión de abandonar España tras la publicación de una serie de informaciones sobre su fortuna en el extranjero. La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga su papel en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca.
A pesar de su marcha del país, el rey emérito tiene la posibilidad de regularizar su situación fiscal y librarse así de una acusación de la Fiscalía por cometer supuestamente un delito contra la Hacienda Pública y ser llamado a declarar como investigado —la figura jurídica antes conocida como imputado—.
El periódico El Confidencial desveló que el rey emérito estudió la posibilidad de realizar una regularización de su patrimonio, lo que supondría reconocer que había tenido bienes en el extranjero de los cuales no había informado. Sin embargo, el monarca descartó esta posibilidad porque la cantidad a pagar estaba “fuera de las posibilidades actuales”, según contó El País.
Regularizar la situación fiscal para librarse de los tribunales
Si el rey emérito optara por esta fórmula, no tendría que preocuparse por posibles problemas judiciales. Tras la amnistía fiscal de 2012 —tumbada por el Constitucional—, el PP realizó una reforma legal para dar garantías a los defraudadores de impuestos de que no se les investigaría.
El artículo 305.4 del Código Penal contempla la regularización fiscal voluntaria como una forma de evitar la apertura de un procedimiento penal si se realiza antes de que se le notifique investigación. Es decir, si un defraudador regulariza su situación antes de ser informado, se evita líos.
Gracias a este cambio legal, políticos y empresarios se han librado de problemas judiciales. Uno de los más casos más conocidos fue protagonizado por el profesor universitario Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. La justicia archivó una causa por fraude fiscal tras la presentación de dos declaraciones complementarias en 2015.
¿Cuánto tendría que pagar el rey para ponerse al día Hacienda? No está clara la cantidad que tendría que depositar, ya que no existe una cifra oficial sobre el patrimonio que tiene supuestamente el emérito en el extranjero. Las estimaciones realizadas por medios de comunicación como ‘The New York Times’ y ‘Forbes’ hablan de una fortuna en torno a los 2.000 millones.
Juan Carlos I cuenta con dos fechas que juegan a su favor. Las investigaciones judiciales españolas solo pueden abarcar al periodo posterior a 2014, cuando el rey abdicó y perdió la inviolabilidad. Por otro lado, las deudas tributarias solo puede reclamarse a partir del ejercicio 2015, liquidado el 30 de junio de 2016, ya que los anteriores están prescritos.
Más de 50 millones por la donación a Corinna
En primer lugar, el rey emérito tendría que regularizar los 64,8 millones de euros (100 millones de dólares) supuestamente recibidos por parte de la casa real saudí, escondidos en una cuenta corriente a nombre de una fundación en Suiza y regalados a Corinna Larsen.
Esto se haría mediante el pago del impuesto de donaciones. El rey emérito, al estar empadronado en Madrid —como corresponde a un residente permanente en el Palacio la Zarzuela durante 58 años—, tiene que abonarlo en la Comunidad de Madrid al ser un impuesto cedido a las comunidades. Este tributo está bonificado en esta región al 99% en el caso de ser familiares cercanos, es decir, un hijo solo tiene que pagar un 1% de la donación hecha por su padre.
Al no existir ningún vínculo familiar entre ambos, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula que tendría que haber abonado 52 millones de euros a las arcas de la Comunidad de Madrid. Esta elevada cantidad habría llevado al monarca a desechar la opción de regularización su situación, según contó El País.
Presentar una declaración de bienes en el extranjero
El problema es que esa cuenta bancaria en Suiza no sería el único bien que el emérito tiene en el extranjero, que también contaría con un ático en Londres regalado supuestamente por el sultán de Omán en 2014.
Si Juan Carlos quisiera regularizar todos sus bienes, tendría que completar la Declaración de Bienes en el Extranjero, llamado modelo 720, en el que informara de todo su patrimonio en el exterior.
Todos los residentes fiscales en España que dispongan de bienes por un importe superior a 50.000 euros tienen la obligación de presentar este formulario. Una obligación que Juan Carlos no cumplió.
Posteriormente, tendría que presentar una declaración complementaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) —como hizo Monedero— del año 2015, el ejercicio más antiguo no prescrito.
Si quisiera hacerlo, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula que el rey emérito tendría que pagar más de la mitad de su patrimonio incluido en esa declaración complementaria.
¿De dónde sale esa cantidad? Al residir en Madrid, el rey tendría que tributar al tipo máximo del 43,5% al disponer de unas rentas superiores a los 60.000 euros. A esta cantidad habría que añadirle un 20% de recargo de la cantidad que tuviera que ingresar y un 3,75% en concepto de demoras por cada año de retraso desde junio de 2017 hasta que presentara la declaración.
La cantidad final que el rey emérito tendría que pagar en esta declaración complementaria dependería del patrimonio en el extranjero que se regularizara.
Esta posibilidad de regularizar la situación fiscal solo es viable si se realiza antes de que se le notifique una inspección por parte de la Agencia Tributaria. En caso de que llegara el aviso, el rey emérito estaría en problemas.