El "proceso" de la Asamblea de Madrid
Con 36 votos de 132 el PP, Cs y Vox dan rienda suelta a su primera prioridad legislativa en un Madrid en situación de pandemia mundial: facilitar el pelotazo urbanístico.
Lo primero, es importante advertir contra el uso del adjetivo “kafkiano”. Hoy día, el proceso de cocina de un plato complicado puede definirse como kafkiano, el proceso de rellenado de una solicitud o trámite de cualquier tipo, igualmente kafkiano. ¿La lectura de un libro difícil? kafkiana, y el proceso para cruzar de un barrio a otro en plena cuarentena, igualmente kafkiano. Evidentemente, si todo, todo, es kafkiano, es que nada, nada, lo es. Ahora bien, aun así, y una vez hecha esta advertencia, se puede decir que lo vivido durante el pleno del 1 de octubre de 2020 en la Asamblea de Madrid para el proceso de aprobado de la Ley del suelo sí que fue, efectivamente, con todas las letras, kafkiano.
El Partido Popular ha llevado a la Asamblea de Madrid, después de trece meses, la primera ley de la legislatura, y lo hace de la mano de Vox y Ciudadanos. Después de casi un año y medio, en una legislatura sacudida por la pandemia, el Partido Popular pretendía iniciar su andadura legislativa con una reforma de la Ley del suelo, una ley utilizada para “agilizar” una tramitación (básicamente, para quitar licencias urbanísticas) que permita edificar con mayor facilidad en una ciudad ya sobreedificada. Al proyecto de ley se presentaron miles de alegaciones y sufrió la oposición sistemática de sindicatos, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, que reconocían en el proyecto de ley los reflejos de lo que tristemente ya podemos nombrar viejo costumbrismo madrileño: el ladrillazo y el pelotazo urbanístico. Esta era su primera ley -por supuesto, presentada de tal manera que fuera inenmendable- en trece meses, la que consideraban más urgente y con la que esperaban arrancar su carrera legislativa. Puede no parecer lo más idóneo -como efectivamente no les parece a los grupos de la oposición- con la que está cayendo, pero en política la idoneidad y la legitimidad pueden llevar caminos separados.
Aquí viene “el proceso” de cómo el Partido Popular y el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad -de Ciudadanos-, consigue, tal vez por servilismo o tal vez por incompetencia, aprobar una ley con solo 36 diputados en una cámara de 132. No es un relato divertido, como no suelen serlo los relatos en los que se enfrentan interpretaciones de reglamentos; no es un relato muy ameno, como no suelen serlo las citas de artículos y estatutos. Para hacer divertido el relato de este “proceso” haría falta un Kafka, pero de él solo nos queda utilizar, casi pidiendo perdón, el adjetivo “kafkiano” y, por lo demás, intentar ahorrar a los lectores los excesos de aquellos que todavía nos divertimos estudiando los reglamentos de las cámaras.
Como es sabido, el mandato que los diputados reciben no es transferible, no es delegable, no pueden ser representados por otro diputado -así lo dice el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía-. Si un diputado fuese representado por un diputado, valga la redundancia, no sería un diputado, sería un ciudadano más. De la misma manera, el voto de los diputados no puede responder a la disciplina de voto del partido. Parece sorprendente en los tiempos que corren, pero un diputado del Partido Popular puede votar lo que uno del PSOE si considera que tiene sentido la propuesta, aunque el resto de los diputados de su grupo vote otra cosa. Es tan así que lo recogen las constituciones y reglamentos de casi cualquier parlamento imaginable (en nuestro caso, en el artículo 119.3 del Reglamento de la Asamblea –“El voto de los Diputados es personal e indelegable”).
Desde que empezó la pandemia, se había prohibido la asistencia a la Cámara a la mitad de los diputados, pero igualmente, desde que comenzó la pandemia, no se había votado proyecto de ley alguno. Una cosa es que los diputados escuchen telemáticamente los debates en los que no participan directamente -cosa que ya pone en dificultades al reglamento- y otra muy diferente es pretender aprobar un proyecto de ley sin el sufragio de toda la Cámara. Es por eso que los grupos de la oposición solicitaron que votasen todos los miembros del hemiciclo. Cualquier ley -no digamos ya una controvertida- debe poder votarse a conciencia, por cada uno de los representantes del legislativo. Si esto se impide lo que ocurre es que se viola la consistencia y el imperativo al que mandata el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid -esa, digamos, Constitución de los madrileños-.
La pandemia llevó a algo así como un “acuerdo” para que hubiera menos asistentes a la Cámara. Pero un proyecto de ley no puede aprobarse sin la presencia de todos los miembros, sin que todos los diputados y diputadas, más allá de sus grupos, con plena autonomía, revisando a conciencia los pormenores de la ley, ejerzan su derecho a voto. El presidente de la Cámara no había visto problema alguno en poner en situación de fraude el artículo 119.2, que asegura la indelegabilidad del voto, así que pretendía que, de 132 diputados, votaran solo 70, imposibilitando a 52 diputados el ejercicio del voto, en un ejercicio de delegación imposible y anti estatutaria; vamos, ilegal.
Con la senda de la ilegalidad ya asumida por el presidente al imposibilitar el voto a 52 diputados en un proyecto de ley, y como si eso fuera poco, ocurrió lo siguiente: los grupos parlamentarios de Más Madrid y UP, teniendo fuera del hemiciclo a algunos de sus diputados, pidieron, en virtud de lo establecido en el 118.2 del Reglamento, la comprobación del quórum de la cámara, que obliga a que, si este no se cumple, la sesión tenga que, como poco, postponerse y, si no, pasar el punto a la siguiente sesión. Juan Trinidad, en el ejercicio de sus funciones como presidente de la Cámara, decidió en ese momento votar sin quórum, incumpliendo así con los artículos citados de la Constitución de todos los madrileños y del Reglamento de todos los diputados y diputadas. Arrastraba así, a la Asamblea de Madrid, al barro de la ilegalidad, en un movimiento que si ocurre en otras regiones de España abriría todos los titulares.
Da igual por qué lo hizo, pero lo hizo. Aprobaba con 55 diputados de 132 el Proyecto de Ley del suelo. No contento con esto, por la tarde, utilizando el cierre de puertas preceptivo para otra votación, intentó incluir de nuevo la votación de la ley. Reconocía dudas en el proceso y reconocía algo así como que había “aprobado” en régimen irregular la ley del suelo, pero al hacerlo volvía a incurrir en la violación de otros puntos del reglamento; los mismos de por la mañana -delegación y quorum más la imposibilidad de alterar el orden del día sin unanimidad de la Cámara (artículo 106.3 del Reglamento). Todo ello en una especie de concurso por ver cuantas normas del Estatuto de Autonomía y del Reglamento de la Cámara puedes incumplir en un solo día. Qué Kelsen nos pille confesados.
Finalmente, el presidente dio por sustanciada una votación con 36 votos a favor en una cámara de 132 miembros. Con 36 votos de ese total de 132 podrán agilizarse los trámites para favorecer la especulación inmobiliaria en Madrid. Con 36 votos el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, podrán dar rienda suelta a la que ha sido su primera prioridad legislativa en la Cámara después de casi año y medio y en situación de pandemia mundial: facilitar a las constructoras la consecución de licencias para seguir haciendo lo que los madrileños y madrileñas conocemos tan bien: el pelotazo urbanístico sin control de impacto, análisis de viabilidad y sin respeto medioambiental alguno; ese proceso de dos décadas de ya viejo costumbrismo madrileño.
El protagonista de El proceso, en Kafka, acababa la novela mal y sin derechos, zarandeado por un proceso que no comprendía, en el que intentaba navegar con más o menos éxito, cabalgando ilusiones y desilusiones hasta su terrible final; básicamente, decía en el libro, tratado “como a un perro”. Pues bien, el Legislativo madrileño no se diferencia mucho ahora mismo del protagonista de Kafka, zarandeado por una presidencia de la Cámara hooliganizada, que ejerce de parte, que aprueba leyes que van a marcar la vida de los madrileños y madrileñas con 36 diputados, que deja al hemiciclo igual que a Josef K., esto es, “como a un perro”.