El presidente del Constitucional se despide criticando la reforma judicial del Gobierno

El presidente saliente del Constitucional, Pedro González Trevijano, se ha despedido este lunes del tribunal justificando sus decisiones y avisando de que no ha admitido injerencias porque “el magistrado no representa a nadie”, ni al órgano por el que fue elegido ni al partido que le propuso.

En su discurso de despedida como presidente y magistrado del tribunal de garantías, González Trevijano ha querido recordar en presencia de miembros del Gobierno, de los presidentes del Senado, Congreso, Supremo y CGPJ que “el procedimiento de designación no implica un mecanismo de representación”.

Porque “el magistrado no representa a nadie. Ni al órgano por el que fue elegido ni a la fuerza parlamentaria que impulsó su proposición. Está a solas con su conciencia y solo de ella depende”.

González Trevijano ha dicho no compartir “la falsa dicotomía entre conservadores y progresistas” que se relaciona con la composición del tribunal así como “las reclamaciones de imposibles unanimidades” de la misma manera que ha afirmado que “no hay tampoco sentencias parciales de la mayoría”. “Hay, sin más, sentencias”, ha añadido.

Además, ha criticado las reformas con las que el Gobierno ha pretendido desatascar tanto la renovación del tribunal de garantías como la del Consejo General del Poder Judicial al decir: “No difuminemos los pesos y contrapesos de nuestra Ley fundamental, ni apresuremos reformas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucional”.

En cuanto a su etapa en el tribunal, ha explicado que el tribunal ha emitido múltiples sentencias de las que por “azar” ha sido ponente, “que afectan a la estructura del Estado, a los derechos de las minorías, a la legislación básica estatal, al acatamiento de la Constitucional, a la suspensión de la autonomía de una comunidad o a la constitucionalidad de ciertos aspectos de la excepcionalidad”.

“No han sido tiempos fáciles. Nunca lo son. Ahora tal vez lo son aun un poco menos” ha asegurado el presidente saliente subrayando que “el tribunal cumple con su exigente cometido, que no es el de examinar cuestiones políticas, sino pretensiones jurídicas”.

Porque “ante la Carta Magna no son oponibles soberanías populares, que dicen emanar, sin intermediación alguna, del supuesto mandato directo de un colectivo o de una colectividad” ya que “en España solo hay una soberanía, la soberanía nacional del pueblo español”.

Y en un aviso a los partidos, ha destacado que “el tribunal no puede sustituir la concordia que debe alcanzarse entre los operadores políticos, ni debe por tanto constituirse en una suerte de arena agonística, en la que se dirimen con habitualidad creciente conflictos en una última instancia esencialmente políticos”.

González Trevijano ha alertado de que “sin supremacia de la Constitución, ni imperio de la ley y sin un adecuado funcionamiento de los órganos constitucionales, (...) no habrá democracia, ni libertad ni Constitución”.

“La historia nos previene que si no atendemos a estas señales (...) los más sombríos pozos de la autocracia nos aguardan”, ha asegurado González Trevijano, que abandona el tribunal tras nueve años en el mismo, el último de ellos como presidente.

Tras su discurso ha ocupado su lugar de forma interina el magistrado más antiguo del tribunal Ricardo Enríquez y acto seguido han tomado posesión los cuatro magistrados entrantes.

Los cuatro nuevos magistrados son el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática y ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, propuestos por el Ejecutivo; y los jueces César Tolosa y María Luisa Segoviano, elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, tras un bloqueo de casi seis meses del sector conservador de este órgano.

Pero antes de arrancar esta nueva etapa, el tribunal deberá elegir al nuevo presidente, un puesto que se disputarán el magistrado Cándido Conde Pumpido y la magistrada María Luisa Balaguer.

Se da por hecho que los cuatro conservadores no votarán por Conde Pumpido que se ganó cierta enemistad con anteriores magistrados conservadores por unas declaraciones en relación a la sentencia del primer estado de alarma y por su cercanía con el PSOE tras ocho años como fiscal general durante la etapa de Rodríguez Zapatero, algo que este sector tiene muy presente.

Sus votos irían así a Balaguer, una magistrada con una ideología reconocida progresistas y vinculada con el feminismo, pero alejada del foco de los partidos políticos.

Y en cuanto a los cinco progresistas, exceptuando a los dos contendientes, la tendencia apunta a apoyar a Conde Pumpido con la duda de si Segoviano hará lo mismo y apoyará al que, como ella, llegó al tribunal de garantías desde el Supremo.

La presidencia es un puesto clave porque controla los tiempos de los asuntos a manejar que, en esta nueva etapa, abordará la agenda social de Sánchez: desde la eutanasia a la ley Celáa, la ley de la Infancia o el Ingreso Mínimo Vital, con el polémico recurso del aborto parado en el tribunal de garantías 12 años y aún sin fecha para resolverlo.