El PP vuelve a hablar de partidismo en el reparto de fondos UE pero los números son los números
Gamarra sostiene que van a ayuntamientos socialistas o al marido de Calviño.
La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha acusado esta mañana a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, de tener “conflicto de intereses” con los fondos europeos porque “su marido es agente autorizado de intermediación” de fondos y la vicepresidenta le ha afeado afea “su ataque personal absolutamente infundado”, la “calumnia” y le insta a “informarse mejor”. Ha sido en una intervención en la Sesión de Control al Gobierno en la que Gamarra ha enarbolado de nuevo la bandera del reparto injusto y de la inclinación a dar dinero a alcaldes socialistas.
No es una línea nueva, los populares pican en esa veta desde que comenzó a llegar el dinero comunitario, 69.500 millones de euros en subvenciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Denuncian que el dinero es “de España, no del PSOE”, y reclaman una agencia independiente que revise el uso de estos fondos, los llamados Next Generation.
Por mucho que lo diga el PP, el reparto de los fondos no está al arbitrio del Gobierno de turno, sino que España ha firmado un contrato con Bruselas a cambio de los fondos. Contrato al que se tiene que atener si quiere recibir la partida completa, contrato que se rompe en caso de incumplimiento. Como ya se conoce desde hace un año, la Comisión Europea evaluará al Gobierno cada seis meses para vigilar el cumplimiento de las reformas y las inversiones, concretamente.
La norma que hace referencia a las medidas frente a acontecimientos de carácter excepcional (107.2.b TFUE) incide en tres puntos relevantes:
1. El primero indica que las ayudas se autorizan automáticamente si cumplen con unas condiciones concretas.
2. El segundo, que las ayudas deben ir dirigidas a sectores especialmente afectados por la crisis, como lo son en este caso el turismo, la hostelería, el transporte o la cultura, entre otros.
3. El tercer punto aclara que los fondos se dedicarán exclusivamente a compensar los daños ya pasados por la pandemia de la COVID-19 y no servirán para paliar daños futuros.
Si eso no se cumple, España será sancionada. Las ayudas pueden canalizarse a través de subvenciones directas, ventajas fiscales, garantías y bonificaciones de préstamos, ayudas a la I+D, ayudas a productos sanitarios, medidas de recapitalización o aplazamiento de impuestos y cotizaciones, entre otros mecanismos. Cada país debe definir dentro de este Marco su propio plan de recuperación, teniendo en cuenta los objetivos a impulsar definidos para el conjunto de la UE.
En España, los Next Generation EU se materializan a través de los Presupuestos Generales del Estado, a los que Europa ha dado el visto bueno sin problemas. Es la Administración General del Estado quien transfiere los fondos a las comunidades autónomas y entidades locales, a través de convenios y subvenciones alineadas siempre con los objetivos fijados desde Bruselas. Y explícitamente se dice que hay que “demostrar que las ayudas concedidas impulsan de un modo efectivo los objetivos fijados por el plan”.
Desde Europa, hasta ahora, se han desarticulado los argumentos del PP en su ofensiva contra la gestión de los fondos europeos de España, primer país en recibirlos precisamente porque presentó su proyecto en tiempo y forma, cumpliendo las condiciones estipuladas. Como ejemplo, la contestación que recibieron las eurodiputadas Dolors Montserrat e Isabel Benjumea el pasado viernes. Ambas habían preguntado en noviembre al Ejecutivo comunitario, que dirige la popular Ursula von der Leyen, si la reforma de “42 sedes sindicales” con “100 millones de los fondos europeos” era un “uso partidista” del dinero. La contestación: “La Comisión entiende que estas inversiones forman parte de la inversión cuatro del componente 11 del plan español de recuperación y resiliencia”. Rechazo claro.
Los datos
Ante las críticas del PP, el Ministerio de Hacienda publicó hace una semana un documento recopilatorio en el que describe los criterios de distribución entre los territorios de cada una de las 29 reuniones de conferencias sectoriales celebradas con tal fin y en cada una de las 28 resoluciones de concesiones directas, convenios u otro tipo de instrumentos.
En total, según este documento recopilatorio publicado en la página web oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -de consulta abierta- se han repartido un total de 11.246.812.098 euros y 74 céntimos entre el conjunto de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, Universidades Públicas y otras entidades públicas territoriales, a lo largo de 2021. A través de conferencia sectorial se han transferido un total de 8.831.363.039 euros (el 78% del total) y a través de otros instrumentos, como concesiones directas o convenios, un total de 2.415.449.060 euros.
Los datos sobre las cantidades repartidas son los mismos difundidos por el Gobierno desde mediados de diciembre, a partir de una presentación de la vicepresidenta Calviño, sobre la ejecución de los fondos europeos en 2021. La novedad ahora es que se han recopilado los criterios de reparto de cada una de las partidas en un solo documento.
Los datos no cambian y no son, desde luego, malos para el PP. Las comunidades conservadoras que son las que más dinero han recibido de los 11.246 millones transferidos hasta ahora por el Gobierno. Andalucía es la que más ha recibido, con 1.916 millones (17,03% del total), seguida de Cataluña (1.579 millones, 14,04%), y Madrid (1.213 millones,10,79%). En todos esos casos, el reparto coincide con las regiones que tienen más población en el país. Les siguen la Comunidad Valenciana (1.055), Castilla y León (742 millones) y Galicia (681 millones). Sólo una comunidad socialista y cuatro del PP entre las seis que más fondos han recibido.
Según los datos oficiales, a través de las 29 conferencias sectoriales en las diferentes áreas (transportes, agricultura, empleo, educación, salud, deporte, igualdad, justicia, medio ambiente, turismo, administraciones públicas, vivienda, transformación digital, servicios sociales o competencias digitales) se ha procedido al reparto de 8.831.363.039 euros entre las diferentes autonomías. En estos casos, los criterios de reparto adoptados en los foros donde están representados los responsables autonómicos tienen que ver con variables como la población, el número de personas en ERTE, la población mayor de determinado nivel de edad, la cifra de centros para la prestación de determinados servicios y otros.
Por otra parte, a través de otros instrumentos, como concesiones directas o convenios, se han repartido otros 2.415.449.060 euros. Es el caso, por ejemplo, del reparto de los 400 millones del plan Moves-Idae, en función de las cifras del padrón municipal. También pertenece a este bloque, por ejemplo, el reparto de 73.350.000 euros en subvenciones para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética, degradadas a causa de la minería del carbón; las comunidades de Asturias, Aragón y Castilla y León han sido las destinatarias de estas ayudas.
El ejemplo de Madrid
En cuanto a lo municipal, como muestra, un botón: José Luis Martinez Almeida, el regidor de Madrid, es uno de los que han tomado la bandera de la crítica, como el resto de la cúpula del PP, a la hora de denunciar el supuesto “uso partidista“ de los fondos europeos por parte del ejecutivo de Pedro Sanchez. Sin embargo, a 7 de febrero, y según los datos del propio Ayuntamiento, se han presentado 12 solicitudes correspondientes a 10 convocatorias para la adjudicación de fondos europeos, siendo el importe total de la subvenciones solicitadas 281.112.783 euros. De esas 10 convocatorias a las que ha concurrido el Ayuntamiento se han resuelto provisional o definitivamente 5 y en todas Madrid ha conseguido el 100% de las ayudas solicitadas.
Esto significa que por ahora la capital recibirá 43.043.170 de euros, un 15,3% del total solicitado, a falta de que se resuelvan las otras cinco convocatorias pendientes, entre ellas, una de las más importantes relativas a la movilidad con más de 150 millones de euros.
