El PP desvincula la negociación del Poder Judicial al debate sobre la sedición
El Gobierno pretende homologar este delito al resto de Europa.
El debate sobre la reforma del delito de sedición ha llegado a la política española en plena negociación de la renovación del Poder Judicial entre el Gobierno y el PP.
Se trata de una reforma prometida desde hace años por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pretende homologar la tipificación actual en el Código Penal al del resto de países europeos, donde se castiga el delito de resistencia pero siempre derivado del uso de la violencia, no como en el caso español.
Una reforma a la que se opone el PP, así como el resto de fuerzas de la derecha, pero que, como ha asegurado su secretaria general, Cuca Gamarra, no interferirá en las negociaciones sobre el Poder Judicial.
“Son dos cuestiones distintas”, ha dicho en una entrevista en Espejo Público (Antena 3), donde Gamarra ha afirmado que en ellas “el PP tiene un papel diferente”.
La dirigente del PP dice que las negociaciones sobre el Poder Judicial están “muy avanzadas” y no ha descartado que se pueda anunciar acuerdo esta misma semana.
Sobre la sedición, Gamarra dice que su formación votará en contra si el cambio del Código Penal llega al Parlamento.
“Tenemos un presidente del Gobierno que no tiene ningún tipo de líneas rojas a la hora de negociar con los independentistas con tal de poder él sacar adelante cualquier texto legislativo o unos PGE, que le permitan afianzarse en el poder”, se ha quejado Gamarra.
Aun así, el PSOE ya advirtió este lunes, en boca de su portavoz, la ministra de Educación, Pilar Alegría, que no cuenta con mayoría suficiente en el Congreso para llevar un cambio legislativo respecto al delito de sedición.
Sin embargo, Alegría no aclaró a qué tipo de mayoría se refería y si, entre quienes no apoyarían la reforma que el Ejecutivo tiene en mente estaría ERC, el partido que reclama esta modificación.
Su portavoz y secretaria general adjunta, Marta Vilalta, ya advirtió que su partido no aceptaría una “subasta pública” sobre esta reforma.
Según publicó El País, la idea del Gobierno es reducir a la mitad la pena de este delito en el Código Penal, lo que lo dejaría en una pena en torno a los seis años.
