El PP amplía su recurso de amparo al TC por la reforma judicial y pide que paralice la votación en el Senado
Además de haberse dirigido a la Mesa del Senado para intentar frenar esa misma votación, prevista para el martes.
Un paso más para frenar la controvertida y crucial reforma judicial exprés. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado ante el Tribunal Constitucional una ampliación de su recurso de amparo para evitar que se apruebe definitivamente y ha solicitado al Alto Tribunal que paralice la votación del martes en el Senado.
La decisión, conocida a última hora del viernes, llega justo después de que Génova (y también Vox) se haya dirigido a la Mesa del Senado pidiendo básicamente lo mismo, que paralizase la votación de la reforma. El jueves ya lo intentaron en el Congreso, pero la negativa de la presidenta a frenar el pleno echó por tierra sus esperanzas.
Fuentes populares han confirmado que el Grupo Parlamentario Popular ha “adjuntado el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados de la Comisión aseguraron que hay enmiendas que podrían “no tener una conexión material” además de no guardar “relación de homogeneidad mínima” con la proposición de ley.
Del mismo modo, lamentan y censuran que el presidente “obvió dichas advertencias y rechazó la petición del GPP de no incluir dichas enmiendas”.
Estas, prosigue Génova, son las que el Gobierno ha incluido en la proposición de ley para derogar la sedición y rebajar la malversación, lo que supone la modificación de dos leyes orgánicas (sobre el Constitucional y sobre el CGPJ) vía enmiendas de adición.
Los populares señalan también que, “aunque el dictamen de la proposición de ley fue votada en el Pleno del Congreso, su petición de amparo era referente al trámite parlamentario, por lo que el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el Alto Tribunal pueda actuar”.
Con esta medida de última hora (y casi de último recurso), los populares intentan neutralizar los intentos del Gobierno y los socios de investidura. Desde el cuartel general de los conservadores se justifica con que “pretende defender los derechos fundamentales de los parlamentarios para que se cumplan con todas las garantías. Esto es creer en el Estado de derecho y defenderlo”.
