El día más complicado del Constitucional: tumbar un pleno del Congreso o aceptar su renovación

El Tribunal Constitucional, que tiene cuatro mandatos caducados desde junio de este año, afronta este lunes el pleno más complejo que ha vivido en los últimos años: el que debe resolver si frena la tramitación parlamentaria de la reforma legal impulsada por la coalición de Gobierno para renovar a los magistrados de ese tribunal con mandato caducado o abrir una crisis institucional sin precedentes en la política española.

Los doce miembros del Tribunal Constitucional, decidieron posponer el jueves la decisión y sortear así el choque con un Congreso de los Diputados en el que se vivió una de las sesiones más duras y agrias que se recuerdan, con acusaciones cruzadas de golpismo y acoso a la democracia. Pero esta semana, la iniciativa que deroga el delito de sedición, rebaja el de malversación y modifica las leyes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional se tramita en el Senado.

La Cámara Alta ya ha fijado su agenda para esta semana, con la iniciativa en una Comisión de Justicia el martes y en el pleno el jueves, pero todos los ojos vuelven a estar en el Constitucional, que analiza el recurso presentado por el Partido Popular en el que pidió al tribunal de garantías adoptar medidas cautelarísimas para frenar esos cambios de última hora en el Código Penal.

Encima de la mesa, los magistrados progresistas y conservadores, tienen los informes presentados por PSOE, Vox y Unidas Podemos, además de la recusación del presidente del Tribunal Supremo, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez al estar afectados por la reforma que propone el Gobierno de Coalición. Ambos tienen el mandato caducado y saldrían del TC si se aprobara.

Además, en las últimas horas, el PSOE presentaba dos escritos más ante el Tribunal Constitucional para intentar frenar la tramitación del recurso de amparo que el Partido Popular registró el viernes. Los socialistas consideran que si se admite, el TC “vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes” y, además, se “perturbaría” el funcionamiento de las Cortes Generales.

En el otro escrito, sumándose a la recusación formulada por Unidas Podemos, el PSOE ha solicitado ante el TC que se aparte a los magistrados Pedro José González-Trevijano y Antonio Narváez Rodríguez. Alega que fueron nombrados por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a propuesta de su Ejecutivo, por lo que, podrían tener “interés directo o indirecto en el pleito o causa”.

Por su parte, los socios de Gobierno anunciaban también este domingo que a primera hora de este lunes registrará un escrito en el que pide a la justicia europea que intervenga en relación al pleno del Tribunal Constitucional y decida sobre una serie de cuestiones “prejudiciales que afectan al TC y al desarrollo del Pleno convocado para este mismo lunes”.

Unidas Podemos busca también con esta actuación judicial que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, deje “meridianamente claro” cómo debe aplicarse la abstención de magistrados en concreto en el Constitucional “que es el último órgano decisorio en vía interna de un Estado miembro” o si esa abstención “es un deber de carácter absoluto y automático cuando concurran las circunstancias legalmente previstas en el ordenamiento interno”.

El Tribunal Constitucional está dividido y la abstención de estos dos magistrados decantaría la balanza a favor del bloque progresista, contrario a paralizar de forma cautelar la tramitación parlamentaria de la ley. Todas las posibilidades están sobre la mesa, también que ni este lunes se sepa la decisión del pleno.