El Parlamento venezolano: historia de una mayoría absoluta bajo acoso

El Parlamento venezolano vive su momento más difícil ante la instalación mañana en la misma sede del poder Legislativo de la Asamblea Nacional Constituyente, que amenaza con darle la puntilla después de las estocadas recibidas en sus 17 meses de ejercicio por un Supremo acusado de servir al presidente Nicolás Maduro.

Agrupada en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la oposición obtuvo el 6 de diciembre de 2015 una holgada victoria contra el chavismo y se hacía, después de tres lustros de dominio oficialista, con el control de 112 de los 167 escaños de la Cámara.

Menos de un mes después de ese triunfo que daba a la MUD la mayoría de dos tercios requerida para tomar las decisiones más relevantes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendía las proclamaciones de 4 diputados del estado Amazonas (3 opositores y 1 chavista), privando a la oposición de esta mayoría cualificada.

La sentencia -fundamentada en un caso de supuesto fraude en esa región que aún no se ha verificado y mantiene a los legisladores suspendidos- fue el primer golpe a la nueva mayoría, y venía de antes de que esta tomara posesión en el Palacio Federal Legislativo de Venezuela.

Entre el 6 de diciembre y el 5 de enero, antes de que ocuparan sus escaños los nuevos diputados, el Parlamento chavista saliente juramentó a 33 nuevos jueces -algunos de los cuales impugnarían a los 4 diputados indígenas- en una designación relámpago tachada después de ilegítima por la Cámara opositora y la Fiscalía.

La medida del Supremo sobre los legisladores de Amazonas no fue acatada por el Parlamento, que al considerar que estaba viciada juramentó a los 3 diputados indígenas opositores.

El desafío trajo consigo una nueva sentencia, que el Supremo no ha retirado hasta ahora pese a la rectificación del Parlamento: la Cámara era declarada "en desacato", lo que hacía "nulos" todos sus actos y resoluciones.

Esta figura del "desacato", cuya validez jurídica desacreditan muchos expertos incluyendo a la fiscal, Luisa Ortega, ha permitido sortear el control parlamentario requerido por la Constitución para activar y extender repetidamente el decreto que permite al presidente tomar decisiones económicas sin la sanción de la Cámara.

La anulación de sus facultades -ratificada con diversas motivaciones por el TSJ en otros momentos de la legislatura- ha desactivado también la capacidad de fiscalización del Parlamento a jueces y otros funcionarios públicos.

Otras cortes, en este caso los tribunales penales de cinco estados, sirvieron el 20 de octubre de 2016 para anular, por un supuesto fraude detectado en la recolección de las firmas que debían avalarlo, el referendo para revocar a Maduro que la oposición había impulsado.

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LA MECHA

Pero la acción más ambiciosa de la Justicia contra el Legislativo estaba por llegar. Acababa el pasado mes de marzo cuando el TSJ se atribuía las funciones de la Cámara por su persistencia en el "desacato" y retiraba la inmunidad de los parlamentarios.

Estas dos medidas fueron después revocadas, pero encendieron la mecha de la actual ola de protestas, un fuego avivado por Maduro al convocar el 1 de mayo una Asamblea Nacional Constituyente llamada a apuntalar, con la obediencia de todos los demás poderes constituidos, la Revolución chavista y el Estado comunal que promueve.

De camino al 30 de julio, cuando entre protestas callejeras y pese al rechazo internacional se eligió entre unos candidatos íntegramente oficialistas a los miembros de esta asamblea convocada sin el referendo de aprobación previo que se le exigía, el Parlamento ha vivido un asedio más literal que el del TSJ.

Es el que protagonizan regularmente el grupo de civiles armados del chavismo que merodea la Cámara intimidando a diputados y periodistas y llegó asaltarla violentamente el 5 de julio para agredir salvajemente a varios legisladores y robar a los presentes.

La Constituyente ya representa en el discurso del chavismo gobernante a ese pueblo que le dio la mayoría absoluta a la MUD hace menos de dos años, en las últimas elecciones celebradas en el país en las que han tomado parte tanto el oficialismo como la oposición.

Se espera que esta Asamblea con poderes plenos y mandato de cambiar la Constitución se instale mañana en el Palacio Federal Legislativo, donde podría convivir con un Parlamento del que espera obediencia y que no la reconoce al verla como un instrumento de Maduro para legalizar su "dictadura".

Justo después de unas elecciones del domingo -en las que se ha denunciado un fraude masivo en los resultados oficiales de participación- Maduro insistía en situar la eliminación de la inmunidad parlamentaria como una de las prioridades de la Constituyente, y volvía amenazar con la cárcel a diputados opositores.

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