El Parlamento italiano aprueba la polémica ley sobre inmigración y seguridad
La norma introduce restricciones para los solicitantes de asilo y más controles, a la medida del polémico ultraderechista Matteo Salvini.
El Parlamento de Italia aprobó el pasado martes una ley que, entre otras cosas, introduce restricciones para los solicitantes de asilo y amplía las posibilidades de revocar su protección, además de introducir medidas contra la mafia y para la seguridad.
La Cámara de los Diputados (baja) dio luz verde al proyecto de ley por 336 votos a favor y 249 abstenciones, culminando así su tramitación, después de que el pasado 7 de noviembre fuera aprobado por el Senado por 163 votos a favor, 59 contrarios y 19 abstenciones.
La medida fue impulsada por el líder de la ultraderechista Liga y ministro del Interior, Matteo Salvini, y presentada en las dos sedes parlamentarias como una moción de confianza al Gobierno, una técnica usada para evitar las enmiendas y abreviar su aprobación.
Salvini expresó su "enorme satisfacción, no como ministro, sino como ciudadano italiano", pues, ha asegurado, la norma "dará más tranquilidad, orden, reglas y serenidad a las ciudades". Frente a su felicidad, unas 200 personas se manifestaron a las puertas del Parlamento para mostrar su rechazo a esta polémica ley y escenificaron un funeral por los derechos, bajo denuncias de racismo.
Estas son las claves para entender la nueva norma, que estrecha aún más los derechos de los migrantes en el país.
Sin permisos por motivos humanitarios
La nueva ley se articula en tres pilares: inmigración, seguridad pública e impulso a la lucha contra el crimen organizado.
En materia de inmigración se suspenden los permisos de residencia por motivos humanitarios, que se concedían durante dos años y daban acceso al mundo laboral y a la seguridad social a los refugiados, y en su lugar se introducen permisos de un año de "protección especial".
Además, se negará o rechazará la protección internacional en caso de que el inmigrante sea condenado en vía definitiva, también por los delitos de violación, venta de drogas, robo o extorsión, y se declara como "delito de particular alarma social" la mutilación genital.
La nueva ley alargará el plazo durante el que los inmigrantes podrán permanecer en los centros de identificación, pasando de los actuales 90 días a 180, un periodo que el Gobierno del euroescéptico Movimiento 5 Estrellas y la Liga consideran oportuno para identificar al solicitante.
Además, se destinan más fondos para la repatriación voluntaria de inmigrantes y se retirará la protección a quienes regresen a su país de origen, si no es por "graves y comprobados motivos".
Historial para el alquiler de vehículos
Sobre seguridad pública, la nueva ley estipula que las empresas de alquiler de vehículos comuniquen a la policía los datos de sus clientes para comprobar su historial y evitar así posibles atentados por atropello como los sucedidos en Niza, Berlín o Londres.
Permitirá a los agentes de ciudades con más de 100.000 habitantes el uso experimental de la pistola eléctrica Taser, y los clubes de fútbol deberán aumentar su aportación a la seguridad de los estadios, destinando entre el 5 % y el 10 % de la venta de billetes.
La ley extiende el conocido como Daspo, la prohibición de acceso a espectáculos deportivos para personas que hayan manifestado una conducta agresiva o peligrosa, que será aplicado también en áreas dedicadas a ferias, mercados y en hospitales.
Por último, en cuanto a la mafia, esta nueva medida incrementa los recursos destinados al ente que gestiona los bienes incautados a los criminales y liberaliza estas propiedades, que podrán ser ahora compradas por privados "con rigurosos controles" para que no vuelvan a manos de los clanes.
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