El Pacto de Toledo cierra el acuerdo de las recomendaciones para reformar las pensiones
Las prestaciones por jubilación se revalorizarán de acuerdo a la subida de los precios.
Habemus acuerdo. Tras cinco años de conversaciones sin llegar a un acuerdo, la comisión del Pacto de Toledo ha cerrado este viernes las negociaciones para renovar las recomendaciones sobre cómo debe ser la futura reforma del sistema público de pensiones.
Los portavoces de los grupos parlamentarios han acordado llevar el borrador a la comisión del Congreso, según explican fuentes parlamentarias. Allí el texto se discutirá públicamente y se someterá a votación el próximo martes 27 de octubre.
Si el texto saliera adelante en la comisión, se llevaría 10 días después al pleno del Congreso. El borrador consensuado puede sufrir todavía modificaciones y los grupos puede incorporar votos particulares.
La renovación de estas recomendaciones era un requisito para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acometa posteriormente la reforma del sistema de pensiones con el objetivo de garantizar su sostenibilidad, uno de los deberes pendientes de la economía española.
El problema no es menor. La Seguridad Social tiene un déficit estructural equivalente al 1,5% del producto interior bruto, según el Banco de España. Existe una diferencia anual entre ingresos y gastos de 18.000 millones. A raíz de la pandemia, el agujero se elevará este año hasta los 25.000 millones.
Las pensiones subirán con el IPC
Los grupos parlamentarios se comprometen a mantener el sistema público de pensiones, rechazando cambios que rompan con sus principios, como el de la solidaridad. Nuestro sistema se basa en el reparto: los mayores cobran su jubilación gracias a las cotizaciones de los trabajadores actuales.
Una de las principales recomendaciones acordadas está la revalorización anual de las pensiones cada año de acuerdo con la subida de los precios, según el índice de precios al consumo (IPC), para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.
Esto supondría acabar con el criticado índice de revalorización de las pensiones, el famoso 0,25%, aprobado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. A pesar de que esta reforma sigue vigente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar una subida de las pensiones del 0,9%.
Los gastos impropios se asumirán desde los PGE
El borrador también señala que se debe garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por eso defiende que las cotizaciones sociales deben acompañarse de otras vías de ingresos.
Además, recomienda que la administración central realice transferencias a la Seguridad Social si esta necesita recursos, en lugar de los préstamos que se hacen actualmente. Se sigue así la recomendación del Tribunal de Cuenta, con el objetivo de no aumentar la deuda del sistema.
El borrador también propone sacar del sistema una serie de gastos denominados impropios. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estima el importe de estos gastos impropios en 23.000 millones de euros.
El objetivo es que estos gastos sean asumidos con impuestos y no desde las cuentas de la Seguridad Social. Este traspaso a los Presupuestos Generales del Estado tiene que completarse en 2023, es decir, antes de que termine la actual legislatura.
El Gobierno ya tiene previsto iniciar este camino en las cuentas públicas de 2021, que está previsto que lleguen al Consejo de Ministros de la próxima semana.
La pensión se calculará con los 25 años mejores
El texto también asume la ampliación del número de años necesarios para calcular la pensión, que se situará en 25 años en 2022. El borrador apuesta porque se puedan escoger los mejores años para evitar que lagunas de cotización afecta a la prestación.
Asimismo, el texto respalda las medidas para acercar la edad real de jubilación, cuya media es 64 años y 6 meses, a la establecida por la ley. La edad legal de retiro se encuentra actualmente en los 66 años en 2021 y se incrementará poco a poco hasta alcanzar los 67 años en 2027.
