Igualdad anuncia que se garantizará por ley la autodeterminación de las personas trans

La autodeterminación del género y la despatologización de la transexualidad son compromisos del Gobierno de coalición que se verán recogidos en la legislación española, han subrayado este miércoles fuentes del Ministerio de Igualdad.

“Evidentemente la autodeterminación de género se va a reconocer como un derecho (...) El mensaje que quiere mandar el Gobierno de España es claro: este Gobierno apoya a las personas del colectivo LGTBI con todas sus letras y es consciente de la deuda histórica que tiene con las personas trans, que han luchado por los derechos de todos”, han precisado esas fuentes.

Igualdad prevé avanzar en los derechos de las personas de este colectivo a través de tres leyes: la de igualdad LGTBI, la ley trans y la ley de igualdad de trato, para las que espera recabar un “gran consenso político”.

Esta semana, coincidiendo con la celebración del Orgullo, se ha puesto en marcha el trámite de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de ley LGTBI, con el objetivo de recibir aportaciones de la sociedad civil.

Con la vista puesta en esas leyes, Igualdad ha dictado una orden ministerial para crear un Consejo de Participación LGTBI que empezará a reunirse en septiembre y que participará en el desarrollo normativo de estas medidas.

De las tres normas que prevé sacar adelante Igualdad, la ley LGTBI sería la que está más avanzada.

Las fuentes de Igualdad consultadas son optimistas respecto a los consensos políticos para que se aprueba en el Parlamento, puesto que en la legislatura XII una ponencia ya sentó las bases de su contenido.

Poco se ha detallado del contenido que tendrá la Ley trans, pero las fuentes ministeriales han hecho hincapié en que será integral y apostará por la despatologización de la transexualidad y la autodeterminación del género con seguridad jurídica.

Han explicado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende que la transexualidad no es una patología y que España no puede ir por detrás y han recordado que el Tribunal Constitucional sostuvo en 2019 que los menores no pueden ser privados del derecho a la identidad de género.

Igualdad trabajará asimismo junto a la Vicepresidencia de Asuntos Sociales en la “identidad sentida y de género en los menores”.

Desde el Ministerio son conscientes de que los trámites de estas leyes serán largos y “es muy difícil prever” cuándo podrán aprobarse, pero han sostenido que se abordarán con urgencia y como una “cuestión política relevante”.

“Se consideran dos normas de carácter urgente porque afectan al día a día de millones de españoles, queremos mandar un mensaje pedagógico a la sociedad de que es una cuestión de derechos fundamentales en la que tiene que estar todo el arco de colores políticos”, han incidido.

Precisamente esta mañana, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado en la presentación de los actos del Orgullo 2020 que el Gobierno prepara un marco legal para remover los obstáculos que impiden a las personas LGTBI disfrutar de la igualdad real y la participación plena en la sociedad y la política.

La ley LGTBI, ha dicho, será una norma “eminentemente pedagógica” que contribuirá a acabar con la discriminación y los discursos de odio contra este colectivo, así como a garantizar sus derechos.

Y en cuanto a la legislación integral para el colectivo trans, Montero ha afirmado que las vidas de las personas transexuales importan al Ejecutivo y ha asegurado que no va a haber retrocesos institucionales: “El Gobierno va a hacer todo lo posible para que sus vidas sean dignas de ser vividas, sean vidas libres y sobre todo vidas felices”.

Un anuncio que llega en plena polémica

Este anuncio por parte del Gobierno llega en un momento en el que las personas trans están en el centro del debate de ciertos sectores del movimiento feminista. Incluso ciertos sectores del PSOE lanzaron el pasado 9 de junio un argumentario en contra de la autodeterminación de género y la teoría queer.

En dicho documento se aseguraba que “el sexo es un hecho biológico” y que “las consecuencias de manipular confusamente dichos términos están poniendo en riesgo el propio concepto jurídico y sujeto político mujer”. Este argumentario no contaba ni con el apoyo total del PSOE ni con el de los socios de Gobierno, Unidas Podemos, que ya plantearon en su acuerdo de Gobierno con el PSOE su voluntad de aprobar estas leyes de protección al colectivo LGTBI y a las personas trans en particular.

Con respecto al debate generado dentro del colectivo feminista con la teoría queer, Montero dejó claro este martes que la protección de las personas trans era una “prioridad”. “Si hablamos solo de teorías se nos olvida que hablamos de seres humanos de personas que sufren y que tienen que ver un respaldo por parte de las administraciones públicas españolas para garantizar sus derechos y para que puedan acceder a un empleo, a una educación y a una sanidad en igualdad de condiciones. Porque eso es lo que se espera de una sociedad y de un país como España”, dijo entonces.