El juez reactiva el caso 'Morodo' citando al ex embajador en Venezuela y a otra veintena de personas para septiembre
Interrogará también al ex viceministro 'chavista' Nervis Villalobos en calidad de testigo.
El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha dado un nuevo impulso a la investigación sobre el dinero que el ex embajador español en Caracas Raúl Morodo y su entorno habrían recibido de la petrolera venezolana PDVSA, acordando más de una veintena de declaraciones para el próximo mes de septiembre, incluida la del diplomático y su hijo.
El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 ya acordó esta ronda de comparecencias en un auto del pasado 8 de julio pero aún estaba pendiente de poner fecha, algo que ha hecho en una providencia del 14 de julio.
Las declaraciones comenzarán el 20 de septiembre con Morodo y su hijo Alejo, a los que seguirán la ex mujer del primero Cristina Cañeque y la esposa del segundo, Ana Catarina Varandas, todos como investigados. Al día siguiente comparecerán los también imputados Carlos Adolfo Prada Gómez, Marisol Varela y Ana Korina Ulloa.
El 21 de septiembre, Abascal preguntará asimismo a Villalobos, ex viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006 que fue detenido en Madrid en 2017 a petición de Estados Unidos por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a PDVSA, si bien ya se encuentra libre.
Del 22 al 24 de septiembre, ambos inclusive, Abascal tomará declaración a otras quince personas, todas como testigos, entre ellas Guillermo Morodo, hermano del otrora embajador.
Documentación bancaria
Abascal ha aceptado así las diligencias propuestas por la Fiscalía Anticorrupción al considerarlas “pertinentes, necesarias y proporcionadas” para esclarecer “definitivamente los hechos y presuntos culpables”.
Anticorrupción esgrimió que era necesario volver a escuchar a Morodo, así como a otros investigados y a los testigos, en relación con la documentación bancaria que se ha obtenido tanto de entidades españolas como de otros países y con los archivos incautados en algunos registros.
En el mismo escrito, el Ministerio Público pidió prorrogar la instrucción seis meses aludiendo a la “imposibilidad” de concluir las pesquisas a tiempo, dado que están pendientes de contestación varias comisiones rogatorias.