El juez que controló teléfonos de periodistas será juzgado el 27 de febrero
Cuando investigaban el caso Cursach.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha señalado para el próximo 27 de febrero el juicio contra el juez Miguel Florit, acusado de varios delitos por ordenar la requisa de los móviles de dos periodistas y el control de sus comunicaciones y las de sus empresas cuando investigaba el caso Cursach.
La Fiscalía, que apoyó la actuación de Florit, no ejercerá la acusación en este juicio, en el que sí están personadas como acusaciones la Agencia EFE, la empresa editora de Diario de Mallorca, los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, Europa Press y la Asociación de Medios de la Información.
Los periodistas y las empresas atribuyen a Florit los delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del secreto profesional y el derecho a la intimidad y de interceptación ilegal de comunicaciones y reclaman para el juez 42 años de inhabilitación.
“Caracteres de delito”
La magistrada que instruyó la causa señaló al acabar sus actuaciones que “los hechos investigados revisten los caracteres de delito y que existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado” y fijó una fianza para el procesado de 60.166 euros. En el juicio también estará personado como responsable civil subsidiario el Estado.
A finales de 2018, en el ámbito de la investigación sobre el supuesto entramado corrupto liderado por el empresario Bartolomé Cursach, Miguel Florit, tercer instructor del caso, autorizó a la Policía a reclamar los registros de llamadas de las delegaciones en Palma de la Agencia EFE y Europa Press y de la redacción de Diario de Mallorca, a requisar material informático en oficinas de estas dos últimas empresas y a incautar el teléfono de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre.
El juez investigaba la filtración de un informe sobre presuntos delitos fiscales que habían publicado distintos medios de comunicación.
Vulneración del derecho constitucional
Las principales organizaciones profesionales de Baleares y el conjunto de España consideraron esta actuación una vulneración del derecho constitucional de los periodistas a mantener en secreto sus fuentes de información.
El juez Florit, apartado del caso Cursach, se sentará el 27 de febrero en el banquillo después de jubilarse, puesto que el Consejo General del Poder Judicial aceptó que su solicitud de retiro voluntario sea efectiva desde el próximo 31 de enero.
