El juez del caso Acuamed pide a la Fiscalía que revise su petición de penas tras la reforma de la malversación
Considera que el cambio del artículo 432 del Código Penal puede impedir que se reclamen penas superiores a los nueve años de prisión
El juez que investiga el caso Acuamed, Manuel García Castellón, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise el escrito en el que solicitaba el procesamiento de los imputados por si tiene que hacer alguna modificación a raíz de la reforma del Código Penal que rebaja algunas penas del delito de malversación y que entrará en vigor este jueves.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional acuerda prorrogar tres meses la instrucción de esta causa para dar tiempo a la Fiscalía a pronunciarse ante esta reforma, que sería sobre el primer caso de corrupción sobre el que lo haría tras su aprobación.
Según el juez, la entrada en vigor de la reforma, aprobada a finales de diciembre, “podría suponer una revisión del escrito del fiscal, en la medida que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede la transformación a sumario”.
Además, “de acordarse la transformación, se requiere también la citación de todos los procesados para la declaración indagatoria”, una diligencia, dice García Castellón, que no debería verse “afectada por la superación del plazo máximo de duración de la instrucción”.
Fue el pasado 29 de noviembre cuando la fiscal anticorrupción pidió transformar a sumario, procedimiento que se sigue cuando se investigan hechos que podrían ser constitutivos de delitos con penas mayores de nueve años de cárcel, así como la declaración indagatoria de los imputados. Pero el juez considera que el cambio del artículo 432 del Código Penal puede impedir que se reclamen penas superiores a los nueve años de prisión.
La posibilidad de tener que citar de nuevo a los procesados, la necesidad de “tener un marco adecuado para que estas declaraciones puedan practicarse dentro del periodo de instrucción, unido a las “excepcionales circunstancias generadas por la reciente modificación legal, determinan la oportunidad de decretar” una nueva prórroga de la instrucción, explica el juez.
El titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional investiga el caso Acuamed desde enero de 2016 por un supuesto desvío de fondos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
