El juez de 'Púnica' exonera a Aguirre y González pero procesa a Granados por la presunta 'caja b' del PP de Madrid
Se alinea con Anticorrupción, que había pedido sacar de la causa tanto a la ex presidenta madrileña como a su sucesor
El juez de la Audiencia Nacional que ha investigado desde 2014 el caso Púnica ha archivado la causa sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid en 2007, 2008 y 2011 para los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, mientras que ha propuesto juzgar al exconsejero Francisco Granados.
Como hiciese el año pasado con la también expresidenta regional Cristina Cifuentes, el magistrado Manuel García Castellón ha acordado sacar de la causa a Aguirre y a González en atención al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió el archivo del procedimiento para ambos, fundamentalmente debido a la prescripción y a la falta de indicios sólidos.
Tras años de investigación, de los 79 imputados, el magistrado sólo ha visto indicios para sentar en el banquillo a ocho, incluido quien fuese secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el exgerente Beltrán Gutiérrez, por la presunta financiación irregular del partido en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento online de altos cargos.
Lo que ocurre con Aguirre y González es que los delitos de falsedad electoral vinculados a las elecciones autonómicas de 2007 y 2008 estarían prescritos, de modo que el juez ha decidido no enviarles a juicio en el auto, conocido este viernes, en el que también rechaza la petición del PSOE y de ADADE de investigar al PP.
Además de a Granados y Beltrán, el juez acuerda procesar al que fuera jefe de Gabinete de Aguirre Borja Sarasola; a la ex directora general de Medios de la Comunidad Isabel Gallego; al ex consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de Madrid José Martínez Nicolás y al empresario Alejandro de Pedros, entre otros.
En contra del criterio de la Fiscalía, también archiva la causa para el exconsejero madrileño Salvador Victoria.
Entre los delitos que se han investigado figura prevaricación, malversación, fraude en la contratación, falsificación, cohecho, delito electoral y tráfico de influencias.
No hay indicios de que Aguirre supiera lo que ocurría
Además de la prescripción de los delitos electorales, el juez cree que no hay “indicios que permitan afirmar” que Aguirre conocía la supuesta financiación irregular que se ha investigado.
Pese a que una conversación mantenida en marzo de 2017 con quien fue su sucesor, Ignacio González, podría revelar que Aguirre “podía sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral”, el juez cree que dicha conversación también desvela que la expresidenta “no tenía conocimiento de cómo había sucedido”.
Y cree que es “insuficiente” sostener una acusación contra ella por haber tenido una “ignorancia deliberada” de estos hechos a tenor de “la ausencia de indicios”.
Reconoce asimismo que Aguirre se benefició de los trabajos de reputación y posicionamiento online que llevó a cabo un empresario, Alejandro De Pedro, si bien reitera que la investigación no ha conseguido acreditar que supiese “ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”.
Y aunque también inferirse que González pudo saber que existían esos trabajos, dice el juez, tampoco se ha acreditado “su participación en ninguna actuación” constitutiva de infracción alguna.
La contabilidad del PP “no respondía a la realidad”
El juez analiza en su auto, contra el que cabe recurso, la operativa desplegada por el comité de campaña del PP para ocultar los gastos reales en las elecciones de 2011, las únicas que no habrían prescrito.
En la cuenta electoral se registraron costes de 2,9 millones de euros y así fue declarado ante la Cámara de Cuentas, si bien los gastos totales que aquellas elecciones supusieron para el PP de Madrid ascendieron a 6,8 millones.
Es decir, la contabilidad presentada oficialmente “no respondía a la realidad de lo sucedido”, dice el juez, que cree que fue necesario “contar, como se había hecho en periodos electorales previos” con “empresarios afines” que facturasen sus servicios al PP bajo otros conceptos.
Se acudió también, según el magistrado, a “fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado” y se trasladaron esos recursos “a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas”.
La vía esencial de recursos irregulares era, según el auto, aportaciones de dinero en efectivo entregadas, directa o indirectamente, a Francisco Granados, entonces secretario regional del PP y principal investigado en el caso Púnica.
El juez afirma que Granados era quien registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra y después descontaba una cantidad que retenía para sí mismo o para terceras personas. El resto se lo hacía llegar al gerente, Beltrán Gutiérrez, encargado de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas.
Otra fuente de financiación procedía de la Fundación Fundescam, cercana al PP y desde la que se desviaron fondos para abonar gastos electorales del partido.
