El “insólito” caso de Pablo González, el periodista español acusado de espía ruso

Al principio, la noticia fue acogida con asombro: Pablo González, periodista colaborador de laSexta y Público, había sido detenido el 28 de febrero en Przemyśl (Polonia) mientras cubría el éxodo de refugiados ucranianos. Al poco tiempo, vino el estupor: las autoridades polacas lo acusaban de pertenecer a la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General de la Federación Rusa (GRU). Después, el morbo: González tenía dos pasaportes con dos identidades –rusa y española–, y los servicios del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habían visitado días antes a sus familiares en España en busca de información, tal y como reconoció la propia ministra de Defensa, Margarita Robles. 

La mayor parte de la opinión pública y de la sociedad españolas se quedaron en ese punto. En cambio, los familiares, los amigos y el abogado de Pablo pasaron de no dar crédito a denunciar lo que consideran una grave vulneración de los derechos fundamentales del periodista, como ser humano en general, como ciudadano de la Unión Europea en particular. 

En las casi tres semanas que han pasado desde entonces, el abogado del periodista, Gonzalo Boye, no ha podido hablar con él, ni visitarlo, ni acceder a documentos o pruebas oficiales que atestigüen el motivo de la imputación. En todo este tiempo, González sólo ha tenido dos comunicaciones con el exterior: la primera, al ser detenido, cuando le permitieron hacer una breve llamada a su mujer para avisarle del arresto; la segunda, a través del cónsul español en Polonia, que fue a visitarlo a la cárcel y comunicó a sus familiares que González estaba “bien”. 

Cuatro días después de la detención, González pasó a prisión provisional y fue trasladado a Rzeszów, donde permanecerá al menos tres meses según el comunicado polaco, que advierte de que la participación en actividades de inteligencia extranjera contra Polonia, que recoge el artículo 130 de su Código Penal y que imputan al periodista español, se castiga con hasta 10 años de cárcel.

Trabas y más trabas para acceder a él

El abogado Gonzalo Boye sostiene, en declaraciones a El HuffPost, que “nunca” antes se ha dado un caso igual en el seno de la Unión Europea. Para muestra, un botón: hace sólo dos meses, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por impedir que un preso de ETA accediera a un abogado de su elección.

Pablo González no ha tenido acceso a un abogado al menos en las dos primeras semanas tras su detención. Ahora le han asignado una abogada de oficio polaca, con quien Boye no ha podido establecer una comunicación fluida. “Le he mandado un extenso mail, en inglés y en polaco, pidiéndole una serie de datos y aportándole otros. Su respuesta ha sido: ‘Yes, I am Pablo’s lawyer’ [Sí, soy la abogada de Pablo]”, explica Boye por teléfono.

El abogado cuenta que las autoridades polacas establecieron una serie de requisitos para que pudiese visitar a su cliente; “una semana después de entregarles toda la documentación traducida al polaco, ahora requieren que sea con traducción jurada”, señala Boye. “Es bastante sospechoso que no quieran que veamos a Pablo”, dice. 

Interrogatorio en Ucrania y visita del CNI a su familia

Juan Teixeira, fotoperiodista compañero y amigo de Pablo González, tiene una sensación parecida. “No sabemos absolutamente nada. Ohiana [la mujer de Pablo] está en contacto con las autoridades españolas y con su abogado. Nos dicen que están haciendo todo lo posible, pero no sabemos más. Hay mucha opacidad al respecto. La mayor impotencia es que no sabemos nada”, resume por teléfono.

Teixeira se siente concernido por ser amigo y colega de Pablo González, pero también porque ambos estaban trabajando juntos cuando, a principios de febrero, González tuvo un primer incidente con los servicios secretos ucranianos. 

“Estábamos trabajando en el frente, en Avdeevka, en el este de Ucrania. En un momento, en un control militar, los militares le hacen una fotografía de su pasaporte. Posteriormente, nos llama el SBU [servicios de inteligencia ucranianos], exigiendo que nos personemos inmediatamente en sus oficinas centrales de Kiev”, cuenta. Los dos se desplazan entonces hasta la capital –“unas 12 horas de camino”–, donde retienen “unas cuatro horas” a Pablo González, “interrogado y acusado de prorruso sin mayores pruebas que el hecho de escribir para el diario Gara y tener una tarjeta de Caja Laboral Kutxa”, explica Teixeira.

Según el relato de Teixeira, tras el interrogatorio sueltan a Pablo, “invitándolo a que se vaya del país”. Aún no ha comenzado la guerra en Ucrania, pero la escalada de tensión es máxima, y la idea inicial de los periodistas es permanecer allí un tiempo más. “Pablo habla con el cónsul español en Ucrania, que le dice que si no hay orden de expulsión es libre de quedarse”, indica Teixeira. Después, las cosas se tuercen. Pablo se entera de que el CNI ha estado visitando a su familia y amigos en España, “y entonces se huele que está pasando algo raro y decide volver” a su casa, en Euskadi.

Por aquel entonces, González está casi convencido de que la guerra no va a estallar, pero aun así deja clara su postura antibelicista en Twitter:

Una vez en España, Pablo hace vida normal, se deja ver, y “no tiene más noticias de nadie en unos 15 días”, cuenta Teixeira. “Él sobreentiende que lo han investigado, que no han visto nada y que ahí queda el asunto. Así que decide irse a Polonia para cubrir el éxodo de refugiados ucranianos, y ahí es donde lo detienen”, recopila el fotoperiodista. A este último viaje, Teixeira decide “no acompañarlo”. “Me olió bastante mal la situación, preferí no arriesgarme”, dice.

Dos pasaportes y dos nombres: “Nunca lo ha escondido”

Uno de los aspectos que más llamó la atención sobre este caso –y sobre el cual se desinformó en un primer momento– fue el hecho de que Pablo González tuviera doble nacionalidad rusoespañola, así como dos identidades. La explicación es relativamente sencilla.

González nació en Moscú en 1982, hijo de padre ruso y de madre con origen español –hija de ′niños de la guerra’ que se refugiaron en la Unión Soviética–. En Rusia le pusieron el nombre de Pavel Rubtsov, pero en 1991, cuando sus padres se separaron y la madre y él se mudaron a España, decidieron ‘castellanizarle’ el nombre –de Pavel a Pablo– y que en España adoptara el apellido de la madre, González en lugar de Rubtsov.

“Entiendo que haya podido llevar a confusión en un primer momento –reconoce Juan Teixeira–, pero es muy fácilmente verificable que está todo en orden. Es la misma persona, nunca lo ha escondido, ni mucho menos. No es nada extraño”, insiste el amigo de González.

El abogado Gonzalo Boye asegura, del mismo modo, que no hay nada ilícito en esto. “Tengo los dos pasaportes [de Pablo], y el documento del Ayuntamiento de Getxo que explica por qué desde el año 91 tiene dos pasaportes con dos nombres, por una sentencia de divorcio que acuerda que en Rusia será Pavel y en España será Pablo”, apunta.

La “burocracia polaca”, responsable de esta situación, según Exteriores

El HuffPost se ha puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores para conocer en qué punto están las comunicaciones con el consulado y la embajada de Polonia con respecto a este caso. Exteriores confirma que ofrecieron a Pablo González “asistencia consular” desde el momento en que se les comunicó oficialmente su detención en Polonia –pasados unos días tras el arresto–, y que mantienen el contacto con la familia y el abogado del periodista. Reconocen que Boye y González “no han podido verse” todavía, algo que achacan “fundamentalmente” a “toda la burocracia polaca”. 

“La Embajada está haciendo todo lo que puede por concretar esta visita”, aseguran desde Exteriores, pero “la burocracia polaca debe ser bastante complicada y el hecho de que el abogado no fuera polaco dificultaba todos los trámites”. Ese es el motivo, aparentemente, por el que ahora se le ha asignado un abogado polaco de oficio. “Hay que someterse a la ley del Estado, en este caso Polonia”, señalan desde el Ministerio que dirige José Manuel Albares, al tiempo que insisten en que “la parte burocrática está siendo bastante compleja”.  

RSF: “No es tolerable esta desatención legal”

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) también sigue este caso con inquietud desde hace días. El 28 de febrero, pidieron la “inmediata puesta en libertad” del periodista ante lo que parecía una detención por el ejercicio de su profesión –Polonia está “lejos de cumplir con los estándares comunitarios deseables en cuanto a libertad de prensa”, recuerdan–; dos días después, la organización emitió un comunicado en el que urgía a las autoridades polacas a explicarse sobre la detención de Pablo González y a garantizar sus derechos, reconociéndose “alarmada” ante la incomunicación y la falta de asistencia legal de González. 

Este jueves, RSF insistió: “Queremos recordar que Pablo González es un periodista de un Estado miembro de la UE detenido en otro Estado miembro de la UE, privado de asistencia legal por dos semanas y cuyas garantías procesales y derechos fundamentales deben ser respetados, al igual que su presunción de inocencia”, escribieron en Twitter.

Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF, lamenta “mucho” lo que está ocurriendo con el periodista. “Sean o no verdad las acusaciones, no me parece justo. No es tolerable esta desatención legal después de más de 15 días, no se sostiene”, critica. “Las garantías legales deben ser respetadas, y en la Unión Europea más”, recalca.

Rodríguez confiesa que no conoce un solo caso anterior de algún periodista europeo detenido y desatendido de esta manera en suelo comunitario. “Es algo sin precedentes”, sostiene. “Es muy, muy insólito y, para nosotros, sienta un precedente en la UE”, advierte. “El contexto es el que es, pero eso no es excusa”, remacha la vicepresidenta de RSF. 

Tanto ella como el entorno de Pablo González están convencidos de que la guerra en Ucrania desatada por Vladimir Putin –y su consiguiente ambiente de suspicacias hacia Rusia, cuando no directamente rusofobia– han jugado en contra del periodista. Pablo González habla ruso, visita Rusia con frecuencia –su padre sigue viviendo allí– y tiene vínculos con su cultura, pero hasta hace dos meses eso no lo hacía sospechoso de nada.  

Lo que no cuadra de la acusación

“Pablo es mi amigo, hemos trabajado juntos muchas veces, y me parece un absurdo lo que le está pasando”, cuenta a este periódico Ricardo Marquina, corresponsal en Rusia desde 2008 y documentalista. “Si Pablo es un espía, yo soy un espía, porque hemos estado en los mismos sitios a las mismas horas, hemos estado trabajando juntos y nunca hemos accedido a información sensible”, dice. “Me parece un absurdo acusar a Pablo de espionaje, pero, además, el trato que le están dando es indigno”, lamenta Marquina. El documentalista lo achaca a “la histeria de momentos de guerra”. Pero eso no lo justifica. 

Esa “histeria” tampoco parece ser argumento suficiente como para que Polonia se precipitara el 4 de marzo al emitir un comunicado que, en palabras de Edith Rodríguez Cachera, era “difuso” y “daba pábulo a la especulación” sin aportar datos concretos. Dicha nota, firmada por el portavoz del Ministro Coordinador de Servicios Especiales, hablaba de “amplias evidencias sobre el detenido”, sin decir cuáles, claro. 

En Polonia también hay gente que recibió con estupefacción las noticias sobre Pablo González. El 14 de marzo, Piotr Niemczyk, exdirector de uno de los órganos de la inteligencia polaca, publicó una tribuna en la Gazeta Wyborcza en la que prácticamente se burla de los servicios secretos polacos por la acusación de espionaje contra González. 

Apunta Niemczyk el sinsentido de que la contrainteligencia ucraniana interrogara a González y el CNI a su familia y ninguno de estos organismos le impidiera viajar o emitiera una orden en su contra. Le sorprende también al polaco que un supuesto “agente ruso” escriba reportajes en defensa de los derechos humanos o apoye a los refugiados ucranianos que huyen de la guerra de Putin. 

Si tienen las pruebas, que apliquen el derecho

El caso, al fin y al cabo, asombra a cualquiera. Pero quienes lo siguen de cerca, y sobre todo sus allegados, insisten: “Aunque realmente tuvieran las pruebas de que es un espía, tienen que aplicar el derecho, y no lo están haciendo”, recalca su compañero Juan Teixeira.  

“Tenemos una carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que hay que respetar”, prosigue Edith Rodríguez Cachera, de RSF. “Más allá del morbo que genere el caso de Pablo González, hay dos cosas que son inalienables: la presunción de inocencia y el respeto en todo momento de sus derechos fundamentales y garantías procesales”, recuerda. “Y parece que esto está fallando desde hace más de 15 días”.