El Congreso convalida la reforma de la plusvalía, que se tramitará como ley
PP y Vox han votado en contra porque creen que debería haberse suprimido tras la sentencia del tribunal.
El Gobierno ha recabado los apoyos suficientes en el Congreso el apoyo de sus socios para convalidar el decreto ley con la nueva formulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, pero no el de PP y Vox, que creen que debería haberse suprimido tras la última sentencia del Tribunal Constitucional.
El real decreto ley, aprobado en Consejo de Ministros el 7 de noviembre, ha sido convalidado por 198 votos a favor, 135 en contra y 5 abstenciones.
Durante su defensa del decreto, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha presumido del “tiempo récord” entre la sentencia y la entrada en vigor de una norma que, ha dicho, integra también la jurisprudencia de dos sentencias anteriores (la primera del año 2017) sobre la no aplicación del impuesto cuando no hubiera incrementos de valor y de la imposibilidad de que la cuota fuera mayor a la propia plusvalía obtenida.
Montero ha subrayado que el impuesto “es plenamente constitucional”. “Conviene aclarar que el Tribunal Constitucional nunca cuestionó su naturaleza” y que, con los cambios, su formulación, es “más justa”.
También ha recordado, anticipando la reclamación de fondos de compensación municipales, que los ingresos corrientes municipales en los nuevos Presupuestos son un 11% más a los de este año, 22.122 millones de euros, y que el impuesto se aplica en la mitad de municipios y que en un 75% de estos apenas supone el 3% de su recaudación.
Los socios piden reformas en la financiación local
“Era necesario, pero no deja de ser un parche”, ha lamentado, por ERC, Joan Margall, que al igual que el Ferrán Bel (PDeCAT), Josep Pagès (Junts) o José María Mazón (PRC) han pedido medidas compensatorias desde una reforma de la Ley de Haciendas Locales y, por ende, de la financiación municipal.
“El Gobierno ha vivido en una burbuja y ha sido negligente”, ha criticado Pagès que, en todo caso, apoyará el decreto, tras lamentar la tardanza del Ejecutivo y su legislación “a espaldas del mundo local y municipalista”.
Por su parte, Mari Carmen Martínez Granados, de Ciudadanos, ha abogado por aumentar la financiación de las entidades locales a costa de los tributos estatales que gravan plusvalías de bienes e inmuebles, tanto en IRPF como en Sociedades, pero suprimir el de plusvalía, por lo que ha avanzado su abstención.
El PP duda que sea legal y Vox lo recurrirá
Unas explicaciones que no han convencido al PP, que ha buscado un ‘careo’ con la ministra en la utilización del turno en contra ―no correspondido por Montero, que ha descartado volver a intervenir― en el que su portavoz fiscal, Carolina España, ha lamentado cómo el Gobierno “ha perdido una oportunidad de oro para suprimir el impuesto”.
Es más, ha dicho que su reformulación, modificando la esencia del mismo, su base imponible, “puede considerarse un nuevo impuesto”, algo que no se puede vehicular en un decreto ley, un argumento abundado por su homóloga en Vox, Inés Cañizares, que ha anticipado su recurso de inconstitucionalidad, entre acusaciones de “atraco”, “engaño”, y “esquilme” a los ciudadanos con el nuevo impuesto.