El Gobierno pondrá en marcha el ingreso mínimo vital en mayo
Esta renta mínima pretende beneficiar a un millón de hogares, entre los que se incluirían 100.000 monoparentales
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, ha explicado este miércoles en el Congreso que el ingreso mínimo vital que prepara su departamento se pondrá en marcha en “semanas”.
Fuentes de la vicepresidencia segunda han explicado a El HuffPost que el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han llegado a un acuerdo para que esta ayuda empiece a funcionar desde el mes de mayo, como pedía el primero. Iglesias y Escrivá darán a conocer los detalles de la medida este jueves.
Esta ayuda económica se incluyó en el acuerdo de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos, pero su implantación se ha acelerado ante la virulencia de la crisis económica provocada por la pandemia.
A diferencia de la renta básica universal que proponía Podemos en sus inicios, esta prestación llamada ingreso mínimo vital es una renta mínima, es decir, no la recibirá toda la población sino que se dirige a los colectivos más vulnerables.
Otra diferencia es que esta ayuda económica tendrá en cuenta la situación de los hogares y no la de los individuos. Así lo ha explicado Escrivá en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso a la que ha acudido a petición propia y de PP y ERC para explicar las medidas tomadas por su departamento para paliar la crisis provacada por el coronavirus.
El Ejecutivo no dispone todavía de cifras concretas de los potenciales beneficiarios que se podrán acoger a esta medida, ya que se encuentra cruzando datos con la Agencia Tributaria. Los cálculos preliminares estiman que se situará en torno al millón de hogares. Escrivá ha señalado que un 10% de los beneficiarios serían familias monoparentales: entre 90.000 y 100.000.
Este ingreso mínimo vital será complementario a las ayudas similares existentes en las comunidades autónomas, entre las que destacan las más exitosas en Euskadi y Navarra. El objetivo de esta prestación es ayudar a acabar con la pobreza extrema en la que viven muchas familias del país.
Escrivá ha recordado en su intervención de que el porcentaje de familias en situación de pobreza extrema es “de los más altos de Europa”. “Nuestro sistema de protección social está cojo a la hora de reducir la pobreza. De los 27 países miembros de la UE, somos el 22 en capacidad de reducir la pobreza”, señalaba recientemente Liliana Marcos, especialista en políticas públicas y desigualdad de la oenegé Oxfam Intermón, a El HuffPost.
El objetivo de esta renta mínima es que esas familias puedan salir de esa situación de extrema necesidad. Escrivá ha explicado que tendrá un “itinerario de inclusión” que pondrá atención en la situación de las familias para que alcancen “los umbrales de protección”.
Gracias a este acuerdo, el Gobierno de coalición pone fin a un nuevo pulso que habían mantenido entre los representantes de Unidas Podemos y del PSOE en el Ejecutivo sobre la urgencia de poner en marcha una renta mínima para paliar las consecuencias del coronavirus.
Los ministros de la formación morada defendían una renta mínima puente de manera inmediata, mientras los socialistas apostaban por que la ayuda que se diseñara fuera definitiva.
La portavoz del PP en la comisión, Pilar Marcos, ha acusado al Gobierno de lanzar globos sonda con los anuncios sobre la renta mínima que se han producido en las últimas semanas. La representante conservadora ha señalado que esta aprobación puede “dificultar las negociaciones del Gobierno con la UE en su intento de mutualizar los costes”, sin tener en cuenta que es una ayuda existente en muchos países de la unión.
El representante de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha apremiado a Escrivá a poner esta renta mínima en marcha en el menor tiempo posible, ya que la situación de muchas familias depende de esta medida.
Los portavoces de formaciones regionales como EH Bildu o Compromís han recordado las ayudas similares existentes en algunas comunidades. El diputado valenciano, Joan Baldoví, ha propuesto un sistema similar al de la dependencia, financiado al 50% entre las autonomías y el Gobierno central.
