El Gobierno plantea nuevos ERTE para reciclar trabajadores y reestructurar sectores enteros
Los dos nuevos se sumarán a la ya existente modalidad de fuerza mayor.
El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales el borrador con la legislación de los nuevos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) permanentes, según ha publicado la Cadena SER. Este es el primer papel del Gobierno de coalición desde que se acordó un procedimiento interno para aprobar la reforma laboral con la participación de todos los departamentos.
El mecanismo, que será bautizado como Red, plantea que siga existiendo el de fuerza mayor, parecido al que ya existe, y otros dos tipos más para ayudar en la reconversión de trabajadores, empresas e, incluso, de sectores enteros. En este último caso tendrá que ser autorizado por el Consejo de Ministros.
El nuevo texto, que ha sido entregado este lunes, incorpora la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, negociada con los ministerios de Trabajo y Economía. Y, según RTVE, se abordará este miércoles en la mesa de negociación.
El documento, a lo largo de las 27 páginas a las que ha tenido acceso la SER, desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del empleo.
Fuerza mayor
El conocido de fuerza mayor, que sigue como hasta ahora, para situaciones como la de la pandemia y que financiarán de forma conjunta sindicatos y patronal, mediante la creación de un fondo conjunto que cubrirá todos los costes, incluidos
“Se entiende que existe fuerza mayor cuando ésta derive de acontecimientos catastróficos naturales, imprevisibles o que habiendo sido previstos fueran inevitables, como terremotos, maremotos, incendios, inundaciones, nevadas, plagas, explosiones, tormentas de viento y mar, siempre que supongan la destrucción total o parcial de las instalaciones de la empresa o centro de trabajo, impidiendo la actividad laboral para las personas trabajadoras afectadas”, reza el documento. t
También se entiende como fuerza mayor los “supuestos de impedimento o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa que sean consecuencia de decisiones adoptadas por la autoridad gubernativa competente, incluidas aquellas orientadas a la protección de la salud pública, cuando una disposición legal así lo autorice.”
Reestructuración
La segunda modalidad será la de los ERTE de reestructuración. Estos están pensados para los trabajadores de áreas que requieran “su transición profesional desde sus empresas de origen hasta empleos en otras empresas o sectores”.
Contempla un nuevo sistema de portabilidad para permitir que unas empresas puedan traspasar trabajadores a otras. Las empresas que dejan ir a empleados podrán transferir hasta un 50% de la cuantía del despido improcedente que correspondería al trabajador al FOGASA (el Fondo de Garantía Salarial) para que la empresa que lo acoja no tenga que cargar con todo su despido ni toda su antigüedad, en caso de rescisión de contrato.
Este mecanismo de reestructuración es propuesta de Seguridad Social y está todavía tan abierta que el departamento de Escrivá está dispuesto a incorporar desgravaciones en la Seguridad Social a las empresas que acojan trabajadores de otras compañías reestructuradas.
Reconvertir
El tercer tipo es el sectorial, específico para sectores que deben reconvertirse enteros o “cuando concurran causas económicas derivadas de una situación coyuntural de alcance general que aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización”.
Los nuevos ERTE deberán tener tiempos tasados, es decir, que sólo podrán aplicar esas medidas mientras dure la autorización gubernativa y “podrán pedir un máximo de dos prórrogas a esos plazos, de seis meses cada una, mediante una nueva solicitud de la empresa en los términos que se determinen reglamentariamente”.
En el caso de los ERTE o Mecanismo RED por causas estructurales, la comunicación de inicio deberá ir acompañada por un informe justificativo sobre los efectos para la empresa de las causas recogidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros. Asimismo, esta comunicación incorporará un plan de recolocación de las personas afectadas, que podrá ser externa a través de agencias privadas de colocación, y que deberá incluir medidas específicas de formación y orientación profesional, atención personalizada a la persona afectada y búsqueda activa de empleo.
