El Gobierno limitará los plásticos de un solo uso con la futura Ley de Residuos
Y restringirá la introducción en el mercado de ciertos productos.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados que permitirá restringir los plásticos de un solo uso, así como la introducción en el mercado de ciertos productos.
El objetivo de esta medida, que será remitida al Congreso de los Diputados, es garantizar un modelo económico que reduzca su impacto sobre el entorno natural y que avance en nuestro modelo de producción y consumo.
La nueva medida recoge las limitaciones europeas sobre los productos de plástico de un solo uso e incluye un nuevo impuesto a este tipo de envases no reutilizables de 0,45 euros el kilo. Entre este tipo de productos, la ley destaca los vasos, tapas y tapones y los recipientes alimentarios.
En este sentido, el Ejecutivo pretende recudir la comercialización de estos elementos en un 50% en 2026 y un 70% en 2030. Los agentes implicados en la comercialización deberán fomentar el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico.
Además, a partir de 2023 estará prohibida su distribución de forma gratuita y cobrará un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta.
La nueva ley también restringirá la introducción en el mercado de productos como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos y cualquier producto hecho con plástico oxodegradable, así como las microesferas de plástico de menos de cinco milímetros.
Así, cuando la ley sea aprobada definitivamente, quedará prohibida la destrucción de excedentes de productos no perecederos no vendidos, como textiles, juguetes o aparatos eléctricos. También contempla una rebaja a la mitad de los alimentos desechados en el hogar y en hoteles, restaurantes y cafeterías.
Otros impuestos verdes recaerán en la incineración y en el depósito de residuos en vertedero, que deberán incluir la obligación de entidades locales de desarrollar en dos años una tasa de carácter pública no tributaria asociada a los servicios que presten.
Por último, establece la obligación de que la hostelería ofrezca a sus clientes la posibilidad de agua del grifo, en lugar de envasada, y para las administraciones públicas, la reducción del agua embotellada en sus dependencias y espacios públicos, salvo en centros sanitarios, donde se permitirán envases de un solo uso.