El Gobierno prohíbe pagar más de 1.000 euros en efectivo entre empresas
El Consejo de Ministros da luz verde a la ley antifraude que prohíbe las amnistías fiscales y amplía la lista de morosos.
El Gobierno ha aprobado este martes en consejo de ministros el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que inicia a partir de ahora su trámite parlamentario. La nueva Ley tiene como objetivo plantear medidas para reforzar la lucha contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida, como la limitación de los pagos en efectivo o un mayor control sobre las criptomonedas.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley contra el fraude fiscal que mantiene como principales medidas la prohibición de amnistías fiscales y del “software” de doble uso, un mayor control de las criptodivisas y la limitación del uso de efectivo.
La norma, que ha superado todos los trámites consultivos e iniciará ahora su andadura parlamentaria, ya pasó por el Consejo de Ministros en octubre de 2018, pero la inestabilidad política que dio lugar a elecciones anticipadas frustró su tramitación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que la lucha contra el fraude es una prioridad del Ejecutivo y que en 2019 permitió recaudar 15.715 millones de euros, un 4,1% mas que un año antes, en tanto que el control sobre los grandes patrimonios y empresas digitales ingresó 608 millones, un 75% más.
“No hay justicia tributaria si algunos eluden impuestos”, ha afirmado Montero, que ha destacado que el fraude supone una competitividad desleal frente a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales y un deterioro de la recaudación con la que se blindan los servicios públicos.
“Tolerancia cero contra el fraude fiscal”, ha añadido la ministra, que ha subrayado que la ley está centrada en combatir las nuevas formas de fraude tributario asociadas a las nuevas tecnologías, cada vez más sofisticadas y complejas.
Con el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal el Ejecutivo mantiene su objetivo de poder recaudar 828 millones cada ejercicio, una meta que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) consideró optimista en su momento, rebajándola como máximo a 570 millones.
La norma prohibirá la producción, tenencia o comercialización de los programas o sistemas informáticos de doble uso que permiten a las empresas ocultar parte de su actividad.
La Agencia Tributaria viene reforzando sus actuaciones en este ámbito y en los últimos cinco años se han regularizado 1.500 millones de euros, de los cuales más de 300 millones corresponden al pasado ejercicio, según ha informado Hacienda en un comunicado.
Asimismo, quedarán prohibidas las amnistías fiscales, con lo que no se volverá “a perdonar a los incumplidores” a través de regularizaciones de las que habitualmente se benefician grandes fortunas y grandes contribuyentes.
Preguntada por la amnistía que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo en 2012, Montero ha insistido en que nunca se publicaron los nombres de los beneficiarios, pese a que fue una promesa electoral de los socialistas, porque la ley lo impide.
La norma aprobada hoy también limitará el pago en efectivo, que bajará de 2.500 a 1.000 euros para operaciones entre empresas y profesionales, no para particulares, si bien Montero ha señalado que el objetivo de Gobierno es seguir disminuyéndolo para “bajar a la mínima expresión” los pagos en efectivo y tener trazabilidad de todas las operaciones.
A su vez, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Respecto a la lista de morosos que cada año publica Hacienda se bajará el umbral de deuda que conlleva la inclusión en la lista de un millón a 600.000 euros y, junto a los deudores principales, aparecerán los responsables solidarios.
Informar a Hacienda de las criptomonedas
Además, se reforzará el control fiscal sobre el mercado de criptomonedas, de forma que los contribuyentes tendrán que informar de los saldos y titulares de las cuentas tanto en territorio nacional como en el exterior (lo que obligará a incluirlas en el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el exterior).
También será obligatorio informar sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos con criptomonedas.
Se ampliará el concepto de paraíso fiscal y se podrá actualizar la lista de paraísos para incluir territorios con baja o nula tributación, que se incorporarían como jurisdicciones no cooperantes.
La ley incluye una reforma legal por la que el valor de referencia del Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, dada la elevada litigiosidad existente en la valoración de los bienes y derechos afectados por impuestos como el de trasmisiones patrimoniales o sucesiones y donaciones.
El anteproyecto incluye la transposición de la directiva europea antielusión fiscal, conocida como ATAD, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión que inciden directamente en el mercado interior.
