El Gobierno duplica hasta 10 millones los fondos para comedores de verano para niños en situación de pobreza
2,1 millones de menores se encuentran en riesgo de pobreza en España y esta situación de carencia impide que, sobre todo en verano, estén bien alimentados.
El Gobierno ha impulsado un plan para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas aumenten las plazas de sus campamentos y comedores de verano para los niños de familias con dificultades económicas y en riesgo de exclusión social, para lo que "doblarán" los fondos existentes, que pasarán de cinco a diez millones de euros.
Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Isabel Celaá, este viernes 29 de junio durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según ha precisado, 2,1 millones de niños se encuentran en riesgo de pobreza en España.
Por ello, el Alto Comisionado para la Infancia ha impulsado el programa VECA destinado a la extensión de los programas de verano para la infancia que incluirán desayuno, actividades de ocio y educativas, comida y paquete de cena cuando la carencia en el hogar así lo aconseje.
En concreto, este verano, el Gobierno parte de los programas ya existentes, impulsados desde el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, específicamente en las acciones Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil que en el ejercicio 2017 destinó 5,2 millones de euros a ayudas a comedores de verano y conciliación familiar y que atendió a unos 33.000 menores, del total del subprograma Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil dotado con 60 millones de euros.
Para este verano, el Ejecutivo duplicará los presupuestos de este subprograma, duplicando su cuantía hasta alcanzar una dotación de 10,5 millones de euros, con el fin de extender el programa e incrementar el número de menores atendidos.
Radiografía de situación
Según los últimos datos, un 5,1% de la población española se encuentra en situación de carencia material severa, un porcentaje que se eleva hasta el 6,1% en el caso de los menores, unos 400.000. Estas familias no pueden garantizar una alimentación sana y equilibrada, ni llevar a sus hijos, al menos una semana de vacaciones.
Un periodo particularmente difícil para estos niños es el verano, cuando debido a la situación económica de su familia no pueden asistir a campamentos ni actividades que contrarresten el deterioro de habilidades y conocimientos que se produce en todos los alumnos durante el periodo estival.
Asimismo, la situación de carencia de algunos impide que estén bien alimentados durante estos meses. "A veces, nos encontramos con niños de entre cuatro y seis años que llegan de nuevo a la escuela habiendo perdido peso, hasta cuatro kilos", ha apuntado Celaá.
Según precisa el Gobierno, este programa no pretende ser "una prórroga del sistema educativo obligatorio" sino "procurar una oferta accesible y de carácter voluntario para dar cobertura a las necesidades de los menores en hogares con carencias severas". El programa beneficiará a todos aquellos niños que cumplan requisitos de pobreza severa, según ha precisado Celaá.
Además, el Gobierno creará un sistema de información, junto con las CCAA y la FEMP, que permita conocer los servicios y prestaciones puestas en marcha por las distintas administraciones y elaborará junto a ellas una Guía de actividades para las Vacaciones Escolares.
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Continuidad y más inversión
La ONG Save The Children, por su parte, ha valorado el "esfuerzo" del Gobierno con este plan de choque pero le pide "mayor inversión y a largo plazo" para poder conseguir una reducción real de las tasas de pobreza infantil.
"Disposiciones como las que contempla el plan de choque para la lucha contra la pobreza infantil tendrán impacto positivo si tienen continuidad y se afianzan como parte del sistema de protección a la infancia", ha afirmado el director general de Save the Children, Andrés Conde.
Entre otras medidas adicionales, la ONG propone mejorar la prestación por hijo a cargo tanto en cobertura como en cuantía, hasta los 100 euros mensuales; impulsar una certificación a nivel estatal de familias monoparentales con uno o más hijos a cargo; aumentar el gasto público en familia e infancia a través de los próximos presupuestos hasta alcanzar la media europea de 2,4 por ciento; o garantizar por ley la protección de las familias con hijos frente a los desahucios.
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