El Gobierno de Perú acusa a los manifestantes de atacar el estado de derecho en la jornada más trágica de protestas
Se elevan a 17 los fallecidos en las protestas en el sureste del país contra Dina Boluarte. Organizaciones urgen el cese de "represión" policial en las protestas.
El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, denunció este lunes que hay en marcha un “ataque organizado hacia el estado de derecho y a las instituciones” y un “golpe de estado” en su país, del que ha responsabilizado a los manifestantes, tras una jornada de protestas que se saldó hasta el momento con 17 muertes.
En una declaración sin preguntas, Otárola afirmó que los enfrentamientos ocurridos este lunes en la ciudad de Juliaca, al sur del país, fueron “un ataque organizado, sistemático de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el estado de derecho y las instituciones” de la sureña región de Puno.
“Como si estuvieran en un escenario de guerra, han tratado de tomar el aeropuerto”, expresó tras aseverar que la responsabilidad es de “quienes quieren dar un golpe de Estado”.
Agregó que esta acción movilizó a alrededor de 9.000 personas en Juliaca y que unas 2.000 “iniciaron un ataque sin cuartel contra la Policía (...) generando una situación extrema”.
El primer ministro anunció que en las próximas horas el Gobierno de Dina Boluarte anunciará “medidas importantes sobre la seguridad pública” y exhortó a la Fiscalía de la Nación (general) a investigar los enfrentamientos, que también dejaron 75 policías heridos, “muchos de ellos en estado de gravedad”.
En ese sentido, el jefe del gabinete pidió a las autoridades competentes “capturar y procesar a quienes están destruyendo el país, financiados por el dinero oscuro del narcotráfico”.
El primer ministro peruano ha anunciado que enviará una comisión de alto nivel a la zona en tensiones para insistir en el diálogo y llevar ayuda humanitaria. Asimismo, tras lamentar las muertes en el sureste del país, Otárola ha pedido a la Fiscalía que investigue los hechos, según ha informado la agencia de noticias Andina.
Una decena de fallecidos
Las autoridades sanitarias de Perú han confirmado el balance de víctimas, que incluye un bebé que debía ser trasladado a un centro médico y no pudo llegar por los bloqueos, lo que eleva a 46 la cifra de decesos desde el pasado 11 de diciembre en todo el país.
“Registramos 17 personas fallecidas en Juliaca y uno por hechos vinculados al bloqueo de vías en Chucuito”, escribió en Twitter la Defensoría del Pueblo en su último balance acerca de lo sucedido este lunes en el departamento de Puno (fronterizo con Bolivia), epicentro de las protestas.
“Solicitamos a las fuerzas del orden hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza y exhortamos a la Fiscalía de Perú a realizar una investigación célere que permita esclarecer los hechos”, ha comunicado el organismo.
El Defensor del Pueblo, además, ha agregado que “no corresponde a la Policía Nacional ni a las Fuerzas Armadas resolver los conflictos que vienen aconteciendo. Es deber del Gobierno central y del Congreso de la República encontrar una salida realista, y en un plazo razonable, que devuelva la tranquilidad y la paz al país”.
Con todo, ha recordado que el derecho a la protesta es un derecho fundamental si se ejerce de manera pacífica, ya que por lo contrario se estarían cometiendo graves delitos. “Invocamos a la población a no realizar hechos de violencia respetando las disposiciones que la autoridad pública establezca en el marco de sus competencias”, se puede leer en un comunicado.
Fin a la represión policial
Organizaciones defensoras de derechos humanos en Perú, entre ellas Amnistía Internacional (AI), exigieron este lunes a las autoridades del país el cese inmediato de la “represión” y del “uso indebido de la fuerza” en las protestas en la ciudad de Juliaca (sur), donde al menos 14 manifestantes fallecieron hoy.
A través de las redes sociales, AI Perú lamentó los decesos ocurridos en el sexto día consecutivo de manifestaciones en Juliaca, el actual epicentro de las protestas, y solicitó “a las autoridades el cese inmediato del uso indebido de la fuerza contra la población civil”.
Esta ciudad, ubicada en el sureño departamento de Puno, colindante con Bolivia, fue escenario este lunes de la jornada más trágica de las protestas antigubernamentales que arrancaron en Perú en diciembre pasado y que se retomaron el 4 de enero, tras una tregua por Navidad, con un saldo acumulado de 43 fallecidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Otras organizaciones se sumaron al llamado de AI, entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Perú Bolivia y Ecuador, que instó a las autoridades “a garantizar el respeto de los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad en el uso de la fuerza”.
