El Gobierno arma de nuevo la mayoría de investidura con PNV y ERC y saca adelante el decreto de Justicia

El pleno del Congreso ha convalidado el real decreto de medidas organizativas y procesales diseñadas para evitar el colapso de la Justicia, un proyecto que ha recibido numerosas críticas en el hemiciclo y que el Gobierno sacado adelante con el apoyo del PNV y de ERC.

El decreto, que se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan incluir enmiendas, como han reclamado los republicanos catalanes, ha recibido 178 votos a favor, 161 en contra y 10 abstenciones.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado que las medidas han sido consensuadas con todos los consejeros del ramo, también con los del PP y Ciudadanos, y ha pedido sin éxito a esos partidos que estuvieran a la altura de sus correligionarios con responsabilidades de gestión. Ambas formaciones han dicho “no”, al igual que Vox, la CUP y JxCat, entre advertencias generalizadas de que ninguna medida será eficaz si no hay inversiones y se refuerzan los juzgados.

ERC, socio de JxCat en el Gobierno catalán y con Ester Capella al frente de la conselleria de Justicia, ha optado sin embargo por el sí. Cree que el decreto “se queda corto”, pero confía en poder enmendarlo y que el mes de agosto, cuya habilitación ha suscitado críticas casi unánimes, quede reservado solo para vistas urgentes.

“Quizás alguien pueda pensar que el decreto no es lo mejor, pero su no convalidación es peor”, ha dicho el portavoz del PNV, Mikel Legarda, para explicar su apoyo.

Además de habilitar del 11 al 31 de agosto y posibilitar turnos de tarde en los juzgados, la norma apuesta por las vistas telemáticas y agiliza los conflictos de familia y los procesos relativos a expedientes de regulación de empleo y quiebras empresariales.

Prioriza los asuntos que tengan que ver con la protección de menores; moratorias de hipotecas o contratos de alquiler; recursos contra la administración por la denegación de ayudas; o despidos.

El ministro de Justicia ha advertido del alud de casos que llegarán a los juzgados como consecuencia de la crisis económica tras la pandemia y ha estimado que los concursos de acreedores presentados aumentarán un 246 % este año y un 619 % en 2021. “De los 7.000 concursos presentados en 2019, alcanzaríamos unos 50.0000 el próximo año”, ha alertado en el pleno, donde ha llamado a la “responsabilidad colectiva” para sacar adelante el decreto.

Los asuntos ingresados en la jurisdicción social aumentarán este año un 31 %, llegando hasta un 140 % en 2021, más de un millón de nuevos asuntos; en el ámbito civil se espera un incremento de entre el 30 y el 145 % este año; y en lo contencioso, de entre el 35 y el 125 %.

“Si bien puede ser tentador jugar a las escaramuzas y tratar de hacerle perder una votación al gobierno, les pido que no lo hagan a costa del servicio público de justicia”, ha dicho Campo, que ha denunciado la actitud de quienes buscan instrumentalizar el debate para “desgastar” al Ejecutivo y mejorar expectativas electorales,

Pero su discurso no ha hecho mella en el PP, que ha criticado “la catarata de normas” de las últimas semanas, que “generan un puzzle normativo jamás visto”, y aunque ha admitido haber estado de acuerdo con el ministro “en líneas generales” en un principio, ha indicado que lo que finalmente presentó “fue más allá”.

Para Vox, algunas medidas “rozan perfiles de inconstitucionalidad y de violación de derechos fundamentales”, mientras que Ciudadanos, especialmente crítico con la habilitación de agosto por el perjuicio para los pequeños despachos de abogados, lo ve “puramente publicitario e ineficaz”.

También JxCat cree que es un “brindis al sol”, “puro marketing político que no soluciona nada”.

En la abstención se han situado tanto el BNG como Compromís, formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, y Bildu, que opina que el fomento de las vistas telemáticas, “sin formación ni cultura digital, es una huida hacia delante”. El Partido Regionalista de Cantabria ha apoyado el decreto.

Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago ha reconocido que puede haber cuestiones “mejorables”, pero ha garantizado que se intentarán recoger todas las preocupaciones de la oposición, de los operadores jurídicos y de los sindicatos.