Los alumnos podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 87 millones para la Formación Profesional (FP), el real decreto que regulará cómo pasar de curso y cómo obtener la titulación desde primaria a FP, y una partida de 666 millones de euros para crear casi 65.000 plazas en infantil de cero a tres años, de aquí a 2024.

Una de las consecuencias de la aprobación del real decreto de evaluación, promoción y titulación será la desaparición de los exámenes de recuperación de secundaria, que se eliminan este mismo curso académico en la ESO, no así en bachillerato. Desde hace tiempo, las recuperaciones se hacen entre junio y julio, en lugar de septiembre, con lo que había un consenso bastante generalizado sobre la eficacia limitada de estas pruebas dada la dificultad de que un alumno pudiera aprobar en tres semanas lo que no había logrado superar durante todo un curso académico.

El real decreto establece que el número de suspensos no sea el único criterio a tener en cuenta a la hora de que un estudiante promocione de curso, sino que será una decisión colegiada del equipo docente; y que los jóvenes de bachillerato puedan presentarse a la prueba de acceso a la Universidad, la antigua Selectividad, con un suspenso si el claustro así lo decide.

“Trabajo de calidad, bien remunerado y nuevos perfiles entre la población”

En palabras de la titular de Educación, Pilar Alegría, el objetivo del Ministerio es el de garantizar “trabajo de calidad, bien remunerado y también nuevos perfiles entre la población” y, con ese fin, se aprobará una nueva ley de FP que ya se encuentra en tramitación parlamentaria y que ya ha recibido más de medio millar de enmiendas.

Una de sus principales novedades es que esta etapa formativa tendrá que ser en su totalidad de carácter dual, es decir, deberá combinar las enseñanzas en clase con las prácticas en la empresa.

Además, el Gobierno destinará 666 millones de euros para abrir casi 65.000 plazas en educación infantil en el periodo de cero a tres años, a lo largo del próximo trienio, hasta 2024.

La ministra ha explicado que en esta etapa “eminente educativa” se debe hacer lo posible para “no desatender la conciliación familiar y laboral de las familias más jóvenes”.

Según informa el Ministerio, en el caso de Ceuta y Melilla se suscribirán sendos convenios con las ciudades autónomas para la construcción de escuelas infantiles, por un importe de más de 4 millones de euros, lo que hace que el programa aprobado este martes suponga un total de más de 670 millones de euros.

El plazo de ejecución del programa correspondiente al presupuesto del año 2021 será desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del año 2022. El correspondiente al presupuesto del año 2022, está previsto que sea desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre del año 2023. Y el correspondiente al presupuesto del año 2023, está previsto que sea desde el 1 de enero de 2024 hasta el 15 de septiembre del año 2024.

Ámbito público

El Departamento que dirige Pilar Alegría defiende que la iniciativa vaya dirigida exclusivamente al ámbito público: “La disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de unos servicios de alta calidad en las áreas donde residen familias con bajo nivel educativo y de renta, familias monoparentales, minorías, población gitana o familias migrantes tienen una elevada repercusión en la promoción de la igualdad y la inclusión social, y contribuye a la igualdad de oportunidades de las niñas y niños de zonas rurales”.

Se trata así de “una medida fundamental” para el Gobierno, una medida que cree que será “muy bien recibida” para “cientos de miles de familias españolas”, según ha afirmado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, según ha comentado, la creación de estas plazas “aliviará la economía de muchas familias, especialmente de las más jovenes”, ya que estas plazas serán, por tanto, gratuitas. Además, ha añadido que esta medida permitirá poder conciliar a las familias tanto en el ámbito laboral como en el familiar, y supondrá la creación de nuevos puestos de trabajo, fundamentalmente femeninos.

Según datos del curso 2016-2017, la proporción de centros exclusivos de Educación Infantil es similar entre centros públicos (4.456) y privados (4.495), pero en las zonas rurales el sistema público tiene un mayor peso que el privado, debido al retraimiento de la oferta privada. Esta situación lleva a que el servicio de Educación Infantil en las áreas rurales recaiga de forma importante sobre el sistema público, destaca el Ministerio.