El Gobierno aprueba que los fiscales y no los jueces dirijan las investigaciones
Los partidos políticos y los sindicatos no podrán ejercer como acusación popular.
El Gobierno ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supone una auténtica revolución en la instrucción penal. Una vez que se apruebe la ley, los fiscales serán quienes se encarguen de la investigación de los delitos y no los jueces, como ocurre hasta ahora.
Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta reforma es una vieja aspiración de los Gobiernos de los últimos 16 años, tanto del PSOE como del PP, que nunca se ha conseguido sacar adelante.
El proyecto contempla que los jueces tendrán una labor de árbitro durante los procedimientos judiciales, con la creación de la figura del juez de garantías. La labor de este consistirá en garantizar el respeto de los derechos fundamentales y de los derechos de las partes participantes en la causa.
El juez deja, por tanto, su labor actual de instructor. Hasta ahora, los jueces se ocupaba de dirigir la investigación judicial con funciones como solicitar pruebas o ordenar detenciones. A partir de ahora, los fiscales serán los directores de las investigaciones.
Los partidos no podrán ejercer como acusación popular
El proyecto regula la acusación popular como vía de participación ciudadana en la administración de justicia. La acusación popular permite a los particulares participar en los procesos judiciales, aunque no tengan vinculación con los hechos.
El texto prohíbe expresamente que los partidos políticos y los sindicatos ejerzan de acusación popular en los procesos judiciales. El objetivo de esta reforma es evitar las injerencias políticas, ya que normalmente los partidos utilizan esta herramienta para interferir en el debate político.
Otra de las importantes novedades de este proyecto es que la Fiscalía será la encargada de informar a la opinión pública de los procesos en marcha. Esta se ocupará también de marcar los límites de esa información, partiendo de la base de que hay que preservar la presunción de inocencia.
Esto ha generado un malestar en los medios de comunicación, ya que actualmente la fiscal general del Estado es Dolores Delgado, ministra de Justicia durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez.
