El Gobierno aprueba menos del 1% de las solicitudes del ingreso mínimo vital
El colapso en la administración lleva a que el Ministerio de Inclusión solo haya concedido 3.966 ayudas desde el pasado 15 de junio.
“Hoy es un día histórico para nuestra democracia. Hoy nace un nuevo derecho social”, sentenció el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cuando se aprobó el ingreso mínimo vital a finales de mayo en España.
Los ciudadanos pudieron empezar a solicitar esta renta mínima el pasado 15 de junio. Dos meses después, la situación es caótica y la administración está colapsada. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones solo ha aprobado 3.966 solicitudes hasta el pasado 7 de agosto, según ha informado el departamento que dirige José Luis Escrivá a una petición de información realizada por la Asociación Víctimas del Paro.
El colapso de la administración pública y la complejidad para su tramitación ha llevado a que el Gobierno haya aprobado menos del 1% de las solicitudes presentadas por los ciudadanos. El ministro Escrivá anunció el pasado 10 de julio que la Seguridad Social tramitaba en ese momento 510.000 solicitudes, aunque advirtió que más de la mitad no cumplirían con los requisitos.
El ingreso mínimo vital venía contemplado en el acuerdo firmado entre el PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019 para formar el Gobierno de coalición. Las colas del hambre a raíz de la pandemia del coronavirus aceleraron la puesta en marcha de esta medida, tras una disputa interna entre miembros del Ejecutivo.
Esta prestación busca asegurar una renta por hogar que se sitúe en una horquilla entre los 462 y los 1.015 euros, dependiendo del tipo de familia. El objetivo cuando se lanzó era llegar a 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas.
A pesar de los retrasos que se han producido, la Seguridad Social abonó el primer pago a 74.119 hogares de toda España el pasado 26 de junio. Las personas que cobraron entonces la prestación recibían hasta ese momento la prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33%, una ayuda conocida popularmente como los puntos. Ese primer desembolso costó 32 millones de euros a las arcas públicas.
El Ministerio no ha vuelto a informar desde entonces sobre el pago de otra mensualidad del ingreso mínimo vital, que se habría producido el pasado 3 de agosto. La próxima nómina se abonará el 1 de septiembre, según la notificación remitida por Inclusión a la Asociación Víctimas del Paro.
Esta asociación no consiguió los datos de cuántas solicitudes se habían rechazado, ni tampoco una cifra actualizada de las solicitudes presentadas.
Colapso en la administración
Los sindicatos como CSIF advirtieron de la falta de personal que había para asumir la carga de trabajo que suponía la gestión del ingreso mínimo vital, unido a sus tareas habituales como la tramitación del alta de las pensiones de jubilación o de viudedad. El Instituto Nacional de la Seguridad Social cuenta actualmente con una plantilla formada por 10.617 trabajadores.
Ante la avalancha de solicitudes, Escrivá solicitó en julio la incorporación de 1.250 interinos, que se repartirían entre este organismo (1.000) y la Tesorería General (250), según publicó La Información. Una solicitud que está pendiente del visto bueno del Ministerio de Hacienda.
Asimismo, el Ministerio decidió subcontratar a 500 trabajadores a través de Tragsatec, filial de la empresa semipública Trasgsa —participada en un 51% por la SEPI— durante cuatro meses. Estos se repartían en dos grupos: 300 para gestionar el tratamiento de expedientes y 200 para la atención telefónica. El contrato costó 7,6 millones de euros. Un refuerzo que se ha mostrado insuficiente.
Pepe Álvarez (UGT): “No lo cobra nadie”
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) de “caótica”, en una entrevista concedida este miércoles a la agencia EFE. “No lo cobra nadie todavía”, ha lamentado.
Los datos manejados por el sindicato UGT son un poco más positivos que los recibidos por la Asociación Víctimas del Paro, aunque tampoco son motivo de celebración. “Podríamos decir que no está funcionado”, ha lamentado Álvarez.
El Ministerio de Inclusión habría recibido 714.000 solicitudes del ingreso mínimo vital. Únicamente se habrían resuelto 32.629 de ellas: 4.148 aprobadas y 28.481 rechazadas.
El secretario general de UGT ha calificado de “inhumano” que haya personas sin ingresos desde marzo. Álvarez ha avanzado que el sindicato creará una plataforma en su página web para que los solicitantes del ingreso mínimo vital puedan autorizar a UGT a presentar reclamaciones y no ha descartado la posibilidad de llevar a cabo manifestaciones.
