El Gobierno aprueba la 'tasa Google' y la 'tasa Tobin' con una recaudación menor a lo previsto antes

Luz verde a dos nuevos impuestos. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de dos figuras tributarias que no existían hasta ahora en España. Se trata de un impuesto a los negocios digitales y otro a las transacciones financieras, conocidos popularmente como la tasa Google y la tasa Tobin, respectivamente. El objetivo es recaudar 1.818 millones de euros.

“El mejor sistema tributario es el que responde a las necesidades de su tiempo y, por eso, España no puede anclarse en una fiscalidad del siglo pasado”, ha señalado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno.

Existe una novedad respecto a lo anunciado en enero de 2019 —la primera vez que el Consejo de Ministros aprobó la creación de estos impuestos—, ya que el Ejecutivo ha recortado sustancialmente la previsión del dinero que se recaudará con estos dos nuevos impuestos. Hace un año el Ministerio de Hacienda estimó una recaudación de 2.050 millones, es decir, 232 millones más que lo previsto esta vez.

Esa revisión a la baja afecta a la tasa Google, cuya previsión de ingresos pasa de 1.200 millones hace un año a 968 millones en esta ocasión. “Previsión que está aminorada respecto a la previsión anterior por la ralentización de la economía”, ha reconocido Montero. Por su parte, la tasa Tobin mantiene la cifra prevista anteriormente de 850 millones.

Con esta nueva previsión de recaudación, el Gobierno se asemeja con las cifras calculadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre estos nuevos tributos, en el informe en el que analizaba las medidas fiscales incluidas en el plan presupuestario para los fallidos Presupuestos de 2019. El entonces presidente de este organismo, José Luis Escrivá, se incorporó en enero al Ejecutivo como ministro de la Seguridad Social.

Tras esta luz verde, el Gobierno remite estos proyectos de nuevo al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria como ya hizo en su primera legislatura, aunque finalmente no se aprobaron por el adelanto electoral. “Ambos tributos no son una casualidad”, ha señalado Montero. La aprobación definitiva de un proyecto de ley suele tardar unos seis meses.

El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocida como tasa Google, grava con un 3% los servicios de publicidad en línea y la venta de datos de usuarios. El objetivo es ingresar 968 millones anuales.

Este impuesto no se aplicará a las pequeñas empresas, ya que solo afectará a aquellas compañías que tengan una facturación global de 750 millones de euros y una facturación en España de 3 millones. Afectará a las grandes empresas tecnológicas, como Amazon y Google, así como a las nuevas plataformas de transporte y alojamiento como Uber, Cabify, Booking y Airbnb.

La liquidación de este impuesto tendrá habitualmente una periodicidad trimestral. Sin embargo, se retrasará durante el primer año hasta diciembre, ante las presiones de la administración de Estados Unidos, como adelantó El País. Existen temores de que Donald Trump imponga nuevos aranceles a los productos españoles.

Montero ha explicado que la declaración de ingresos del segundo y del tercer trimestre de 2020 no se realizará hasta, al menos, el 20 de diciembre de 2020. Este retraso servirá para ver cómo avanzan las negociaciones en la OCDE para implantar este impuesto a nivel global, así como dar margen a las empresas afectadas para adaptarse.

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, es un tributo indirecto, como el IVA, que grava la compraventa de acciones. El objetivo es ingresar 850 millones anuales, que se dedicarán a financiar las pensiones.

Esta tasa grava al 0,2% la compra de acciones. Solo se aplicará a aquellas acciones de empresas españolas que tengan una capitalización bursátil —valor de una compañía en la Bolsa— superior a los 1.000 millones. Afectaría a la adquisición de títulos a empresas como Inditex o Santander, por ejemplo.

Los responsables de pagar este impuesto serán los intermediarios financieros que ejecuten la orden de compra. “Afecta al sector financiero, que durante la crisis económica recibió ayuda de las administraciones públicas. Recaerá sobre el intermediario financiero que realice la operación”, ha explicado Montero.