La nueva reforma universitaria, presentada este martes al Consejo de Ministros, busca reducir la contratación temporal de docentes, rebajándola del actual 40% permitido al 20% y subiendo el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del 51 al 55%.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Universidades, Manuel Castells, ha subrayado también la intención de su departamento de incrementar la financiación de las universidades públicas hasta el 5% del PIB en una década, situando a España en la media europea.
La futura ley orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU) es la tercera en democracia tras la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y la Ley Orgánica de Universidades de 2001.
Acabar con la precariedad del profesorado
Pone las bases para acabar con la precariedad del profesorado en la universidad, entre otras cuestiones, y forma parte de la reforma integral del sistema universitario que tiene pensado realizar el Gobierno para los próximos años, cuya implantación pretende que sea “gradual”.
Esta reforma del sistema universitario se marca cuatro objetivos: promover el acceso a la educación superior; adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador; y garantizar la calidad y la buena gobernanza de las instituciones universitarias.