El Gobierno aprobará este martes la Ley de Vivienda, pese al informe del Poder Judicial
La ministra Raquel Sánchez defiende que el anteproyecto no vulnera las competencias autonómicas y defiende el derecho a la vivienda.
El Gobierno seguirá adelante con la tramitación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y lo enviará al Congreso para su tramitación parlamentaria, pese al informe crítico que ha aprobado por mayoría el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y, oh sorpresa, Pablo Casado ya ha dicho que recurrirá si el Ejecutivo comete una “cacicada” contra el Poder Judicial.
Así lo ha confirmado la ministra de Transporte y Vivienda, Raquel Sánchez, que ha recordado que el informe “es preceptivo pero no vinculante” y que en su contenido “no se observan comentarios que hagan dudar de la validez y solvencia jurídica”.
“Analizaremos el informe, pero habrá ley de vivienda, y quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y firmeza: la llevaremos a la aprobación del Consejo de Ministros el próximo martes”, ha afirmado la ministra, tras recalcar su seguridad de que “la ley respeta las competencias de las comunidades autónomas, salvaguarda y protege el derecho a la vivienda y es compatible con el derecho a la propiedad”.
Sánchez ha equiparado la ley de vivienda con la del aborto, la de la eutanasia y la del matrimonio igualitario, y ha argumentado que los avances sociales en España “siempre han sido gracias a los gobiernos socialistas, mientras que la derecha siempre ha reaccionado en contra, aunque luego se ha sumado a los avances”.
En esa misma línea se ha pronunciado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha recordado el “mandato caducado desde hace tres años” del CGPJ y ha escrito en su cuenta de Twitter que, aunque ahora este órgano “se opone a la primera ley de vivienda de la democracia, que busca frenar la especulación y proteger el derecho a la vivienda que recoge la Constitución, ocurrirá como con el matrimonio igualitario, acabarán dándonos la razón”.
Casado advierte
El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido este jueves que el Partido Popular recurrirá la Ley de Vivienda si el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos aprueba esta norma, que considera “expropiatoria”, en contra del criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que, a su juicio, sería una “cacicada”.
Lo ha adelantado en un acto electoral en La Bañeza (León), donde ha hablado de una Ley de Vivienda que es expropiatoria y que va contra los propios principios de la Constitución española”.
Las críticas del CGPJ
A lo largo de sus 60 páginas, el texto aprobado se refiere al anteproyecto con calificativos como “sobrecargado”, “contradictorio”, “farragoso”, “incongruente”, “nocivo”, “innecesario” e “inoportuno”, y señala que sus directrices generales están “imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias”.
En ese aspecto recalca que la vivienda es una competencia de titularidad autonómica y considera que el legislador estatal perpetra con esta ley una “expropiación” regulatoria.
Observa también que apunta a “una alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda”, que interfiere en el libre mercado y que pretende “fosilizar” el concepto de función social de la propiedad.
Sobre las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, afirma que “siendo un tema constitucionalmente sensible, tiene un alcance limitado y un farragoso contenido”, así como que “su complejidad reglamentista pudiera propiciar no pocos procedimientos judiciales”.
Sostiene además que la carga patrimonial de las políticas estatales de vivienda se afronta “a costa de los arrendadores privados no suficientemente compensados con los incentivos fiscales” previstos y avisa del “posible conflicto competencial desde el momento en que, por ejemplo, rige en Cataluña la Ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, cuyas medidas no son coincidentes con las contenidas en el anteproyecto”.