El fin de la ley de la selva

“Forma parte de la naturaleza humana, es inevitable”. Esta frase, que suele emplearse con asiduidad para justificar comportamientos de dudosa conveniencia social, es una de las frases que más he oído a lo largo de la última fase de la tramitación del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego. Desde jugadores profesionales a responsables de portales de juego online la repiten como un mantra para justificar una industria, la del juego, que, si bien es completamente legal en España, en los últimos años ha experimentado un crecimiento rayando el abuso. 

Que sea difícil caminar más de 250 metros en cualquiera de los barrios o centros de nuestras ciudades sin encontramos con un local de juego o que 19 de los 20 equipos de primera división de la Liga de fútbol tengan algún tipo de patrocinio por parte de un operador de juego, da buena cuenta de ello. 

De un tiempo a esta parte, resulta imposible ver un partido de fútbol o de tenis, por poner dos ejemplos, sin ser bombardeado por infinidad de anuncios de apuestas antes, durante después y del mismo. Algo que, si bien es cierto que a la mayor parte de los televidentes no les genera mayores problemas, también lo es que son visionados por jóvenes que no tienen edad legal para jugar o por personas que padecen o han padecido algún tipo de trastorno comportamental en relación con el juego. 

Desde que en el año 2011 se aprobara la Ley de Regulación del Juego en el Estado español, el crecimiento de la industria del juego ha sido imparable tanto en beneficios como en número de operadores y por supuesto, en gasto de marketing. El pasado año 2019, entre afiliados, bonos, patrocinios y publicidad el gasto de las empresas de juego online en este capítulo, según los datos de la DGOJ, fue de 372 millones de euros. 

La ley del mercado dirán algunos, la ley de la selva decimos otros, porque ese aumento en la inversión publicitaria no ha ensanchado la base de clientes en la misma proporción, pero sí ha resultado ser un factor muy importante para la incorporación de clientes muy jóvenes en el mercado de juego. Así, mientras en 2016 un 29% de los jugadores nuevos tenían entre 18 y 25 años, ese porcentaje se disparó hasta el 40% el año pasado, a lo que habría que añadir la creciente concentración de la mayor parte de los ingresos de los operadores en un número muy reducido de consumidores.

Es decir, que el resultado de esa inversión en publicidad y constante presencia tanto en medios de comunicación tradicionales como en redes sociales de los operadores de apuestas se ha traducido en un incremento de jugadores jóvenes por un lado y de gasto medio por jugador en otro. O lo que es lo mismo, justo en lo contrario de una de las finalidades la Ley del 2011, que persigue “prevenir las conductas adictivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos”.

Así pues, forme o no parte de la naturaleza humana, la publicidad del juego no puede seguir siendo omnipresente en nuestros barrios, ciudades, camisetas de nuestros favoritos o los estadios a los que acudíamos cada quince días y esperamos poder volver a acudir.

Porque el objetivo del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales sobre las Actividades del Juego no es poner “puertas al campo” o hundir el sector, ni mucho menos “jugar con el pan de los miles de familias que viven del juego” como hemos visto, leído y oído en los últimos meses.

El objetivo de este decreto es el de ordenar, regular o si se quiere, dimensionar, la publicidad de un sector, el del juego, que cada vez más orienta sus mensajes hacia las personas más jóvenes a las que les ofrece un modelo de ocio basado exclusivamente en la apuesta, sin tener en cuenta que el juego puede derivar en una adicción que lleve a destrozar familias enteras.

Precisamente por ello, además de limitar la publicidad audiovisual o prohibir los patrocinios en camisetas deportivas, que son las medidas más conocidas de esta norma, el real decreto aborda otra serie de cuestiones como son la de la prohibición de los bonos de bienvenida o un extenso catalogo de medidas dentro lo que se ha dado en llamar juego responsable o juego seguro cuyo, objetivo es el de evitar que el uso del juego pueda acabar convirtiéndose en abuso.

Así pues, una vez superados los necesarios periodos de adaptación jurídica, técnica y económica que toda norma con las implicaciones que tiene esta ha de tener, por más que las casas de apuestas, los casinos o los bingos sigan ahí, asistiremos a un descenso radical de la presencia de este sector en la sociedad en beneficio, sobre todo, de los colectivos más vulnerables.