El eterno bloqueo del CGPJ: Cuatro años caducado, dos vacantes y decenas de nombramientos pendientes
El cambio del sistema para que sean los propios jueces quienes designen directamente a los vocales es una de las demandas que está sobre la mesa.
El actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha batido varios récords ante la imposibilidad de un acuerdo político para su renovación: en diciembre los vocales cumplirán nueve años en el cargo, cuatro de ellos en funciones, tiene ya dos vacantes y acumula decenas de nombramientos pendientes.
En vísperas de la visita a España del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, estas son algunas de las cifras que retratan al órgano de gobierno de los jueces:
Dos vacantes
La ley establece que lo componen 20 vocales —doce jueces y ocho juristas— y todos son elegidos por mayoría de tres quintos del Parlamento, diez por el Congreso y diez por el Senado lo que exige el acuerdo del PSOE y el PP.
En el caso de los jueces, diputados y senadores deben escoger de una lista de candidatos elegidos previamente por los propios jueces. El cambio de este sistema para que sean los propios jueces quienes designen directamente a esos doce vocales es una de las demandas que está sobre la mesa.
Los vocales designan al presidente (Carlos Lesmes, desde diciembre de 2013), pero normalmente su nombre se incluye en el pacto político previo.
En estos momentos solo hay 18 vocales, ya que el magistrado Rafael Fernández Valverde se jubiló en marzo y el pasado junio falleció la magistrada Victoria Cinto.
Cuatro años en funciones
La Constitución marca que el mandato de los vocales es de cinco años. El de este CGPJ acabó en diciembre de 2018 y desde entonces sigue en funciones. Su composición actual responde pues a las mayorías parlamentarias de hace nueve años. Nueve de los vocales fueron propuestos por el PP y seis, por el PSOE. Izquierda Unida, CiU y PNV propusieron un nombre cada uno.
Nunca se ha mantenido tanto tiempo la interinidad de este órgano, aunque entre 2006 y 2008, ante la imposibilidad de un acuerdo para su renovación, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también se vio obligado a convivir casi dos años con un CGPJ caducado de mayoría conservadora.
En la reciente apertura del Año Judicial, Lesmes amenazó con dimitir si no se llega a un pronto acuerdo para la renovación.
La comisión permanente el CGPJ, su órgano central, está compuesta por el presidente y siete vocales. Estos vocales rotan anualmente y tienen dedicación exclusiva. La ley fue reformada en 2018 para que los veinte vocales tengan dedicación exclusiva, pero como el órgano todavía no se ha renovado, siguen las reglas antiguas.
Un presupuesto de 76 millones
El presupuesto de la institución para este año es de 76 millones de euros. El sueldo bruto anual del presidente asciende a 145.361 euros, el tercer salario público más elevado, solo superado por los del presidente y el vicepresidente del Tribunal Constitucional y muy por encima del que percibe el presidente del Gobierno (86.542).
Los vocales con dedicación exclusiva cobran 125.366 euros, a lo que se suma un complemento de al menos 487 euros mensuales; y el resto percibe dietas por asistir a las reuniones, lo que supuso un gasto de 278.000 euros el año pasado.
Las funciones de CGPJ
Entre sus funciones está designar a los magistrados del Supremo y de los presidentes de tribunales y salas, nombramientos discrecionales que, desde la reforma legal que impulsaron los socialistas el año pasado, no puede acordar mientras esté en funciones.
Según señaló Lesmes en la apretura del Año Judicial, en los próximos meses habrá veinte vacantes en el Supremo —el 25% de sus efectivos— y 49 de las 116 presidencias de tribunales que existen en España no están desempeñadas por un titular.
El CGPJ debe nombrar también a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Tras recortar las competencias hace más de un año, los socialistas dieron marcha atrás para incluir en la ley una excepción: aun estando en funciones, los vocales sí pueden y deben elegir a los magistrados del Constitucional, proceso en el que se hayan inmersos actualmente, aunque ya han superado el plazo que les marcó la ley.
Además, cuenta con cuatro edificios públicos que le sirven de sede, dos de ellos en Madrid. En Barcelona está la Escuela Judicial y en San Sebastián, el Centro de Documentación Judicial.
