El Estado avalará el 80% de los créditos a las pymes afectadas por el coronavirus
El Gobierno da luz verde a los primeros 20.000 millones de avales públicos.
Una semana después de la aprobación del paquete de medidas económicas para afrontar el coronavirus, el Gobierno ha dado luz verde este martes al primer tramo de 20.000 millones de euros de garantías públicas para empresas que atraviesan dificultades.
Esta cantidad se dividirá a partes iguales entre pequeñas y grandes empresas y se encuentra dentro de la línea específica de avales del Instituto de Crédito Oficial de 100.000 millones de euros anunciada por Pedro Sánchez el pasado martes.
La principal novedad de esta puesta en marcha son las características que tendrán estos préstamos. El Estado avalará el 80% de los créditos que se concedan a autónomos y pequeñas y medianas empresas (aquellas que tengan menos de 50 trabajadores en su plantilla), según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En el caso del resto de empresas, que cuentan con una mayor capacidad de devolución de los préstamos, el Estado garantiza el 70% de la nueva financiación concedida por los bancos y el 60% de las operaciones de renovación.
Las compañías pueden solicitar los préstamos en los bancos que tengan un acuerdo con el ICO para pagar nóminas o facturas pendientes. La línea de avales será retroactiva para operaciones concedidas desde el pasado 18 de marzo, cuando se publicó el real decreto-ley 8/2018 en el BOE.
El aval tendrá una vigencia igual a la del plazo del préstamo concedido, es decir, un máximo de cinco años.
Montero ha explicado que una vez se agote este primer tramo de avales, entrarán en acción nuevas cantidades de manera automática hasta alcanzar los 100.000 millones de euros anunciados. Eso sí, el Gobierno se reserva la opción de moficar las características de los nuevos tramos.
El Gobierno ha cedido así a las peticiones del sector bancario, que se ha mostrado preocupado en los últimos días por las eventuales pérdidas que pudiera suponer la concesión de estos créditos.
Las patronales Asociación Española de Banca (AEB) -asociación controlada por Santander y BBVA- y CECA -liderada por Caixabank- habían reclamado avales públicos que cubrieran hasta un 80% de los préstamos.
