El espionaje al independentismo a través de Pegasus congela las relaciones entre el Gobierno y Cataluña

Las relaciones entre el Gobierno y Cataluña se vuelven a tensar. Después de conocer que más de 60 políticos y activistas independentistas fueron objeto de espionaje a través del mecanismo Pegasus, las autoridades catalanas han reconocido públicamente que han perdido la confianza en el Estado español y que esta situación afecta a la relación bilateral y a la mesa de negociación. Por el momento, la relación queda congelada.

“Para negociar tiene que haber una confianza mínima y se ha visto dañada. Le corresponde al Estado español restablecer esta confianza”, ha expresado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que ha pedido que se esclarezcan los hechos para “poder avanzar”.

Después de que con la investigación de la plataforma de ciberseguridad CitizenLab, publicada por The New Yorker, se conociera que los últimos cuatro presidentes de Cataluña han sido espiados, Aragonés ha denunciado una vulneración masiva del derecho a la intimidad y ha comentado que se ha necesitado de “alguna autorización” de los organismos nacionales.

“Queremos saber si el Gobierno español ha participado de este espionaje”, ha añadido, a la vez que ha pedido una investigación interna auditada y supervisada. Además ha pedido que se lleve a cabo la comisión que algunos grupos parlamentarios han pedido en el Congreso.

Al mismo tiempo, Aragonés ha anunciado una investigación que llevarán a cabo los Mossos d’Esquadra en conjunto con la Agencia de Ciberseguridad porque “la principal víctima de Pegasus es la propia democracia”.

Por el momento, Pere Aragonés y Pedro Sánchez no han hablado sobre el tema, aunque ha señalado que espera tener una conversación con el Presidente del Gobierno para aclarar “cara a cara” la situación y ver su compromiso. Porque, como ha mencionado, la “pelota está ahora en el tejado del Estado español”.

Además, el presidente catalán ha expresado que la relación no se descongelará y volverá a cómo estaba hace una semana hasta que el Gobierno “no muestre absoluta transparencia y asuma responsabilidades”.

“Un Estado democrático no espía a la disidencia política”, ha insistido Aragonés quien ha anunciado que presentará a título personal una querella por vulnerabilidad de su intimidad.

En su caso, Aragonés ha confirmado que tras la sentencia del Tribunal Supremo y durante la investidura de Pedro Sánchez recibió una serie de mensaje con los que su móvil podría haber quedado infectado.

La decisión ya tiene las primeras consecuencias después de que la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Gemma Geis, ha anulado una reunión programada para el próximo lunes con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Apoyo europeo

Aragonés ha asegurado que no descansará hasta que los responsables respondan ante la justicia. Por ello, lejos de las investigaciones que se lleven a cabo en España, también ha pedido que el Parlamento Europeo refuerce la necesidad de investigar el espionaje masivo y que afecta a varios países de la comunidad. “Un Estado democrático no escucha las conversaciones privadas de sus adversarios políticos”, ha apuntado.

Aragonés no ha sido el único en elevar la voz a la Unión Europea. Horas antes, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, también espiados en los últimos años, han anunciado que presentarán querellas contra los responsables, empezando por la empresa tecnológica NSO, en los tribunales en Barcelona, pero también a la justicia de otros países de la UE donde se han producido los supuestos ciberataques, como es el caso de Francia, Alemania, Suiza y Luxemburgo.

Más de 20 millones de euros

Por su parte, el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró ha explicado que el sistema de espionaje Pegasus es una herramienta muy sofisticada y difícil de detectar y ha calculado que se podrían haber gastado “más de 20 millones de euros para espiar al independentismo”.

Asimismo, durante su intervención ha pedido al Gobierno que deje la persecución política y ha denunciado que “España ya no es una democracia plena”. “Un Estado que espía a la disidencia política es un Estado que no admite ideas contrarias, y nos recuerda a prácticas de pseudodemocracias o directamente dictaduras”, ha comentado.

El Gobierno se desvincula

El Ejecutivo ha defendido durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que no tiene “nada que ver” y tampoco “nada que ocultar” respecto al espionaje pero no ha aclarado el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) amparándose en la ley de seguridad nacional.

“Hay asuntos que porque tratan de la seguridad nacional están protegidas por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos, sobre los cuales no puedo darles cuenta, porque me lo prohíbe la ley”, ha afirmado Rodríguez.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha sostenido que el Gobierno colaborará con la Justicia en el caso de que investigue estos hechos y está dispuesto a dar explicaciones parlamentarias. A petición propia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido comparecer para dar las explicaciones pertinentes.