El día después de la tormenta: amenazas, acusaciones, berrinches y una reforma laboral aprobada

Han pasado 24 horas pero el griterío no se calma. Un día después de la tortuosa votación y aprobación de la reforma laboral en el Congreso, el jaleo político no cesa... y no tiene pinta de que vaya a hacerlo en un tiempo. El relato del ‘día después’ es una sucesión de acusaciones, mensajes altisonantes, amenazas, berrinches y pocas certezas.

Lo único cierto y seguro a esta hora es que la reforma laboral ya está aprobada, desde el jueves, y en vigor, desde mucho antes, el 31 de diciembre. A partir de ahí, hay mucha incertidumbre, empezando por el futuro de la votación misma. La Justicia no ha tardado en personarse en la causa.

El Partido Popular del ya famoso Alberto Casero se afana en convencer de su tesis del ‘fallo informático’ en el voto erróneo de su diputado. Ningún dato les da la razón: el sistema de sufragio telemático exige una comprobación en dos pasos para validarlo y en todo el tiempo de existencia, el sistema nunca ha registrado un fallo así.

Poco a poco se abren nuevas vías en la batalla de Génova. Hay quien (Martínez-Almeida) ya plantea lo impensable: ¿y si hubiera sido un fallo humano? Ni por esas se apean de sus protestas, porque aseguran que se “vulneró” el derecho de Casero al no atenderse sus quejas por el problema con la votación. El PP exige que la mesa reconsidere el sentido de su voto y si no lo hacen, amenazan.

Amenazan con la figura de la “prevaricación” si la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no atiende a las razones que exponen, ha anunciado Casado. Más allá, tanto ellos como Vox plantean iniciar la vía legal, con dos caminos. Uno pasa por recurrir a la Mesa del Congreso, una ruta muy corta por la mayoría absoluta del PSOE+UP en el órgano. La otra, más farragosa, para por acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

El Alto Tribunal se puede encontrar con un fregao casi desconocido para sus miembros. En 2004 se enfrentaron a algo parecido, no igual. La reclamación de una diputada socialista por no haber podido votar telemáticamente ante un problema técnico. Entonces, el TC sí falló a su favor, pero porque no había podido dar su sufragio. En el caso de Casero es diferente porque votar, votó. Aunque fuese mal... y en varias ocasiones. El diputado extremeño confundió el botón hasta tres veces en la sesión.

La posibilidad de una nueva votación es, a día de hoy, muy improbable, pero no imposible, como casi ningún escenario en plena tormenta política. Sus efectos van más allá del error al confundir un ‘sí’ con un ‘no’ y se extienden a UPN.

Cuchillos en el seno de UPN

La “traición” de los dos diputados navarros a la dirección de UPN —que prometió su ‘sí’ al Gobierno— va a tener consecuencias inmediatas, apuntan desde arriba de la formación. Después de varios cruces de declaraciones mediáticas, este viernes se ha pasado a la acción. El presidente Javier Esparza ha iniciado el procedimiento para expulsar tanto a Sergio Sayas como a Carlos García Adanero.

Ninguno de los dos se retracta de su cambio de opinión y se apoyan en cuestiones éticas. De hecho, por ese mismo motivo no aceptan lo que en un principio era la petición para que entregasen sus actas de diputado. “No tengo nada de lo que arrepentirme”, apuntaba Adanero, con un mensaje que comparte su compañero de filas.

Desde el PSOE se acusa al PP de una supuesta “compra” de votos, un “tamayazo”, como muchos políticos y no políticos comentan en las últimas horas, recordando la ‘jugada’ de dos diputados socialistas en la Asamblea de Madrid que con su ausencia impidieron un gobierno de su partido.

Su expulsión de UPN no tendría por qué suponer su salida del Congreso, al que seguirían adscritos como independientes. De optar por entregar el acta, el movimiento de sillas llevaría a PP y Cs a ganar un escaño cada uno, los siguientes en la lista de Navarra Suma (la coalición de las tres fuerzas que recibió dos escaños en las generales de 2019).

La primera investigación judicial en camino

La cuestión ya ha llegado a manos judiciales. Este viernes, el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid ha incoado diligencias para determinar si hubo algún tipo de delito informático en la votación.

Esta línea no nace de la nada. Horas antes se registró una denuncia a la Guardia Civil, presuntamente por parte del abogado de Alberto Casero, donde se solicitaba requisar el ordenador del diputado y acceder al Congreso “para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios”.

De momento, el juez ha concedido lo primero, no así lo segundo, aunque deja la posibilidad de dar ese paso. “No ha lugar en este momento, sin perjuicio de que pueda ser adoptada en el curso del procedimiento”, explica el titular del juzgado en el auto conocido esta tarde.

Inmediatamente, han llegado las reacciones políticas. Desde Unidas Podemos se habla de “rescate”, como ha expresado el portavoz adjunto de la formación en el Congreso, Enrique Santiago: “No han tardado nada en salir al rescate de las derechas, aunque esto vaya de incompetencia para manejar un ordenador. Para que luego os quejéis de la demora en la administración de Justicia”, ha lanzado en un comentario en Twitter el también dirigente de IU.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha lamentado la apertura de diligencias para comprobar si hubo delito informático tras la votación que convalidó la nueva reforma laboral, tras una denuncia cursada por un particular a raíz de que el diputado del PP Alberto Casero alegó que su voto a favor del proyecto y clave para que saliera adelante se debió a un fallo informático.

Su compañero de bancada Pedro Honrubia también ha tirado de ironía: “Al final acaba el informático o la informática del Congreso declarando en la Audiencia Nacional”. “O algún juez con aspiración de vocal del CGPJ descubre que en realidad hay indicios para investigar que ha sido cosa de los hackers rusos. No descarten nada”.

Nada se puede descartar apenas 24 horas después de que el Congreso entrase en ebullición nada más conocerse los resultados de la reforma laboral.