El derecho a que nuestros hijos aprendan su lengua materna, tan importante como el voto o la nacionalidad

Durante las últimas semanas, los emigrantes hemos alzado la voz al unísono en contra del voto rogado. Esta ley cercena nuestro derecho a votar y hace que el hastío provoque unos porcentajes de intención de voto no representativos.

También ha sido objetivo de muchos de nuestros esfuerzos reclamar que se repare y conceda el derecho a la nacionalidad española a muchos ciudadanos que, siendo hijos y nietos de españoles, se les ningunea y se les impide obtener una nacionalidad que es la suya.

Pero a estos derechos, hay que añadir otros igual de importantes, aunque mucho más desconocidos. Por ejemplo, el derecho a la enseñanza de los ciudadanos españoles, que se ve articulado en el exterior a través de la acción educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional con varios servicios en el exterior, entre ellos, las Aulas de Lengua y Cultura Españolas (ALCE).

Una extensa normativa reconoce este derecho. Para empezar, la Constitución Española, que en su capítulo 2°, sección primera, artículo 27 declara:

[…]

Quince años después (con el RD 1027/1993) y tras 30 años de Constitución, los políticos se volvieron a poner a redactar ese derecho. Así, la ley 40/2006 de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, en su artículo 25, establece que es responsabilidad del Estado desarrollar programas que faciliten a los jóvenes españoles residentes en el exterior el conocimiento de la lengua y cultura españolas.

Y por si fueran pocas las leyes al respecto, 4 años más tarde, en la orden EDU/3122/2010, de 23 de noviembre de 2010, se regulan las enseñanzas complementarias de Lengua y Cultura españolas para alumnos españoles residentes en el exterior, estableciendo el currículo de las mismas.

El Gobierno y el Congreso lo tuvieron claro a la hora de aprobar estas leyes, pero es evidente que no tienen tan claro asegurarse que este derecho de nuestros hijos se cumpla a través de partidas presupuestarias que permitan solventar las deficiencias.

Hay algunos españoles de ciudades y regiones del exterior que sí han visto reconocido este derecho para sus hijos, aunque el número de plazas ofertadas suele ser inferior al de la demanda, no llegando a cubrir la necesidad real… pero al menos cuentan ya con la presencia de estas aulas ALCE.

Tras el pistoletazo de salida de la emigración masiva por la crisis económica, más de un millón de españoles se fueron de España forzosamente desde 2009. Todos los gobiernos desde entonces, utilizando como escudo esta crisis, han estado recortando y volviendo a recortar en gasto social, y claro…. el gasto en educación, lejos de incrementarse, ni se contempla como una necesidad para algunos partidos.

Muchos de estos emigrantes han llegado a grandes núcleos urbanos, y con ellos, miles de niños que nacen en una cultura y una lengua que no es la de sus orígenes. Estos niños y sus familias necesitan como agua de mayo que los políticos asuman con acciones que puedan mejorar su aprendizaje de la lengua y la cultura española.

El Gobierno y los partidos deberían actuar en consonancia con las leyes, la Constitución, y las diversas órdenes educativas aprobadas por ellos. Desde el exterior esperamos que implanten nuevas aulas ALCE y se refuercen en aquellas ciudades cuya población española se ha multiplicado por 2 o por 3 en la última década.

En ciudades de Reino Unido, los padres no han esperado, y están creando, con el esfuerzo voluntario y de sus bolsillos, escuelas suplementarias en ciudades como Leeds, Liverpool, Manchester, Norwich, Milton Keynes, Birmingham, Newcastle… Todas estas escuelas se han abierto en menos de un año, con el pequeño empujón del Consejo de Residentes del Norte de Reino Unido, y sin ningún apoyo de las instituciones españolas. Estas escuelas no son Aulas ALCE, pero tratan de parecerse lo más posible, esperando que en muy poco tiempo esta deficiencia se repare, y podamos contar con los mismos recursos educativos que cuentan ya en Londres, París o Bruselas.

No se puede delegar en la buena voluntad de los padres que se creen aulas de español; necesitamos que nuestros hijos también puedan beneficiarse de un programa creado y sostenido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España con la finalidad de promover la conservación y la transmisión de nuestra lengua y cultura.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de España, Magdalena Valerio, ha declarado que es necesario que alrededor de 250.000 personas “vengan a trabajar a España” anualmente para mantener el sistema de pensiones. Por lo tanto, habría que pedirle al Gobierno que, escuchando a la Sra. Ministra, nos ayude a complementar la enseñanza a nuestros hijos, para que ellos puedan estar plenamente capacitados para trabajar en el país del que muchos de sus padres fueron expulsados por falta de oportunidades. Ellos necesitan una pequeña inversión, y España podrá obtener réditos de miles de españoles que serán bilingües/trilingües, con formación en el extranjero, y con grandes ganas de vivir en un país que idealizan desde el prisma particular del que solo conoce España en vacaciones o por lo que se les ha contado. Ellos quieren, ahora queda saber si quieren ustedes recuperar a todos estos españoles, o los dan también por perdidos.

Los datos de la emigración los tiene en su mano el Gobierno. El Ministerio de Asuntos Exteriores conoce los datos de registrados en el exterior; los publica anualmente el Instituto Nacional de Estadística. Se sabe qué grandes urbes del mundo han recogido mayor número de emigrantes españoles… ¿Necesitan que les haga un croquis? ¿Un mapa que compare las ciudades donde hay aulas ALCE con las ciudades en las que no las hay, pero DEBERÍA haberlas? Realicen este análisis (dura no más de una hora) y cumplan con la ley.

Incluso un niño que no se ve beneficiado por aulas ALCE sabe la simple solución a este problema.

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