El Constitucional avala que el contribuyente no tenga que pagar la plusvalía con pérdidas

El Constitucional avala que el contribuyente no tenga que pagar la plusvalía con pérdidas

Solo habrá que pagar el tributo municipal si existe incremento de valor de los terrenos.

Europa Press

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el impuesto de plusvalía a nivel estatal y ha vuelto a dar la razón al contribuyente, con fecha 11 de mayo, en idénticos términos al foral, según avanza el despacho Ayming y publica El País. No habrá por tanto que pagar la plusvalía cuando se hayan obtenido pérdidas reales en la venta de un inmueble.

El Gobierno esperaba a que el TC se pronuncie sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como el de plusvalía municipal, para definir una reforma que, en todo caso, ya ha anunciado que hará.

Este impuesto grava el incremento de valor que experimentan los terrenos urbanos manifestados en una transmisión de su propiedad "o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los mismos", señala el Gobierno.

PENDIENTE DE UN INFORME DE LOS AYUNTAMIENTOS

Tras conocer la sentencia, el ministerio de Hacienda ya mostró su disposición a modificar este tributo para los casos expuestos por el TC, y encargó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un informe que sirviera de base para la reforma del mismo.

El propio secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, señaló que la intención del Gobierno era reformarlo, pero haciéndolo "de la mano de la FEMP, de manera consensuada y dialogada". "No vamos a asumir competencias que no son nuestras", dijo, tras comparecer en el Congreso para explicar el proyecto de Presupuestos de 2017 el pasado mes de abril.

La modificación del impuesto de la plusvalía es también un mandato parlamentario, pues la Comisión de Hacienda y Función Pública ya aprobó una proposición no de ley el pasado mes de marzo en la que instaba al Gobierno a reformarlo y devolver las cuantías cobradas indebidamente durante los últimos cuatro años.

La iniciativa, propuesta por Ciudadanos, contó además con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, el PDeCAT y Compromís, mientras que el PNV decidió abstenerse. El Partido Popular votó en contra.