El Congreso investigará la gestión y la administración de las vacunas de coronavirus
PSOE, PP y EH Bildu han confirmado a EFE que votarán a favor de la creación de una comisión de investigación.
El Congreso creará previsiblemente una comisión de investigación para analizar la gestión y la administración de las vacunas frente al coronavirus en España y para dilucidar las irregularidades cometidas por altos cargos o personalidades que se han saltado el protocolo de vacunación.
El Pleno del Congreso debatirá y votará el próximo jueves la propuesta de Más País, Compromís y Nueva Canarias de crear esta comisión de investigación relativa al Plan de Vacunación en España, que será apoyada con mucha probabilidad por una gran mayoría parlamentaria.
PSOE, PP y EH Bildu han confirmado a EFE que votarán a favor de la creación de esta comisión, al tiempo que su debate en el Pleno fue apoyado en la Junta de Portavoces por Unidas Podemos, ERC, PNV y Ciudadanos, y salvo por Vox, que se abstuvo.
El objetivo de la comisión es investigar durante seis meses los fallos o los retrasos que se han producido en el proceso de vacunación, tanto por la llegada de las vacunas como por el tráfico de influencias que pudo haber para saltarse los protocolos.
La creación de esta comisión se producirá después de conocerse que, además de que altos cargos públicos se saltaron el plan de vacunación en España, también las infantas Elena y Cristina se vacunaron contra la COVID-19 en Emiratos Árabes tras visitar a su padre, Juan Carlos I.
La comisión, que persigue fiscalizar y otorgar transparencia al plan de vacunación, tendrá que aprobar un plan de trabajo y un listado de comparecientes que consideren oportunos, incluidos quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas irregulares de cuya investigación es objeto la comisión.
De esta forma aparece en la iniciativa que se debatirá y que pretende conocer si las administraciones públicas o instituciones implicadas en el plan de vacunas tenían constancia de que hubo irregularidades.
La comisión también pretende conocer las posibles cláusulas abusivas que han podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas.
Al respecto el PSOE ha anunciado que votará a favor, pese a que -según consta en el acta de la Junta de Portavoces, a la que ha tenido acceso EFE- consideró que este asunto entraría dentro del ámbito competencial de la Comisión Mixta Especial de evaluación de la crisis sanitaria de la COVID-19.
Un matiz que también compartió el PNV en esa reunión, en la que además señaló que la efectividad de la investigación dependerá también de la disposición que tengan las autoridades europeas para facilitar información sobre la compra de las vacunas, al tiempo que recalcó que el proceso de vacunación es competencia de las autonomías.
El PP, por su parte, advirtió que existe una gran incertidumbre en la población y es importante realizar un buen diagnóstico lo antes posible que permita subsanar las deficiencias.
Ciudadanos también se mostró a favor de esta solicitud durante su debate en la Junta y señaló que la comisión debería desarrollar sus trabajos en un plazo de tiempo breve para poder introducir mejoras en la gestión de cara al futuro.
“Esclarecer irregularidades”
Por su parte, EH Bildu ha afirmado este miércoles a EFE que “es necesaria crear la comisión para establecer mecanismos de control y evitar que haya personas que aprovechen su cargo para saltarse la cola y anteponer su beneficio propio al beneficio colectivo”. Resaltan que esta iniciativa cobra aún más relevancia tras conocer el caso de las infantas.
ERC también ve “pertinente” la creación de esta comisión para esclarecer irregularidades.
Vox, por su parte, argumentó su abstención durante el debate en Junta de Portavoces, porque sería más efectivo que la investigación se llevara a cabo una vez finalizado el proceso de vacunación, “para tener una visión más completa”.
Este órgano de investigación estará compuesto como máximo por dos representantes de cada grupo parlamentario y a los seis meses de su constitución debería elevar al Pleno un dictamen de conclusiones.
