El Congreso hace peligrar la regla de gasto de Montoro
La iniciativa ha contado con el voto en contra de PP y Ciudadanos.
Victoria de la oposición en la carrera de San Jerónimo. El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha marcado un gol al Ejecutivo en uno de sus pilares fundamentales. El Congreso ha aprobado la tramitación de una proposición de ley que busca modificar los criterios de aplicación de la regla de gasto a los Ayuntamientos que tengan sus cuentas saneadas.
La toma en consideración de la iniciativa ha sido respaldada por 175 votos a favor, correspondientes a los diputados de Unidos Podemos, PSOE, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Por otro lado, ha contado con dos abstenciones de UPN y 163 votos en contra del PP, Ciudadanos y Foro Asturias.
El diputado Segundo González, portavoz de la formación morada en la Comisión de Presupuestos del Congreso, no ha podido evitar en Twitter su alegría al conocer el resultado:
¿Qué pretende la iniciativa de Unidos Podemos?
La proposición pretende que los Ayuntamientos que tengan las cuentas saneadas puedan utilizar el superávit de sus cuentas en inversiones. Algo que en este momento no pueden hacer debido a la regla de gasto, que implementó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) en 2012. Esta ley fue la concreción del reforma del artículo 135 de la Constitución.
Esta flexibilidad en la regla de gasto se aplicaría a las corporaciones locales que cuenten con superávit, un nivel de deuda menor al 110% y cumplan con sus pagos a proveedores en un tiempo inferior a los 30 días.
¿Qué es la regla de gasto?
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) define a la regla de gasto como un instrumento de disciplina presupuestaria que trata de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que el crecimiento del gasto de las administraciones públicas venga limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo, explica en su página web.
Pero, ¿qué significa esto realmente?
La regla impide que una administración pública incremente su gasto por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española. El Ministerio de Economía fijó esta tasa en el 1,7% en 2017. Si un Ayuntamiento tiene superávit, debe usarlo para amortizar la deuda.
El Ayuntamiento de Madrid ha sido uno de los más combativos contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha sufrido las consecuencias de intentar sortearla, con la intervención de sus cuentas. "La regla de gasto ha sido utilizada para atacar a los Ayuntamientos de otro signo político", ha asegurado Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Consistorio madrileño.
¿Cómo afecta a los ciudadanos?
Las entidades locales fueron la única administración pública que cumplió en 2016 con los objetivos de estabilidad, al tener un superávit del 0,64% del PIB (7.083 millones de euros), según explica El País. Ese dinero no se invirtió en mejorar la vida de los habitantes de los municipios, como lleva años pidiendo la Federación Española de Municipios y Provincias, que dirige el alcalde de Vigo Abel Caballero.
Esos 7.000 millones podrían haberse utilizado en arreglar las calles, construir centros sociales, hacer carriles bici, comprar autobuses... Sin embargo, gracias a ese remanente, España pudo cumplir en 2016 por primera vez con los objetivos de déficit de Bruselas.
¿Qué ocurrirá ahora?
La toma en consideración de la proposición de ley aprobada este miércoles es solo el punto de partida de su tramitación en el Congreso. El Gobierno trató de vetar la iniciativa y ahora buscará dilatar su tramitación. La mayoría de los grupos parlamentarios han anunciado su intención de presentar enmiendas, como la diputada socialista Susana Sumelzo: