El Congreso debatirá regular el estatus de los becarios
Es una iniciativa de Unidos Podemos.
Los becarios ya no tendrán que llevar el café y, lo más importante, dejarán de trabajar gratis. O, al menos, esa es la intención de 168 diputados del Congreso que han apoyado la tramitación de la proposición de ley presentada por Unidos Podemos para blindar los derechos de los becarios que realicen prácticas en empresas durante su etapa universitaria.
La proposición de ley ha sido impulsada por los diputados Segundo González (Podemos) y Aina Vidal (ICV) con el objetivo de acabar con el "fraude laboral" que supone la sustitución de trabajadores con becarios y cambiar una regulación que deja demasiados flecos sueltos. Recientemente, la Inspección de Trabajo ha obligado a la Universidad Autónoma de Madrid a pagar cerca de 300.000 euros por las cuotas a la Seguridad Social de 376 becarios que, en realidad, eran utilizados para cubrir puestos de trabajo.
González ha mostrado su alegría en Twitter al conocer que se superaba este primer trámite en el Congreso. "¡Se acabó el trabajar gratis!" El texto cuenta con el respaldo de organizaciones como el Consejo de la Juventud de España, la Secretaría Confederal de Juventud de CCOO y UGT Juventud.
¿Cuántos becarios hay en España?
Los becarios son aquellos estudiantes que realizan prácticas en empresas, gracias a un convenio de colaboración con la universidad. Estas prácticas pueden ser curriculares, aquellas que se encuentran establecidas en el plan de estudios de la titulación, o extracurriculares, realizadas por los estudiantes para adquirir experiencia.
A diferencia de otros países de nuestro entorno, la ley española no obliga a pagar un sueldo o compensación económica a los becarios. La Seguridad Social cifra en 79.031 los becarios que cotizaban a cierre del pasado mes de mayo, según publicaba El País. Aquí no estarían incluidas aquellas que no reciben una ayuda y que, por tanto, no tienen obligación de cotizar (establecida en 2013).
La Comisión Europea publicó en 2013 una radiografía de la situación de los becarios en el que se señalaba que en España el 58% de los alumnos en prácticas no laborales no percibía ninguna remuneración y 7 de cada 10 reconocía que la carga de trabajo era equivalente a la de los trabajadores con contrato laboral.
¿Qué pretende esta iniciativa?
- Aprobar un Estatuto del Becario que asegurare "unos mínimos derechos" para los estudiantes.
- Eliminar las prácticas extracurriculares. Si se aprueba la propuesta, solo se podrán realizar prácticas que estén contempladas en el plan de estudios.
- Restringir el número de créditos académicos de las prácticas: hasta el 10% de los créditos en estudios de grado y hasta el 25% en los de postgrado.
- Las empresas tendrán que pagar a los becarios el salario mínimo vigente (en este momento, 707,7 euros al mes), calculado en proporción al número de horas dedicadas.
- La compañía deberá costear el transporte y la manutención de los estudiantes, en las mismas condiciones que tengan establecidas los trabajadores.
- Limitar el horario de trabajo: 5 horas diarias y 25 semanales en período lectivo y 7 horas diarias y 35 semanales en no lectivo.
- Establecer un descanso mínimo de 48 horas ininterrumpido a la semana.
- Poner cuotas a las empresas: un máximo de un becario en empresas de hasta 10 trabajadores; dos becarios en las de hasta 30; tres en las de hasta 59; y un porcentaje máximo del 5% de la plantilla en las que superen los 60 trabajadores.
- Extender el contrato de trabajo en prácticas, recogido en el Estatuto de los Trabajadores, a estudiantes que hayan completado el 50% de su programa académico.
Sin apoyo del PP
La iniciativa ha salido adelante con 168 votos favorables, 132 en contra y 29 abstenciones. La propuesta de Unidos Podemos ha sido apoyada por el PSOE, Esquerra, PDeCAT, Compromís, EH Bildu, Foro Asturias, Nueva Canarias y Coalición Canaria. El PP y el PNV han votado en contra, mientras que Ciudadanos se ha abstenido.
Una vez superada esta primera votación en Pleno, la iniciativa legislativa será remitida a comisión, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado que presenten los grupos parlamentarios y se elaborará un dictamen. El texto aprobado en el Congreso continuará su tramitación en el Senado.
