El Congreso convalida el decreto que reduce la factura energética con la abstención de PP y Vox
Este paquete de medidas costará 3.000 millones de euros y con ellas se ayudará al 40% de los hogares españoles.
El pleno del Congreso ha apoyado con mayoría el real-decreto ley que crea una tarifa regulada para las comunidades de vecinos con caldera comunitaria de gas natural, amplía las ayudas para familias vulnerables del bono social eléctrico y crea una nueva categoría de beneficiarios para familias que ingresen menos de 28.000 euros.
Este paquete de medidas costará 3.000 millones de euros y con ellas se ayudará al 40% de los hogares españoles a paliar el impacto de los disparados precios de la energía, según el Gobierno.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que las iniciativas fiscales y de reducción de costes regulados han compensado en un 39 % la subida del coste de la energía sobre la factura final entre el primer semestre de 2021 y el mismo periodo de 2022.
Según sus datos, el coste de las medidas adoptadas desde junio de 2021 para ayudar a las familias equivale a 35.000 millones de euros, casi el 3 % del producto interior bruto (PIB).
Ribera también ha subrayado que el Ejecutivo sabe que “no hay que bajar la guardia” y que “probablemente a la necesidad de prestar atención en el invierno 22-23 se sumarán las de los inviernos sucesivos”.
El PP, mediante el diputado Juan Diego Requena Ruiz, ha comenzado sus críticas poniendo el foco en la excepción ibérica, que en su opinión “ha disparado” la demanda de gas ruso. Asimismo, ha denunciado el retroceso sobre la independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para incluir “propaganda” en la factura eléctrica de los consumidores.
Esta última crítica se basa en que, a partir del decreto, se incluirá en la factura eléctrica información sobre el impacto de la rebaja del IVA del gas. También ha azuzado a Teresa Ribera en lo relativo al gasoducto Midcat, argumentando que el Gobierno “no fue capaz de mantener abierto el gasoducto del Magreb”.
Hasta finales de 2023
El decreto recoge dieciocho de las 73 medidas del ‘Plan + seguridad para tu energía (+SE)’, prorroga el límite al crecimiento de la tarifa de último recurso (TUR) para los consumidores de menos de 50.000 kWh/año (familias y pymes) hasta el 31 de diciembre de 2023 y da la posibilidad a las comunidades de propietarios de acogerse también a una tarifa regulada que permitirá reducir el coste del consumo de gas en un 50% a 1,7 millones de hogares.
Esta TUR 4, que estará igualmente en vigor hasta finales de 2023, cubrirá el equivalente al consumo medio de la comunidad de los últimos cinco años y, en el caso de excesos, se aplicará un recargo del 25 % sobre la nueva tarifa, que se dividirá en ocho subtramos de consumo.
La comunidad de vecinos tendrá que instalar contadores individuales o repartidores de costes antes de octubre de 2023, si no quiere tener un recargo del 25 % en el término variable sobre el consumo desde que la comunidad se acogió a la TUR.
Otra de las medidas es la ampliación del descuento que las eléctricas hacen a los 1,3 millones beneficiarios del bono social eléctrico, de forma que pasará del 60 % actual al 65 % para los consumidores considerados vulnerables y del 70 al 80 % para los vulnerables severos.
Junto a estas medidas se duplica el presupuesto en 2022 y 2023 del bono social térmico para hogares vulnerables, con lo que se doblará la ayuda media hasta los 375 euros para calefacción por hogar y se elevará la mínima a 40 euros, frente a los 35 euros actuales.
