El Congreso concluye que Fernández Díaz usó la policía política para perseguir a rivales

La Comisión de investigación sobre el uso político de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior ha concluido con la afirmación de que sí se utilizó para perseguir a los adversarios políticos y que hubo un "abuso de poder" por parte de sus responsables.

Así lo ha acordado por mayoría la Comisión, que ha aprobado un dictámen con el voto en contra del PP, la abstención de Ciudadanos y siete votos particulares que irán a Pleno para su votación.

El diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha justificado su abstención en la percepción de su grupo de que no ha existido una brigada de policía política como tal, sino una dejación de funciones en quienes dirigían el Ministerio y no controlaron lo que estaban haciendo algunos de sus mandos.

No ha sido aceptada la propuesta de Podemos de llevar las conclusiones a la Fiscalía, pero este partido ha anunciado que presentará una querella para que se depuren las posibles responsabilidades criminales, una vez que la Comisión ha constatado las políticas, que personaliza en Fernández Díaz, en el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó y en su ex número dos Eugenio Pino.

"UNA ESTRUCTURA PARA OBSTACULIZAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PP"

El dictámen concluye que bajo el mandato de Fernández Díaz, "usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura bajo las instrucciones de Cosidó, por orden de Pino, con el conocimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular".

Y también una estructura creada para el seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos, como el PSOE, Podemos o el nacionalismo catalán.

Unas decisiones que, según el texto acordado sobre la base de las conclusiones del PSOE, han supuesto "una inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento de Interior y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta las reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho".

Pero también se ha incluido un tercer punto para dejar claro que no se ha juzgado a la Policía en estos trabajos de la Comisión, ya que el comportamiento mayoritario del cuerpo "obedece al mandato constitucional y legal" y al trabajo que "de manera loable" hacen cada día los agentes.

"POCA COLABORACIÓN DEL GOBIERNO"

El cuarto y último punto es una llamada de atención para "exteriorizar" la "poca colaboración" del Gobierno a la hora de remitir la abundante documentación solicitada por los grupos, si bien, como ha subrayado el diputado socialista Juan Carlos Campos, a veces ha ido "muy justo de tiempo".

Campos ha afirmado que el dictamen pone de manifiesto que se ha vivido "una de las páginas negras de la democracia", pero a la vez que la fortaleza del Estado de Derecho ha sido capaz de poner de relieve la responsabilidad de los mandos de Interior en ese uso partidista de la policía.

Por su parte, su compañero de bancada David Serrada ha explicado que los trabajos de la comisión han dejado claro que hubo "mucho amiguismo" en esa estructura policial y ha indicado que no se ha responsabilizado a los secretarios de Estado de Seguridad porque no se ha acreditado que hubiera una implicación clara en esos hechos.

Desde Podemos, Irene Montero y Gloria Elizo han resaltado que las conclusiones de la comisión reflejan los "ataques directos" a su formación con los informes policiales PISA y Europacific y han añadido que, aunque están satisfechas con el dictamen, lo consideran insuficiente y creen que los trabajos deberían haber continuado.

Podemos pondrá a disposición de la Fiscalía los indicios de responsabilidad criminal que ha apreciado en las conclusiones, sobre todo después de comprobar que uno de los comparecientes, José Ángel Fuentes Gago, el inspector jefe y mano derecha del ex número dos de la Policía Eugenio Pino, mintió.

Y lo hizo, según Podemos, en relación con el procedimiento judicial sobre la grabación de una reunión entre agentes de la Policía y el CNI referida al caso del pequeño Nicolás.

"UN NUEVO GAL"

Gabriel Rufián, de ERC, también está satisfecho con el dictamen, pero ha lamentado que la "pinza" PP, PSOE y Cs no haya permitido acordar la retirada de medallas a los mandos policiales implicados, que, a su juicio, llegaron a conformar "un nuevo GAL", que, aunque no mataba, "sí perseguía a la disidencia política".

Por el PNV, Mikel Legarda, que ha presidido la comisión, ha considerado que ha quedado demostrado el uso político de los medios humanos y materiales de Interior y ha dicho que está en contra el dictamen a la Fiscalía, porque en todo caso debe ser la Mesa del Congreso la que decida.

Mientras, Sergi Miquel, del PDeCAT, ha anunciado que llevará a la Mesa del Congreso la denuncia por las mentiras de Fuentes Gago para que la Fiscalía pueda abrir una investigación.

Tras la reunión, el PP no ha comparecido ante los periodistas, aunque su diputado Carlos Rojas lo ha hecho antes en un receso para acusar a la oposición de querer aislar a su partido con el "paripé" que estaba haciendo en la comisión.